Hoy es un día clave en la amnistía fiscal. La fecha de la discordia. Hace cuatro años que se cerró el plazo para que aquellos contribuyentes que se quisieran acoger a la Declaración Tributaria Especial (DTE) puesta en marcha por el Gobierno entre el 4 de junio y el 30 de noviembre de 2012, lo pudieran hacer.

Según Ciudadanos, de esta forma prescribe la posibilidad de poder reclamar a los amnistiados el 10% de todos los capitales aflorados, no solo de los no prescritos. Según fiscalistas consultados por El Independiente, la fecha correcta sería el 1 de diciembre, por cuanto el plazo de prescripción que con carácter general marca la Ley General Tributaria computa a partir del primer día después del cierre del plazo reglamentario.

Hace cuatro años que se cerró el plazo para quienes se quisieran acoger a la Declaración Tributaria Especial (DTE)

En cualquier caso, Hacienda ha hecho caso omiso a esta demanda de Ciudadanos alegando que no es posible, pero argumentando que la amnistía no prescribe, porque se seguirá investigando a estos contribuyentes. Fuentes de Hacienda siguen insistiendo en que, sea el día 30 de noviembre o el 1 de diciembre, no habrá cambios de última hora.

De hecho, el PP se ha vuelto a oponer a una moción aprobada este martes en el Congreso para obligar al Gobierno a revisar la liquidación de la amnistía, como ya ocurriera con una proposición no de Ley anterior.

Atrás quedan opiniones a favor y en contra de ambas interpretaciones. A partir de hoy, solo parece que se vaya a agotar una vía para poder recuperar más dinero, la de las pesquisas. La amnistía fiscal es hoy un poco más pequeña.

Historia de una discordia

Al Gobierno se le atragantó la amnistía desde el mismo momento de su puesta en marcha, por la vía del decreto en marzo de 2012, cuando se negaba a denominarla de esta manera. La idea era aflorar bienes y derechos ocultos no declarados a través del IRPF, no residentes y el Impuesto de Sociedades como para, aplicando un sugerente tipo del 10%, recaudar 2.500 millones de euros.

Modificaciones para hacer lo más atractiva posible la amnistía y atraer así a la presa hasta la trampa. Una vez aflorados 40.000 millones de euros ocultos de unos 30.000 contribuyentes, la recaudación alcanzó los 1.200 millones de euros al afectar solo a las cantidades procedentes de ejercicios no prescritos, los de 2008, 2009 y 2010.

Esa modificación ha resultado ser clave. Un informe de la Dirección General de Tributos que interpreta la DTE marcó ese perímetro de los ejercicios no prescritos y suponía una suavización del mecanismo que permitiría aumentar el número de contribuyentes acogidos. Pero, al mismo tiempo, se redujo la capacidad recaudatoria de la medida.

Una vez en campaña electoral, Ciudadanos, de la mano de una de sus cabezas visibles, Francisco de la Torre, ex presidente de los Inspectores de Hacienda (IHE), echó las cuentas y resultó que, partiendo del dinero aflorado, la recaudación efectiva equivalía a la aplicación de un tipo real del 3% de media.

Ciudadanos reclamó entonces una revisión de las declaraciones realizadas por los amnistiados bajo el paraguas de este mecanismo poniendo el acento en que la suavización de la amnistía para atraer a los defraudadores había llevado precisamente a dejar fuera de la regularización los ejercicios prescritos.

El objetivo de C’s eran los ejercicios prescritos para elevar la recaudación al 10% del patrimonio aflorado.

El objetivo eran entonces los ejercicios prescritos para elevar la recaudación al 10% de todo el patrimonio aflorado. Sin embargo, había una fecha límite, el 30 de diciembre, cuatro años después del último día para acogerse a la amnistía. Según la formación naranja, un día después no se podría echar el guante a ninguna de estas declaraciones.

Interpretaciones a favor y en contra

Desde ese momento, no han faltado opiniones de especialistas a favor y en contra de la teoría de la prescripción. Frente a Ciudadanos, los hay que opinan que la amnistía era un autoliquidación voluntaria, por lo que no cabía una liquidación administrativa complementaria, como la demandada. Es decir, que tampoco ha estado en ningún momento sometida a ningún plazo de prescripción.

De hecho, la propia Orden de mayo de 2012, que daba desarrollo a la amnistía, incluía una alusión clara a que este procedimiento no podía entenderse como  “conducente a la autoliquidación de una obligación tributaria devengada con anterioridad”.

Pero el Gobierno en funciones suscribió un acuerdo de gobierno de 150 medidas con Ciudadanos que incluía “realizar una revisión para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10% previsto en la misma por las cantidades afloradas dentro de los límites de la normativa tributaria”. Incluso, se adelantaba que estas medidas y otras de lucha contra el fraude supondrían 1.000 millones de euros de ingresos en 2017 y 2.000 millones anuales en los siguientes.

Ciudadanos abrió la puerta para que el PP formara Gobierno, y con el Parlamento en funcionamiento se aprobó una proposición no de Ley para sacar adelante este punto del pacto. Los populares aprobaron parcialmente la medida y Ciudadanos no paró desde entonces de destacar que el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, votó a favor.

Lo que los populares votaron a favor fue una revisión de la amnistía para asegurarse de que el tipo aplicado había sido del 10%, pero dando por hecho que no cabía duda tras el informe de la Dirección General de Tributos y que solo se trataba de revisar las cantidades no prescritas. Además, el texto aprobaba la revisión a los límites de la normativa tributaria. Es decir, no cabía hacer nada más allá.

Ciudadanos no hincó la rodilla. La proposición no de Ley instaba al Gobierno a anular el informe de la discordia y a proceder a revisar las declaraciones. Pero solo instaba, no era de cumplimiento obligatorio.

Y la amnistía se transformó en investigación

Desde entones, repartiendo las miradas entre la amnistía y las posibilidades de Gobierno, desde Hacienda se procedió a negar la mayor: la amnistía no prescribe porque se seguirá investigando la procedencia de las rentas afloradas por los amnistiados.

Concretamente, Hacienda ha recalcado que se encuentra investigando sus patrimonios en el exterior. “La Ley no contemplaba que se exigiera un gravamen por la regularización de las rentas procedentes de ejercicios prescritos, pero sí permite comprobar si quienes regularizaron a través de la DTE han cumplido también con la obligación de informar sobre la posesión de bienes y derechos en el extranjero y si han sido rigurosos al hacerlo”, explica el departamento que dirige Montoro.

Hace tiempo que Ciudadanos y el Gobierno parecen hablar idiomas distintos. Unos hablan de revisión y los otros de investigación, mientras el 30 de noviembre se ha ido acercando y ya está aquí.

Hacienda insiste en que no cabe revisión, pero que se seguirá investigando a los amnistiados

Entre tanto, la carta en la que Ciudadanos ha pedido a Hacienda que enviara a los amnistiados para iniciar la revisión de sus rentas prescritas antes de este miércoles solo tuvo respuesta en forma de sucedáneo. Montoro les remitió una misiva. El texto, al que ha tenido acceso El Independiente, vuelve a pasar por encima de la revisión y señala únicamente que se han revisado 3.400 declaraciones dentro del marco de las investigaciones haciendo hincapié de nuevo en que se trata de buscar bienes ocultos en ejercicios no prescritos.

“En definitiva, la Agencia Tributaria ha realizado y continúa realizando un seguimiento exhaustivo de los contribuyentes presentadores del modelo 750 -amnistía fiscal- para garantizar que dichos contribuyentes han realizado una regularización completa de toda su situación tributaria”, señala la misiva, que añade que “este tipo de actuaciones se seguirán realizando los próximos meses”.

Este miércoles, en la antesala de la prescripción o no prescripción, el Congreso ha vuelto a apoyar a Ciudadanos en una moción que sigue la línea de la proposición no de Ley previa. Pero Hacienda continúa plantada.

Las reclamaciones de Ciudadanos sobre la amnistía, que estuvieron en el debate del apoyo o no al nuevo Gobierno, se trasladaron también al apoyo o no de los Presupuestos.

Había otras líneas rojas para la formación naranja, como la no subida de impuestos y el incremento del límite de gasto. Montoro ya ha anunciado subidas impositivas y un recorte del techo presupuestario. La pregunta es qué hará ahora Ciudadanos, cuando ya sólo queda investigar a los amnistiados.