El fracaso de los soterramientos de la alta velocidad en muchas ciudades españolas y la quiebra de las sociedades públicas creadas para financiarlos -participadas por ayuntamientos, comunidades y Ministerio de Fomento- toman un giro inesperado en Valladolid. El concurso de acreedores que va a solicitar la sociedad Valladolid Alta Velocidad deja los nuevos talleres de mantenimiento del AVE de Renfe, considerados los mejores de Europa, prácticamente en manos de las cuatro grandes entidades financieras acreedoras: BBVA principalmente, Santander, Bankia y Caixabank.

El fiasco de la sociedad creada para soterrar el AVE amenaza los mejores talleres de la UE

La sociedad pública debe 404 millones de euros, lo que ha costado el crédito para pagar la denominada Base Integral de Mantenimiento, un kilómetro de soterramiento en el pinar por el que se accede a la ciudad y los intereses acumulados. Los socios -Renfe y Adif dentro de Fomento (50%), Junta de Castilla y León y consistorio (25% cada una)- no se ponen de acuerdo en el pago de la deuda y mayoritariamente han decidido ponerla en manos de un administrador concursal, según lo anunciado. Resultado: el principal activo para abonar la deuda son los talleres más punteros que tiene Renfe en España, temen varias fuentes de Fomento consultadas.

Terminados y sin estrenar

Valladolid Alta Velocidad se constituyó en 2003 con el objetivo de integrar el AVE en la ciudad del Pisuerga -la línea se inauguró en diciembre de 2007-, pero 13 años después el soterramiento es inviable. La operación, que se diseñó en plena burbuja inmobiliaria, estimaba que la venta de los terrenos sobre los que se asientan los antiguos talleres de Renfe en el centro de Valladolid daba para financiar el soterramiento del AVE -una demanda histórica del ayuntamiento- y la construcción de la denominada Base Integral de Mantenimiento, en las afueras. Los números cuadraban pero el pinchazo del ladrillo abortó todos los planes, al igual que ocurrió en otras localidades.

Los cálculos pincharon con el ladrillo y los socios asumen una deuda de 400 millones

Solo se han construido los talleres, aunque no han abierto a pesar de llevar casi terminados desde 2012. Su apertura se ha ido demorando indefinidamente, a base de promesas incumplidas de parte de Fomento. Un golpe para Renfe, que perdería así su mejor base nacional, y para la ciudad vallisoletana en términos de empleo. Si finalmente se cumple la amenaza y se declara el concurso de acreedores, la gran banca tendrá todas las papeletas para quedarse con la base de mantenimiento.

Acusaciones cruzadas

Dentro de pocos días se convocará el consejo de Valladolid Alta Velocidad, quizás el último. El desencuentro radica en el pago de los 404 millones. Renfe y Adif acusan de no querer cumplir su parte al Ayuntamiento de Valladolid, gobernado por la izquierda tras cinco legislaturas con el popular Javier León De la Riva. El Consistorio rechaza los compromisos de la corporación anterior: “Incorporar 100 millones de euros a la deuda municipal es inasumible y tendría gravísimas repercusiones”, zanja por teléfono el vicealcalde Manuel Saravia (IU).

La situación es tan enrevesada que los sindicatos acusan al ayuntamiento de no pagar

Desde que se anunciara la construcción de los nuevos talleres vallisoletanos en 2005 la inauguración se ha ido posponiendo cada seis meses, como refleja la hemeroteca. La situación concursal y la posibilidad de que el complejo sea embargado por entidades financieras ha enrarecido la situación. Hasta el punto que el sindicato CCOO también echa las culpas al ayuntamiento: “Sin entrar en afinidades, creemos que no debería de cerrarse en banda y negociar la deuda”, señala Manuel Taguas, el responsable estatal del sector ferroviario. “Se firmó un acuerdo que ahora no se quiere cumplir porque no cuadran los números”, añade el dirigente. “Y la espera no solo afecta a la carga de trabajo perdida sino a la supervivencia de los talleres”.

El aval ilegal

“De los cuatro socios, somos el que más trabaja por buscar una solución que haga viable el pago de la deuda. Pero no podemos abonar 100 millones por las bravas. Y encima no tenemos soterramiento”, responde el vicealcalde Saravia. A la disputa dentro de Valladolid Alta Velocidad se le añade un nuevo elemento que complica todo aún más. El exalcalde León De la Riva firmó sin acuerdo del pleno ni el visto bueno de la intervención municipal una comfort letter con los bancos, una suerte de aval con el que el ayuntamiento se comprometía a pagar su parte. Por esa razón De la Riva está hoy imputado. El actual regidor Óscar Puente (PSOE), que accedió al cargo con el apoyo de IU y Equo, no reconoce dicho aval.

“Abonar 100 millones es inasumible para el ayuntamiento”

Todas las partes consultadas coinciden en que la única esperanza es que se llegue a un acuerdo in extremis estos días. Algo difícil: el propio Puente declaró a finales de diciembre que “Valladolid Alta Velocidad ha muerto”. Fomento se limita a hacer declaraciones a través de una escueta nota: “El ministerio, a través de sus entidades públicas Adif, Adif Alta Velocidad y Renfe Operadora, ratifica su compromiso con los vallisoletanos de cara a favorecer al máximo el desarrollo de los proyectos ferroviarios en marcha en esta capital, independientemente de la decisión que se adopte por la Junta de Accionistas”.