El repunte del IPC al 3% en tasa interanual en enero con la subida de la luz de fondo, cuando hace cinco meses aún se movía en terreno negativo, ha encendido todas las alarmas en el Gobierno. La razón es que estos repuntes restan competitividad a las empresas, pues encarecen sus productos y servicios, y porque, en segunda ronda, esto puede empujar al alza los precios públicos –tasas, cánones, copagos, etc– dando lugar a una espiral inflacionista que ahonde en el problema.

Además, en una última derivada, el aumento de los precios puede empujar a los negociadores de los salarios en la negociación colectiva a tratar de blindar el poder adquisitivo de los trabajadores pidiendo subidas que permanecerán una vez vuelva a bajar el IPC, lo que también redunda en una merma de la competitividad.

En resumen, si la baja inflación ha sido un viento de cola que ha permitido a España crecer un 3,2% en 2016, el repunte del IPC es un fuego y el Gobierno quiere apagarlo.

Para ello, una vez se ha actuado para controlar los precios de la electricidad, el Gobierno prevé aprobar en los próximos días, posiblemente en el Consejo de Ministros del próximo viernes, el decreto de desarrollo reglamentario de la Ley Desindexación de 2015, que estaba pendiente desde entonces.

La Ley persigue desvincular la evolución del IPC de los precios públicos para que incrementos puntuales de la inflación producidos por elementos externos, como el precio de los carburantes, no se traslade y se consolide afectando a la competitividad de la economía.

El borrador del decreto, en su última redacción, explica que «cuando el precio de un bien o servicio aumenta, los índices de precios agregados, como el IPC, se incrementan», lo que «supone un aumento automático en el precio de otros bienes o servicios por el mero hecho de estar indexados a dicho índice, sin que este aumento esté justificado por un incremento de sus costes de producción». Finalmente, concluye, «este aumento impactará una segunda vez en el IPC, formando una espiral inflacionista».

Las razones del Gobierno

El ministro de Economía, Luis de Guindos, así lo ha explicado antes de comparecer en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. En su opinión, en tanto que el repunte del IPC se fundamenta al “efecto escalón” por la bajada del precio de la luz y los carburantes en enero de 2016 frente a la subida de este último mes, el repunte del IPC será “temporal”.

Muestra de ello es que la inflación subyacente –descontados los precios de alimentos frescos y carburantes—se mantiene en torno al 1%. Además, Guindos cree que el efecto inflacionista de la luz y el petróleo se moderará en los próximos meses y que el IPC se frenará a partir del segundo trimestre, hasta converger con el objetivo de inflación del BCE, en niveles “por debajo del 2%”.

Por ello, Guindos ha asegurado que “lo importante es incorporar una subida temporal a los efectos de segunda ronda, porque sería un error y afectaría a la competitividad”. “Además de las medidas que se están tomando en el ámbito de la energía también en los próximos días aprobaremos el decreto de desindexación para que estos repuntes que se producen no afecten a la competitividad”, ha dicho.

La negociación colectiva se endurece

No obstante, el borrador de dicho decreto excluye de su ámbito de aplicación los convenios colectivos y, por tanto, los salarios; las pensiones, ya reguladas por la últimas reformas; y los instrumentos financieros.

Pero, en lo que se refiere a la negociación colectiva, un posible acuerdo entre CEOE-Cepyme y CCOO y UGT para fijar la revisión salarial de 2017, se pone ahora más difícil, puesto que los sindicatos se sienten ahora más cargados de razones para pedir subidas de entre del 1,8% y el 3%, frente al tope del 2% establecido por la CEOE.

Fuentes sindicales han asegurado a El Independiente que las centrales no elevarán sus pretensiones a la vista del último repunte de la inflación, ya que es previsible que la inflación se modere durante los próximos meses, pero que esta evolución “da más razón aún” a sus argumentos.

Por su parte, el portavoz de Economía del PSOE, Pedro Saura, ha asegurado que un IPC del 3% evidencia “el fracaso de las políticas regulatorias”.