Tras ocho años sin hacerlo, Joaquín Sabina ha publicado un nuevo disco. El músico ya tiene en el mercado Lo Niego Todo, para alegría de sus fans y alivio de Hacienda. Sin embargo, no todo están siendo los vinos y rosas a los que Sabina está acostumbrado cuando lanza un nuevo trabajo. La venta de entradas para su gira homónima está provocándole un quebradero de cabeza.

La promotora de ese tour de conciertos, The Project, anunció esta semana medidas legales contra el proceso de venta de localidades para ver al cantante, alertando del fraude que se estaba cometiendo. La empresa pide, además, que el Ejecutivo tome cartas en el asunto y acabe de una vez por todas con la reventa de entradas por internet.

Sabina no es el primero que sufre las consecuencias de un mercado secundario de entradas que vive en la alegalidad. En mayo Bruce Springsteen vino a España para ofrecer una serie de conciertos y su promotora, Doctor Music, terminó por presentar una demanda contra una serie de portales de reventa online, con Seatwave a la cabeza, debido a las muchas quejas de los usuarios.

Ese proceso de venta de tickets fue un infierno para todos aquellos que intentaban acceder a un pase para ver al Boss. La frustración de estos usuarios iba en aumento cuando, mientras ellos esperaban en la infinita cola virtual de Ticketmaster, webs como la propia Seatwave ya tenían a la venta cientos de entradas a precios disparados.

Esa frustración se tornaba en enfado cuando la gente se enteraba de que Seatwave es propiedad de, precisamente, Ticketmaster.

Difícil solución

Por mucho que nombres de la talla de Joaquín Sabina o Bruce Springsteen protesten por un proceso de venta de entradas que, sin duda, es difícilmente empeorable, la solución no va a llegar a corto plazo.

La reventa de entradas a través de internet es un negocio alegal. La ley no lo prohíbe porque, sencillamente, está absolutamente desactualizada por la dejadez de los sucesivos Gobiernos que han ido pasando por la Moncloa.

La distribución de entradas para espectáculos de cualquier tipo está regulada por la Ley de Reglamento de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas, que se aprobó y entró en vigor en el año 1982.

Por entonces, España iba a concentrar, durante al menos un mes, los ojos del mundo por la celebración del Campeonato del Mundo de Fútbol. El Gobierno no quería que las calles se llenaran de gente revendiendo entradas por las esquinas, con lo que eso suponía en cuanto a imagen, por lo que decidió aprobar esta normativa.

En ella se prohíbe explícitamente «la reventa callejera o ambulante» de entradas pero, obviamente, no se hace mención alguna a internet. La ley, por tanto, no se ha tocado desde la aparición de la Red, con las posibilidades para estos negocios que ofrece.

Negocio global

Las empresas de reventa legal en internet hacen las veces de intermediarios entre vendedor y comprador. Estos marketplaces ofrecen la posibilidad de que el vendedor anuncie su ticket en la plataforma y le da así visibilidad para que el comprador acabe por encontrarla. A cambio, cobran una comisión por la operación que suele rondar el 10% del precio final.

El gran dominador de este mercado en España es la start up antes conocida como TicketBis, que ha asimilado el nombre de StubHub tras pasar a formar parte del conglomerado de Ebay, que pagó por ella alrededor de 165 millones de euros.

«En la ley no hay una mención clara a la reventa en internet», explica a El Independiente Ander Michelena, uno de los fundadores de TicketBis que ahora ocupa el puesto de General Manager International en StubHub. «Nosotros apoyamos todas las medidas que ayuden a los consumidores a comprar y vender sus entradas de manera segura», dice.

Porque ése es otro de los problemas de la reventa legal. No existe una protección para el comprador a nivel legal, pese a que entrega el dinero antes de recibir las entradas que ha comprado. Las únicas garantías son las que concede la propia empresa que hace las veces de intermediario, pero éstas son limitadas.

En cualquier caso, la reventa legal es un sector que debería estar más que regulado. De esta manera no sólo se protegería a los usuarios que al final no van a dar uso a sus entradas y que las ponen a disposición de otros, sino que también se podría acabar con los abusos y las estafas que pueden llevarse a cabo utilizando este tipo de operaciones.