El de las tarjetas black ha sido el juicio a una época. Una marcada por el derroche y la codicia. Aquella época del despilfarro, la de la laxitud con reglas legales y éticas en las cúpulas directivas. La época de un sistema financiero sin frenos, que tuvo su cara más cínica en el caso de las cajas de ahorro, que participaron del derroche estando controladas por las Administraciones Públicas.

La Audiencia Nacional ha publicado esta semana la sentencia con 65 condenas para los 65 acusados. Todos ellos, ex consejeros y ex directivos de Caja Madrid y de Bankia, participaron en el uso de las tarjetas de empresa opacas con las que dilapidaron 12 millones de euros durante una década (el único periodo que se juzgaba, entre 2003 y 2012, todo lo anterior había prescrito).

En un supuesto juego de bloques políticos, el conservador (PP y patronal) y el progresista (PSOE, IU y sindicatos) empatan con 3 millones gastados con sus ‘black’

Entre los condenados hay miembros del consejo de administración y de la comisión de control de las entidades nombrados a propuesta de Partido Popular, PSOE, Izquierda Unida, los sindicatos CCOO y UGT, y la patronal madrileña CEIM.

Y los gastos que realizaron unos y otros demuestran que en esa época de despilfarro se igualaron comportamientos ilícitos e indignos sin importar ideologías ni principios. A derecha e izquierda, los bloques ideológicos prácticamente empatan en el importe dilapidado por sus designados.

La veintena de condenados que ocuparon cargos en Caja Madrid y Bankia a propuesta del PP realizaron gastos por importe de más de 2,9 millones. En este listado, nombres tan ilustres como los ex presidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato –los que se han llevado las mayores condenas, con seis y cuatro años y  medio de prisión-; los ex secretarios de Estado Estanislao Rodríguez-Ponga y José Manuel Fernández Norniella…

Si se incluye en las filas de ese figurado bloque conservador de condenados a los cuatro cargos designados por la patronal CEIM –entre ellos Gerardo Díaz Ferrán o Arturo Fernández- y sus casi 239.000 euros gastados con sus tarjetas, el montante total supera los 3,1 millones de euros.

En paralelo, la docena de designados por el Partido Socialistas realizaron gastos por 1,34 millones de euros, según se recoge en la sentencia, y los tres propuestos por Izquierda Unida, otros 818.400 euros más. Los diez consejeros y miembros de la comisión de control elevados por Comisiones Obreras y UGT suman 1,16 de euros abonados por sus tarjetas black. En total, el bloque progresista sumaría conjuntamente 3,3 millones de euros en gastos con las Visas opacas.

Los otros cerca de seis millones no incluidos en este figurado juego de bloques ideológicos fueron gastos con sus tarjetas fraudulentas por directivos, miembros de la Fundación u otros órganos vinculados a las cajas que no fueron directamente nombrados a propuesta de ningún partido político, sindicato u organización empresarial.

Las tarjetas eran black, pero de los usuarios de los plásticos se diría que poco importó el color político que defendían.

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