El Gobierno rechaza de plano algunas de las únicas seis medidas recogidas en la proposición de Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo presentada por Ciudadanos, lo que amenaza con que esta iniciativa, como otras pactadas por la formación naranja con el PP, quede en una caricatura de sí misma. Eso dejaría a los de Albert Rivera en mal lugar frente a un colectivo de casi tres millones de trabajadores autónomos. Todo depende de hasta qué punto se plasmen estas críticas en enmiendas de la mano del Grupo Popular, que en la actualidad tiene menos margen de negociación con el resto de los grupos.

La proposición, pese a llevar el apellido “urgente”, que apremia a tramitarla sin dilación, lleva cuatro meses a la espera de debate parlamentario. El plazo de enmiendas termina por fin este martes 7 de marzo, tras cuatro prórrogas. Los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios dicen en público que en la Comisión de Empleo en la que debe tramitarse hay una saturación de temas pendientes –la renta mínima de los sindicatos, la reforma de las subcontratas, entre otros– que ha impedido abordar estas cuestiones antes.

Todo depende de cómo se plasmen estas críticas en enmiendas del PP

Pero tanto para Ciudadanos, que promovió la propuesta, como para las asociaciones de autónomos, que la celebraron a bombo y platillo cuando se registró el pasado 18 de noviembre, eso ya es una razón para sentir inquietud. No entienden por qué tanta demora ni por qué el resto de los grupos están dedicando tanto tiempo a las enmiendas dada la sencillez de la norma. Y es que hay otros problemas de fondo, según fuentes próximas al proceso negociador.

Una proposición de solo seis puntos

Aparentemente, la norma es muy simple y de fácil tramitación. Tras un proceso de criba se ha quedado en solo seis medidas, diseñadas, según la formación naranja, para que los autónomos trabajen con menores trabas y tengan más opciones de mantener su actividad. Pero se trata de modificaciones que levantan ampollas en el Gobierno y que pueden ser objeto de enmienda a través del Grupo Popular.

El portavoz de los populares en la Comisión de Empleo en el Congreso, José Ignacio Echániz, indicaba la pasada semana en un foro organizado por el Consejo General de Gestores Administrativos, en el que participaron los portavoces del resto de los grupos, que, pese a ocupar seis páginas en el registro del Congreso, “esta ley es una cosa muy seria y necesita reflexión para hacerla bien”. Además, sugirió que las necesidades de los autónomos se tienen que entender dentro del debate más amplio. “El Gobierno tiene la responsabilidad sobre 46 millones de españoles”, añadió.

Entre las medidas en juego está la introducción de una mayor progresividad en el recargo que se impone a los autónomos cuando se retrasan en el pago de las cuotas a la Seguridad Social; cambios en el sistema de altas y bajas para que los trabajadores por cuenta propia no paguen por días en los que no han estado realmente afiliados al Régimen Especial del Trabajo Autónomo (RETA); la ampliación a un año de la tarifa reducida de 50 euros para los nuevos autónomos, así como del resto de bonificaciones previstas para el colectivo; facilidades para la conciliación entre la vida laboral y familiar; y una clarificación de los supuestos de deducibilidad de los gastos relacionados con el vehículo.

Tanto Ciudadanos como las principales asociaciones de autónomas –ATA y UPTA– diseñaron estas medidas para que la Ley de Autónomos no se diluyera como ha ocurrido con otras iniciativas por exigencias del guión presupuestario, como ha ocurrido, por ejemplo, con el complemento salarial garantizado de Ciudadanos, que está sufriendo un progresivo adelgazamiento y que a estas alturas está pendiente de que la UE permita financiarlo con fondos europeos. Fuentes de las asociaciones de autónomos explican que los seis puntos que se recogen en la Ley abordan cuestiones que no implican grandes partidas de gasto para que la tramitación no se atascara por culpa de la falta de Presupuestos.

Ciudadanos no entiende el retraso y el PSOE cree que es una oportunidad perdida para ir mucho más allá

El portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Empleo, Sergio del Campo, explica que la Ley recoge “medidas urgentes, fáciles desde el punto de vista técnico”. “Son cosas muy sencillas y no se entiende para qué tantas enmiendas”, añade, antes de concluir que precisamente se diseñó así la proposición para dejar cuestiones más complejas, menos urgentes y espinosas para su debate en la subcomisión creada ad hoc.

Al mismo tiempo, el portavoz del PSOE, Rafael Simancas, cree que es una oportunidad perdida para ir mucho más allá en la modernización de las condiciones laborales de los autónomos y confía en introducir muchas otras cuestiones en dicha subcomisión. Los socialistas quiere aprovechar para afrontar, por ejemplo, los problemas de acceso a la financiación de los autónomos, el reto de vincular su cotización con sus ingresos reales, la equiparación de sus prestaciones sociales con los asalariados, la formación dentro del colectivo o la inclusión del colectivo en el Consejo Económico y Social (CES).

Lo que puede echar abajo el Gobierno

¿Pero dónde están los escollos? Tres son las cuestiones que más preocupan al Gobierno de la norma. El Ejecutivo discrepa abiertamente con la introducción de progresividad en el recargo que pagan los autónomos cuando se retrasan en el pago de sus cuotas. Considera que choca frontalmente con las necesidades de liquidez de la Seguridad Social.

Hasta el año 2012, este recargo era del 2% de la cuota si se solventaba el retraso en el primer mes una vez superado el plazo legal, del 5% a los dos meses y del 10% a partir del tercero. El Gobierno de Mariano Rajoy modificó estas condiciones para reducir la morosidad con la Seguridad Social e introdujo en 2013 un recargo lineal del 20% desde el momento en producía la demora en el pago.

El Gobierno considera que choca con las necesidades de liquidez de la Seguridad Social

De acuerdo con los datos de pagos domiciliados de la Seguridad Social, canal por el que procede más del 60% de la recaudación del sistema, la tasa de morosidad de la recaudación refleja cuántos de los recibos han resultado impagados.  Esta ratio se sitúa actualmente en el 1,71%, es decir, de un total de 5.218 millones de euros, han resultado impagados 89,1 millones de euros. Sin embargo, la morosidad con la Seguridad Social presentó tasas del 4,5% en 2008 y años siguientes, para comenzar a disminuir paulatinamente desde julio de 2012.

Sin embargo, a petición de las asociaciones de autónomos, la ley de Autónomos de Ciudadanos ha acabado incluyendo entre sus seis puntos una vuelta atrás para volver a una penalización del 3% durante el primer mes, del 5% en el segundo, del 10% en el tercero y del 20% a partir del tercer mes.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, justifica este cambio por la mala situación que atraviesan muchos autónomos, que les empuja a sufrir retrasos en las cuotas. En su opinión, el recargo del 20%, sin ningún tipo de progresividad, puede llevar en muchos casos al cierre definitivo del negocio. “Es abusivo y confiscatorio”, asegura.

Sin embargo, del lado del Gobierno se hace otra lectura. En el caso de volver a un sistema de recargos por tramos, el sistema no podrá cobrar con la inmediatez actual y tendría que esperar hasta que el autónomo en cuestión abone por fin la cuota debida. Así, además de suponer una pérdida de dinero hasta el cuarto mes, puesto no se alcanza el 20% actual hasta ese momento, la Seguridad Social volverá a ver crecer las tasas de morosidad. “Se daría marcha atrás después de todos los esfuerzos que se han hecho para reducir la morosidad”, afirman las mismas fuentes.

En respuesta a estos argumentos, Amor argumenta que la implantación del recargo del 20% perseguía principalmente reducir la morosidad de las administraciones, que se financiaban incurriendo en deudas con el sistema en ausencia de mecanismos que se crearon con posterioridad como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Sin embargo, asegura que los grandes damnificados de la medida han acabado siendo los autónomos, que al mismo tiempo sufren directamente la morosidad de las administraciones. “Se habla del problema de la Seguridad Social, pero no de los problemas de los autónomos”, añade.

La oposición del Gobierno a estas cuestiones pone en peligro la actual formulación de los recargos. A la vista de la situación, Amor asegura que el colectivo de autónomos se conforma con que los tramos sean del 5% en el primer mes, del 10% en el segundo y del 20% en el tercero.

Otros dos obstáculos

Otra cuestión con la que no están de acuerdo en el Gobierno es la posibilidad de cambiar hasta cuatro veces al año de base de cotización, dentro de los límites mínimos y máximos, en el caso de aquellos autónomos que se ven obligados de darse de alta en sucesivas veces en un mismo año por tener una actividad discontinua. Según las fuentes consultadas, el Ejecutivo teme que esta práctica pueda traducirse en prácticas defraudatorias.

Además, el Gobierno ya está en guardia ante una previsible enmienda de Ciudadanos a su propia norma. Los de Albert Rivera quieren aprovechar el trámite para desvincular las bases mínimas de cotización de los autónomos societarios (copartícipes de una sociedad mercantil) de la evolución del salario mínimo interprofesional (SMI). De esta forma, las bases mínimas de estos autónomos se han elevado un 8% este año, en línea con la actualización del SMI.

Las fuentes consultadas señalan que el Gobierno estaría dispuesto a un cambio así en el caso de que las bases empiecen a fijarse año a año en los Presupuestos, aunque no coincidan con las bases mínimas que se aplican al colectivo con carácter general.