El pacto entre el PP y Ciudadanos que hizo posible la investidura de Mariano Rajoy está chocando con la cruda realidad. Algunas de sus propuestas estrella son de difícil materialización y otras caen víctimas de sus propias contradicciones, como lo es el momento en que un cargo público debe dimitir por un escándalo de corrupción u otro delito grave. Los grandes enunciados que quedan bien sobre el papel se tornan en pesadilla cuando se quieren llevar a la práctica y el PP se está sirviendo de ello para embridar muchas de las reformas reclamadas por el partido naranja, consciente, por su parte, de las dificultades.

Ayer se reunió en el Congreso la comisión de seguimiento del pacto de investidura. Los principales escollos están en el capítulo de regeneración democrática. Los populares se aferran al contenido literal de la proposición de ley de lucha integral contra la corrupción, que Ciudadanos presentó a la Cámara en septiembre y cuya toma en consideración se votó en la Cámara Baja el pasado día 21, para «blindar» al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. El texto de Ciudadanos fija la inhabilitación o suspensión de cargo público «desde que sea firme la resolución que acuerde la apertura del juicio oral o el procesamiento». Esto significa, a juicio del PP, que ser investigado y acudir a declarar asistido de abogado, como hará Sánchez el 6 de marzo ante el TSJM, no obliga a dimitir, ni siquiera de persistir esta situación salvo que llegue a juicio oral.

El PP se guarda como «último recurso» en Murcia la convocatoria de elecciones autonómicas

De hecho, Ciudadanos ha rebajado el tono con respecto a Sánchez, aunque recuerda que el pacto firmado en Murcia habla de imputación formal y no de juicio oral. Mañana se reunirán en la ciudad sendas delegaciones de ambos partidos. Lo previsible es que la formación de Albert Rivera espere hasta la declaración del 6 de marzo para tomar una decisión, consciente de que la alternativa, esto es, presentar una moción de censura contra el PP junto a PSOE y Podemos, es impensable. Además, el PP se guarda en la manga el comodín del adelanto electoral en Murcia que sería «el último recurso», «no planteable en este momento porque todavía hay que esperar», según indican a El Independiente fuentes de la dirección nacional popular.

Pero no es la única dificultad de recorrido. La limitación de mandatos y la reforma de los aforamientos presenta problemas de ejecución además de poco interés manifiesto por parte del partido en el gobierno. Ciudadanos ha entregado al PP un documento con la primera cuestión que el portavoz parlamentario popular, Rafael Hernando, califica de «asunto complejo» por entender que, en un sistema representativo como el nuestro, no presidencialista «se limitan los derechos constitucionales de los diputados» a elegir al presidente que quieran. Además, para sacarla adelante, modificando la Ley de Gobierno, necesitarían del concurso de otras fuerzas políticas. En cualquier caso, el PP rechaza esta fórmula, propuesta por Ciudadanos por ser más fácil de ejecutar, y ve necesario reformar la Carta Magna para incluir un apartado que indique cuál es el periodo máximo que puede gobernar el presidente del Ejecutivo.

La posible exigencia de referéndum si se aborda la reforma de los aforamientos también disuade a Rivera

Para eliminar los aforamientos es imprescindible una reforma constitucional del artículo 71. Se podría hacer por la vía exprés, tal y como quiere Ciudadanos, pero teme que haya distintos grupos en la Cámara que puedan exigir un referéndum al respecto, conforme establece el artículo 167.3 de la Carta Magna. El mismo reza que aprobada la reforma constitucional por las Cortes Generales, «será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras», esto es, 35 diputados que apelen a este mecanismo para «fines espurios», según Hernando.

El propio Ciudadanos es consciente de este riesgo, y aunque fuentes de la formación naranja argumentan que para Podemos «será complicado explicar porqué dificulta una reforma que exigen los españoles», entra dentro de lo posible que los doce parlamentarios de En Comú-Podem, los nueve de ERC y los ocho del PDEcat, sumen algún otro apoyo más para llegar a ese mínimo de 35 diputados con los que forzar un referéndum que acabe reconvertido en una consulta sobre la salud de nuestra Carta Magna. En definitiva, el PP exige a la formación de Albert Rivera, garantías de que «hay 316 diputados que se comprometen en firme a no pedir una consulta» antes de iniciar una reforma de este tipo.

Larga lista de aforados

Son aforados los miembros de la Familia Real además de cerca de 2.000 políticos, esto es, el gobierno central, los gobiernos autonómicos, los presidentes de las Cámaras, todos los parlamentarios nacionales y autonómicos además de los presidentes y consejeros del Tribunal de Cuentas, del  Consejo de Estado y del Defensor del Pueblo. Pero el grueso de los aforados está en al ámbito judicial, entre jueces y fiscales, que suman más de 15.000.

Tampoco se ha avanzado en el compromiso de constituir una comisión de investigación sobre la financiación del PP. La «comisión Bárcenas», que no se formuló así en el documento de 150 puntos por expreso deseo del PP, es otro quebradero de cabeza. Los populares creen que vale con la subcomisión parlamentaria que estudiará, en general, la financiación de todos los partidos con la comparecencia de los gerentes y tesoreros de las distintas formaciones políticas. Según la versión de Hernando, «le hemos dicho a Ciudadanos que ese trabajo se puede hacer en la subcomisión y no nos han pedido más, de momento». Pero parece que estos no quieren ceder del todo en este punto y amenazan con sumarse a una que ha registrado ya el PSOE en la Cámara si los populares se resisten.