Gas Natural Fenosa se prepara para abrir una batalla legal internacional para recuperar el control de Electricaribe, la filial de electricidad intervenida por el Gobierno de Colombia el pasado noviembre. La compañía energética española ultima la presentación de un recurso ante el Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, para combatir la intervención, salvo que se reconduzca la situación en los próximos días. Algo que casi nadie espera.
No se trata de una expropiación, porque Gas Natural mantiene la propiedad del 85,38% del capital de su filial, pero el Ejecutivo de Juan Manuel Santos tomó el control de los bienes, haberes y negocios de la sociedad ante el riesgo de impago a sus proveedores y de suspensión del servicio.
El plazo legal de la intervención expira dentro justo de una semana. Entonces el Gobierno colombiano deberá decidir si la prolonga, si devuelve el control de la compañía a Gas Natural Fenosa o si da un paso más y se decanta por la expropiación.
Una indemnización justa para evitar el choque
La única opción que evitaría la internacionalización del conflicto y que ambas partes no se vieran frente a frente ante el Ciadi, es que el Gobierno decidiera una expropiación y lo hiciera con una indemnización justa, informan a El Independiente fuentes del sector conocedoras de la situación. Una solución que, en cualquier caso, es improbable que se produzca.
Si Bogotá prorroga la intervención, el grupo español llevará el caso al organismo vinculado al Banco Mundial. Y también lo hará si el Ejecutivo colombiano devuelve el control de Electricaribe pero lo hace sin tomar medidas legislativas para evitar los impagos y el fraude masivo que abocaron a la filial a graves problemas de tesorería por una deuda de más de 1.200 millones de euros.
Gas Natural Fenosa invocó hace seis meses el acuerdo para la protección recíproca de inversiones entre Colombia y España para tratar de encontrar una solución negociada al agujero de 1.260 millones que el grupo español cree que alimenta la propia Administración colombiana al no promover un marco legal para proteger su negocio. Transcurridos esos seis meses, Gas Natural ya está habilitada por presentar una denuncia formal ante el Banco Mundial desde el pasado 3 de marzo.
La compañía ahora presidida por Isidro Fainé ha seguido manteniendo contactos con el Gobierno colombiano y oficialmente sigue mostrándose esperanzado ante la posibilidad de un acuerdo que resuelva el conflicto. Sin embargo, el grupo ya ha iniciado los preparativos para elevar el caso al Ciadi y casi con total seguridad dará ese paso para conseguir una indemnización razonable.
Colombia se topa con los problemas que denunció GNF
El Gobierno colombiano justificó su decisión de intervenir temporalmente la sociedad –ejecutada el pasado 15 de noviembre- en que era la mejor forma de garantizar el suministro eléctrico en las zonas en que opera porque la “falta de capitalización” de Electricaribe lo ponía en riesgo.
La crisis de Electricaribe, que cuenta con 2,5 millones de clientes en siete departamentos de la costa atlántica colombiana, viene motivada por un círculo nefasto de difícil solución. El fraude masivo en las conexiones consentido por las autoridades y el impago de una buena parte de los clientes de sus recibos de luz (entre ellos, los propios edificios de administraciones públicas) llevó a la compañía acumular un agujero de más de 1.200 millones.
Y los problemas de tesorería generados por los impagos han hecho que la compañía no haya invertido todo lo necesario para garantizar la calidad del suministro -que se había resentido y había provocado protestas entre los usuarios- y que fuera a dejar de pagar a algunos proveedores, entre ellos, el propio Estado colombiano como generador de electricidad.
Gas Natural Fenosa llevaba tiempo alertando de los problemas que generaban los impagos y el fraude. El Gobierno colombiano desestimó las advertencias y decidió intervenir la compañía. Ahora, el equipo directivo colocado al frente de Electricaribe por el Ejecutivo se está encontrando con esos mismos problemas que Gas Natural denunciaba.
Según la prensa colombiana, la nueva cúpula de Electricaribe considera que la compañía no puede seguir asumiendo los impagos de edificios públicos y amenaza con romper los contratos para poder cortar el suministro eléctrico, incluyendo ayuntamientos, infraestructuras públicas, e incluso hospitales y colegios.
“Hay una reglamentación constitucional que nos impide cortarles la luz, pero no podemos seguir regalándola”, ha dicho el presidente de Electricaribe, Edgardo Sojo. “Igual no honran la deuda de energía porque no tiene una consecuencia directa (…) La compañía está dispuesta a suspender contratos. Electricaribe es una emprea que está en crisis, no tiene por qué seguir asumiendo esas deudas”.
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