El Tesoro Público español no ha dejado pasar la oportunidad generada por las elecciones francesas. La institución ha aprovechado la caída que han registrado las primas de riesgo tras los comicios galos para lanzar al mercado una emisión sindicada -aquellas en las que la deuda es colocada directamente entre los inversores- de un bono a 10 años ligado a la inflación.

Y la decisión ha encontrado una respuesta bastante satisfactoria. El Tesoro ha vendido 5.000 millones de euros en estos títulos, con un cupón real del 0,65%, que, aplicando el impacto de la inflación, se traduce en una rentabilidad real del 0,73%.

Esta emisión ha servido al Tesoro español para situar la duración de su deuda en circulación por encima de los 7 años por primera vez en la historia. La institución ha perseguido en los últimos tiempos una estrategia de alargamiento de los plazos de su deuda, con el fin de aprovechar las bajas rentabilidades actuales, motivadas por las políticas de estímulo de los bancos centrales, para garantizarse una financiación barata a largo plazo. Desde 2014, la vida media de la deuda del Estado se ha elevado desde los 6,2 años hasta los 7,09 actuales.

Esta tendencia se ha visto prolongada en los primeros meses de 2017. En un momento en que los mercados descuentan un progresivo repunte de los tipos de interés a nivel global, a medida que los bancos centrales empiezan a retirar sus apoyos al mercado, el Tesoro ha intentado anticiparse a este movimiento, para mitigar el impacto en sus costes.

Esto también ha sido notorio en el ritmo de emisiones del organismo que dirige Enma Navarro. Tras la emisión cerrada este miércoles, el Tesoro ha cumplido ya con un 43,8% de su programa de emisiones a medio y largo plazo para todo 2017.

Todo esto, al tiempo que los costes que representa la deuda para el erario público siguen reduciéndose. El coste medio de la deuda del Estado en circulación se situaba al cierre de marzo en el mínimo histórico del 2,67%, diez puntos básicos menos que al cierre de 2016. Hace sólo un año, esa tasa se situaba por encima del 3%.

La vida medida de la deuda española supera por primera vez los 7 años

Este factor es fundamental para un país con una ingente cantidad de deuda pública como es el caso de España. Según el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 que presentó el gobierno a principios de este mes España tendrá que correr en 2017 con un gasto en intereses de la deuda de 32.171 millones de euros, la cifra más elevada destinada a esta partida desde el inicio de la crisis.

Este gasto, que representa más del 7% del total, supera en un 75,6% la partida del presupuesto que el Ejecutivo planea destinar al pago del desempleo. Asimismo, las partidas de “Servicios públicos básicos” (que incluye Justicia, Defensa, Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias y Política Exterior) y “Producción de bines públicos de carácter preferente (Sanidad, Educación y Cultura) cuentan con un presupuesto conjunto de 24.338 millones de euros, un 24,34% menos de lo que consumirán los intereses de la deuda.

Elevada demanda

La emisión de este miércoles también ha servido para refrendar el elevado apetito de los inversores por la deuda española. El Tesoro recibió solicitudes por más de 16.400 millones de euros, más del triple de lo que acabó colocando.

Especialmente relevante ha sido la demanda de los inversores extranjeros, que ha supuesto casi dos tercio de la sindicación. De este porcentaje destaca la participación de Reino Unido y Francia, con un 25,3% y un 14% de la emisión, respectivamente. Los países Nórdicos participaron con un 4,4% y el resto de Europa, con un 10,1%. Estados Unidos y Canadá han participado con un 8,9%.

Los inversores han solicitado más del triple de los bonos vendidos este miércoles

El interés de los inversores por estos títulos refleja, por un lado, el atractivo de la deuda ligada a la inflación en un momento en que se espera que los precios se incrementen progresivamente en los próximos trimestres. Pero también son reflejo de la creciente confianza de que goza la deuda española entre los inversores, dado su sólido crecimiento y ante el descenso de la preocupación por las incertidumbres políticas que han golpeado al país en los últimos años, como el movimiento soberanista catalán.

Esta visión ha sido respaldada igualmente por las agencias de rating. El pasado 31 de marzo, S&P mejoraba a positiva la calificación que otorga a la deuda española, abriendo la puerta a conceder al país una calificación grado A, de la que no disfruta desde hace cinco años.