El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, anunciaba hace alrededor de un mes que el 1 de junio presentaría en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley para establecer un régimen sancionador contra las empresas y las administraciones morosas si el Gobierno no cumplía antes con este compromiso, incluido entre las 150 medidas para la legislatura pactadas entre PP y Ciudadanos. Sin embargo, ante la falta de movimiento en el Ejecutivo, Ciudadanos ha movido ficha antes de tiempo y ya ha registrado su proposición de Ley en el Congreso de los Diputados. En su articulado, la formación naranja contempla posibles sanciones de hasta casi un millón de euros en casos de grave incumplimiento de la normativa sobre morosidad.

Fuentes de Ciudadanos afirman que se trata de una iniciativa que seguramente no va a gustar a las grandes empresas. Y es que, muchas voces del entorno de los autónomos y las pymes aseguran que el régimen no se ha puesto en marcha antes por la presión de las grandes corporaciones y de las propias patronales para evitarlo. Y es que, según precisan las asociaciones de autónomos, la inexistencia de sanciones ha permitido a muchas grandes empresas, como también a algunas administraciones, financiarse demorando los pagos a sus proveedores en momentos en los que el grifo de la financiación bancaria corría con cuentagotas.

Sin embargo, la necesidad de establecer este régimen sancionador ha ganado adeptos en los últimos tiempos y a estas alturas la mayor parte de los grupos parlamentarios, especialmente Ciudadanos y Podemos, coinciden en esta cuestión.

Los autónomos acusan a muchas grandes empresas de financiarse demorando pagos

En la exposición de motivos de la proposición de Ley, Ciudadanos explica que «la morosidad se ha hecho económicamente provechosa para los deudores debido a los bajos intereses de demora aplicados, cuando no de la aplicación de dichos intereses o de la lentitud de los procedimientos judiciales», a lo que añade que, «cuando la crisis produjo una sequía del crédito, las empresas que podían y las administraciones empezaron a financiarse a costa de las pequeñas y medianas a base de retrasar el pago de sus deudas». La contrapartida ha sido, según señala, la mortandad de miles y miles de pymes y microempresas durante la crisis.

Con la Ley de Morosidad en la mano, el plazo de pago máximo para las administraciones es de 30 días, pero la media se sitúa en los 61, mientras que para las empresas, es de 60 días. En este caso la media es de 77 días y, según datos de la Federación Española de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), en el caso de las de mayor tamaño, la cifra supera con creces los 100 días e incluso llega a duplicar el plazo legal. La situación es especialmente acusada en los sectores de la construcción, el montaje, el transporte y distribución.

Estos incumplimientos se deben, entre otras cosas, porque la Ley de Morosidad no ha contado hasta ahora con un régimen sancionador para castigar la demora en los pagos o incentivar el pronto pago.

Duras sanciones

La proposición de Ley prevé que la potestad de sancionar recaiga en las comunidades autónomas de acuerdo con un sistema en el que las infracciones se ordenarán según su gravedad. Serán leves, por ejemplo, cuando se pacten plazos de pago que excluyan del cómputo los periodos vacacionales. Las graves se corresponderán con una demora de 20 días sobre el plazo legal de pago, los pactos en perjuicio del acreedor de cláusulas sobre el cómputo del plazo o sobre las consecuencias de la demora o la reincidencia en tres infracciones leves. Por otro lado, la propuesta de Ciudadanos contempla como infracciones muy graves la demora de más de sesenta días, la resistencia en la colaboración con la autoridad inspectora, la falsificación de facturas o albaranes o la reincidencia en dos infracciones graves.

Con estos baremos, también se establecen sanciones mínimas, medias y máximas, dependiendo de la intencionalidad en la demora, la existencia de fraude, la connivencia entre el infractor y el acreedor, el incumplimiento de advertencias previas, el importe de la deuda o a la solvencia económica de quien se demore.

Las infracciones muy graves podrán conllevar una multa de 819.780 euros

Dicho esto, las sanciones leves, desde su grado mínimo al máximo, irán de los 60 a los 2.045 euros, las graves de 2.046 a 40.985 euros y las muy graves de los 40.986 euros a los 819.780 euros. En todo caso, estas multas conllevarían la obligación de abonar las deudas pendientes de pago, incluidos los intereses de demora y una indemnización por costes de cobro.

En último extremo, Ciudadanos contempla la posibilidad de que la infracción muy grave sea reiterada, en cuyo caso una empresa no podrá contratar con empresas públicas, ni recibir subvenciones, acceder a créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) o beneficiarse de deducciones en el Impuesto sobre Sociedades. Además, Ciudadanos contempla que cuando la especial gravedad de los hechos o el número de personas afectadas lo requieran, se podrán hacer públicas las sanciones.

Los del Albert Rivera abren la puerta, sin embargo, a minorar la carga sobre las empresas morosas estableciendo una serie de reducciones de las multas por pronto pago. Irán desde el 70% de la cuantía al 30%, si se paga entre el sexto día posterior a la fecha de notificación de la sanción al vigésimo noveno.

Ciudadanos rompe una lanza por los autónomos

El frente común de Ciudadanos con los autónomos y las pymes y su posicionamiento contra las grandes empresas y las administraciones morosas se pone de manifiesto en uno de los puntos de la proposición de ley. La formación reserva para ellos la posibilidad de quedar exentos de toda sanción cuando justifiquen que son al mismo tiempo acreedores de deudas por importe total o superior a las pendientes de pago que hubieran motivado la sanción.

Los autónomos acreedores podrán, en cambio, quedar exentos

Por otro lado, Ciudadanos también propone abordar el problema de la morosidad estableciendo un sistema arbitral, de adhesión voluntaria -aunque será obligatoria si se quiere acceder a concursos públicos-, para resolver de manera ágil los conflictos que surjan en relación al cumplimiento de los periodos medios de pago. Asimismo, insiste en la necesidad, que ya recoge la actual normativa contra la morosidad, de que las empresas y administraciones hagan públicos los plazos medios de pago con sus proveedores.

Por último, Ciudadanos prevé crear un Observatorio Estatal de la Morosidad en operaciones comerciales, como órgano colegiado adscrito al Ministerio de Hacienda, llamado a evaluar, elaborar informes y hacer propuestas en materia de lucha contra la morosidad. Entre sus cometidos estará, por ejemplo, remitir al Gobierno y a las comunidades autónomas, con periodicidad anual, un informe sobre la evolución de los plazos medios de pago, así como de las infracciones y sanciones previstas en la Ley.

Esta cuestión ha sido criticada, sin embargo, por los autónomos, que consideran que estas tareas deben desarrollarse directamente desde los cuerpos de inspectores de Hacienda, que ya cuentan con la infraestructura y el capital humano necesario para ofrecer un servicio.

De lo que sí se hará cargo la Agencia Tributaria, de aprobarse la norma en sus términos, es de implementar un buzón de denuncias anónimo, a través del cual cualquier persona podrá alertar de posibles incumplimientos de los plazos legales de pagos previstos.