El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, estrecha aún más el cerco a las grandes empresas. En su comparecencia ante la Comisión de Hacienda en el Congreso de los Diputados ha dicho que la voluntad del Gobierno es seguir cumpliendo los acuerdos suscritos con Ciudadanos y, entre ellos, ha avanzado que penalizará fiscalmente a las empresas que no paguen en tiempo y forma a otras, con el foco puesto en las grandes sociedades.

En su opinión, “no es aceptable” que con la Ley de Morosidad vigente, que establece un plazo máximo de pago de 60 días en estos casos, las grandes empresas estén cometiendo un “abuso” sobre las más pequeñas en términos de financiación, cuando las condiciones crediticias además han mejorado. “No tiene sentido”, ha dicho.

El problema es que la actual Ley de Morosidad no incluye ningún régimen sancionador, sino un mandato al Gobierno para que lo desarrolle, cosa que aún no se ha llevado a cabo. Para enmendar esta situación, Montoro ha lanzado una aviso a navegantes: “El Gobierno puede utilizar penalizaciones en materia tributaria”.

Fuentes del Ministerio de Hacienda no han concretado en qué consistirán estas penalizaciones. Sin embargo, se trata de una cuestión que se incluye en el documento de 150 medidas comprometido con Ciudadanos.

Dicho documento contempla “aprobar la implantación de un régimen de información y sanciones en materia de morosidad con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los plazos legales de pago vigentes por parte de las empresas y de las Administraciones Públicas”, de forma que “las empresas que no cumplan con los períodos medios de pago legales no podrán acogerse a determinadas ventajas fiscales o en la cotización a la Seguridad Social”.

Las grandes empresas, las más morosas

Los datos que maneja la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) reflejan que son las grandes empresas las que más tardan en pagar a los pequeños negocios que las proveen.

Es por esto que el establecimiento de un régimen sancionador ha sido una de las principales demandas de las organizaciones de autónomos durante los últimos años. También ha sido una de las banderas que han ondeado la patronal catalana Pimec y la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM),

No obstante, fuentes de estas organizaciones consultadas por El Independiente no acaban de contar con que una medida así pueda seguir adelante, ya que creen que las grandes empresas presionarán para tener la puerta de atrás de la morosidad abierta para amortiguar los últimos ‘hachazos’ fiscales que han sufrido en los últimos meses.