Bruselas ha alzado por fin la voz ante el rebrote de casos de corrupción que han salpicado la imagen de España en los últimos meses. Ignacio González, Púnica, Gürtel, Rodrigo Rato…son nombres conocidos en los despachos de la UE, que cree que no se están tomando las medidas necesarias para atajar la situación.

“A pesar es estallido de investigaciones de casos de corrupción en los niveles local y autonómico de la Administración, no se ha adoptado una estrategia preventiva a medida para mitigar el riesgo de corrupción en esos ámbitos, ni se ha desarrollado ninguna compartida a todos los niveles del Gobierno”, señala Bruselas.

El aviso aparece en el documento de recomendaciones específicas publicado por la Comisión Europea a propósito del Programa Nacional de Reformas y del Programa de Estabilidad 2017-2020 remitido por España.

En dicho documento, se elogian los progresos de España en la lucha contra la corrupción, en particular en lo referido a la transparencia en la toma de decisiones, la financiación de partidos políticos, la declaración de bienes y los conflictos de intereses. Sin embargo, el texto indica que el foco debe ponerse ahora en “la implementación de esas medidas”.

Al margen de la llamada al control de los casos de corrupción antes descrita, Bruselas también cuestiona la independencia en la recientemente creada Oficina de Conflicto de Intereses y critica la falta de regulación de los lobbies o grupos de presión.

Por último, el documento pone el acento en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, en la que se limitó el tiempo de instrucción de las causas para reducir demoras injustificadas. Al respecto, Bruselas señala que estas medidas pueden tener como resultado “la impunidad en los casos de corrupción complejos, en los que los límites temporales pueden no ser suficientes”.

Las recomendaciones de siempre

En el resto de las cuestiones, el discurso de Bruselas se parece mucho al de recomendaciones anteriores, lo que pone en evidencia la falta de resolución por parte de España en cuestiones como, por ejemplo, la reducción del empleo temporal.

Sobre esta cuestión, Bruselas insta a España a adoptar medidas para impulsar la contratación indefinida, así como a reforzar la coordinación entre servicios regionales de empleo, servicios sociales y empresarios para “responder mejor a las necesidades de los solicitantes de empleo y los empleadores”.

Además, las recomendaciones dirigidas a España recogen la necesidad de “abordar las disparidades regionales y la fragmentación” de los regímenes de renta mínima en el país y de mejorar el apoyo a las familias, incluyendo el acceso a una atención infantil de calidad.

Por último, la Comisión Europea hace una llamada, ya recurrente, a la necesidad de retocar el sistema fiscal. Según dice, sigue habiendo “muchas excepciones” en el IVA y los impuestos medioambientales “siguen siendo muy bajos”.