El Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a multar por segunda vez en tres semanas a Emesa, la concesionaria formada por ACS y Ferrovial (en el caso de ACS está su filial Dragados) para explotar, conservar y mantener la M-30, la autopista madrileña. Así lo ha decidido el Consejo de Administración de Calle 30, la sociedad propietaria de la autopista madrileña compuesta por la Corporación local en un 80% y por Emesa en un 20%, según ha sabido El Independiente.

La multa a ACS y Ferrovial se debe esta vez a «una penalización derivada del incumplimiento contractual en la instalación y mantenimiento del telecontrol del alumbrado a cielo abierto». La sanción asciende a 375.000 euros y se suma a las otras tres aprobadas en el consejo anterior del 11 de mayo, según las cuales ambas constructoras abonaron una cantidad cercana a un millón de euros.

La multa anterior se atribuyó a la falta de mantenimiento de los túneles del bypass, la falta de mejoría de la red de comunicaciones para el sistema de gestión del tráfico y la no instalación del wifi en túneles y cuartos técnicos. En el caso de esta nueva sanción, «el pasado mes de noviembre el consejo de la sociedad mixta abrió seis expedientes», informa el Ayuntamiento. «Se inició entonces el plazo para la presentación de informes y alegaciones referentes a los seis servicios y prestaciones analizados».

«En el caso del telecontrol del alumbrado a cielo abierto, partida contemplada en 2007, se comenzaron después de noviembre de 2016 los trabajos para la instalación de este sistema», continúa la nota explicativa. «Los estudios realizados concluyen que las obras no se corresponden a las condiciones contractuales firmadas».

Víspera de la comisión de investigación

Siempre de acuerdo con la versión municipal, la empresa privada integrada por ACS y Ferrovial ha realizado unas obras que no se corresponden exactamente con el contrato suscrito entre ambas partes en 2005 y modificado en 2007.

La nueva sanción calienta el ambiente la víspera de la Comisión de Investigación de la M-30, que arrancará el próximo martes 6 de junio. Aunque es aventurado vaticinar conclusiones por la carga política de estas comisiones, el capítulo estrella será el de los sobrecostes durante la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón: la M-30 se presupuestó en 2004 por 1.200 millones y acabó rebasando los 7.000 millones.