El Gobierno trabaja en un nuevo marco normativo que le permita intervenir centrales eléctricas si sus propietarios deciden cerrarlas, en el caso de que su actividad se considere necesaria para el sistema eléctrico y para cumplir el mix energético del país (el reparto entre los diferentes tipos de energía en la generación eléctrica nacional).

El Ministerio de Energía prepara ya la planificación energética futura que determinará el objetivo oficial del peso que debe tener cada energía (nuclear, renovables, carbón, gas natural…) de cara a 2030 y 2050. Un plan que el Ejecutivo debe trasladar a la Comisión Europea como muy tarde en marzo de 2019.

“El mix energético lo decide la política energética, y debemos poder garantizar el mix”, dice el ministro Nadal

Y en este proceso el ministro Álvaro Nadal quiere tener herramientas legales para poder garantizar que se cumplirá el reparto energético previsto, incluso a costa de intervenir el sector y tomar el control de instalaciones que planeen su clausura. “El mix energético lo decide la política energética (…) y debemos tener capacidad para garantizar el mix”, ha explicado hoy el ministro en declaraciones a la prensa.

Una nueva fórmula de intervención que el Gobierno considera necesaria en un momento en que Iberdrola ha planteado el cierre de sus nucleares por falta de rentabilidad y Endesa reconoce estudiar la clausura de varias centrales de carbón por las enormes inversiones que debería realizar para cumplir con la normativa medioambiental.

El ‘no’ del PSOE

El propio Nadal ha reconocido hoy el proyecto de dotarse de este nuevo marco normativo sigue en marcha. El ministro ha subrayado a la prensa que preferiría que la nueva norma tuviera rango de ley, pero para ello necesitaría un apoyo parlamentario –singularmente del PSOE- con el que hoy no cuenta. Si no se puede sacar adelante en forma de ley, el Ministerio se plantea aprobar un real decreto. “Preferiría que tuviera rango de ley que no rango reglamentario. Pero el PSOE no está en eso”, ha dicho el ministro.

Nadal preferiría sacar adelante una ley, pero no cuenta con apoyo parlamentario, así que puede aprobar un decreto

El Ministerio de Energía lleva meses trabajando en la norma. El ministro ya trasladó al PSOE en febrero su interés en dotar al Gobierno de esta capacidad de intervención y habría desvelado a los gobiernos regionales de Castilla y León y de Aragón (donde se ubican las centrales de carbón que Endesa se plantea cerrar) su intención de poder intervenir las instalaciones e incluso proceder posteriormente a su subasta entre otros inversores interesados en su gestión.

Nadal ha defendido de manera insistente desde su llegada al Ministerio la necesidad para el sistema eléctrico español de garantizar que se mantengan en funcionamiento tanto las centrales nucleares como de las plantas de carbón.

Fuentes del Partido Socialista confirman a El Independiente su rechazo a la iniciativa que plantea Nadal. Un rechazo que los socialistas defienden, por un lado, por el probable alto coste para las arcas públicas de este tipo de inversiones de centrales eléctricas y, por otro, porque su propuesta energética de futuro pasa por el cierre progresivo de las centrales térmicas y de las plantas nucleares para potenciar las renovables.

Iberdrola sondea vender sus nucleares

Iberdrola lleva tiempo poniendo en duda la viabilidad de su negocio nuclear. La eléctrica se queja de que la fiscalidad del negocio en España hace insostenible su mantenimiento a largo plazo y tras lanzar un órdago al Gobierno y poner en duda la continuidad de sus centrales, ahora la compañía se plantea dar un paso más y explora diferentes opciones para sus centrales nucleares.

Iberdrola tantea el mercado en búsqueda de interesados en comprar sus centrales nucleares

La compañía sondea el mercado para desprenderse de la propiedad de los activos o para encontrar un socio con el que aliarse y ceder al menos parte del negocio nuclear, según ha desvelado Bloomberg citando fuentes conocedoras de los planes del grupo.La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán habría contratado ya a un banco de inversión con el objetivo de identificar posibles interesados en la compra total o parcial de los activos, tanto españoles como extranjeros. La eléctrica controla el 100% de Cofrentes, el 52,7% de Almaraz, el 48% de Trillo, el 28% de Vandellós y el 15% de Ascó, así como el 50% de Garoña, hoy desconectada de la red. En total, el grupo cuenta con una potencia instalada nuclear de 3.410 megavatios.

Los planes de la compañía pasarían por aprovechar su salida del negocio nuclear y los fondos obtenidos para crecer aún más en renovables y para acelerar su expansión en otros mercados internacionales, singularmente en Estados Unidos. Las fuentes citadas por Bloomberg apuntan que Iberdrola no ha tomado una decisión definitiva sobre la venta de las nucleares y que podría acabar quedándose con las centrales. Fuentes oficiales de la compañía española, consultadas por El Independiente, han preferido no hacer comentarios sobre estos movimientos.

Órdago nuclear al Gobierno

Iberdrola, volcada en potenciar su imagen de compañía verde y líder en renovables, lleva tiempo renegando de la energía nuclear, pero subrayando fundamentalmente que la razón del giro es que las nucleares han dejado de ser rentables. Galán aprovechó la última junta de accionistas para poner en duda la sostenibilidad a largo plazo del negocio nuclear.

Iberdrola, Endesa y Gas Natural tenían que presentar la solicitud de renovación de licencia de la central de Almaraz esta misma semana y la de Vandellós a finales de julio. Iberdrola ha reclamado en las últimas semanas que el Gobierno reforma la normativa para hacer posible aplazar la decisión, y el Ministerio de Energía ha tramitado de urgencia el cambio legislativo para hacerlo posible.

El Gobierno permitirá a las eléctricas no tomar una decisión vinculada sobre el futuro de sus nucleares, en la práctica, hasta 2019, cuando el Ejecutivo aprobará la planificación energética del futuro y establecerá el peso que tendrá cada tipo de energía en el mix nacional en las próximas décadas. El sector nuclear pretende aprovechar este nuevo plazo para renegociar el marco legal del sector, y reclama al Ministerio de Energía una rebaja de impuestos y el cobro de primas para garantizar que el negocio sea sostenible y, con ello, no cerrar las centrales.