La Declaración Tributaria Especial (DTE), la conocida como amnistía fiscal, le ha salido barata a los defraudadores que se beneficiaron de ella y muy cara al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que la anula, a instancias del recurso presentado por el PSOE, es un duro golpe político que culmina todo un via crucis de críticas para una recaudación, en opinión de muchos, pírrica: 1.200 millones de euros, la mitad de lo inicialmente previsto.

La amnistía inició su andadura, por la vía del decreto, en marzo de 2012, cuando el Gobierno se resistía a denominarla como tal. La norma daba de plazo entre el 4 de junio y el 30 de noviembre de ese año para que los contribuyentes que lo consideraran pudieran aflorar rentas y patrimonios ocultos para el fisco con un recargo del 10%, en lugar del 43% por el que deberían tributar.

La idea era aflorar bienes y derechos ocultos no declarados a través del IRPF y el Impuesto de Sociedades, y recaudar así un total de 2.500 millones de euros. Pero el resultado fue más modesto. Una vez aflorados 40.000 millones de euros ocultos de unos 31.000 contribuyentes, la recaudación alcanzó los 1.200 millones de euros al afectar sólo a las cantidades procedentes de ejercicios no prescritos, los de 2008, 2009 y 2010.

Si se hubiera aplicado el marginal del 43% en todos los años, la recaudación habría superado los 17.000 millones de euros. Aunque fuentes consultadas elevan la factura aún más al tener en cuenta una eventual aplicación de intereses de demora o de sanciones.

Rato, los Pujol o Granados, entre los acogidos a la amnistía

Entre los acogidos a la amnistía figurarán en adelante nombres ilustres como el ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, la familia Pujol, el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, o el ex líder de UGT de Asturias José Ángel Fernández Villa.

Pero la razón de esta menor recaudación se encuentra en un informe de la Dirección General de Tributos que interpretó la DTE y que marcó ese perímetro de los ejercicios no prescritos. En la práctica, esto supuso suavizar el mecanismo y aumentar el número de contribuyentes acogidos. Pero, al mismo tiempo, se redujo la capacidad recaudatoria de la medida.

Una vez en campaña electoral en 2015, Ciudadanos, de la mano de una de sus cabezas visibles, Francisco de la Torre, ex presidente de los Inspectores de Hacienda (IHE), echó las cuentas. El resultado fue que, partiendo del dinero aflorado, la recaudación efectiva final era equivalente a la aplicación de un tipo real del 3% de media.

Ciudadanos peleó en el Congreso, el PSOE en los tribunales

Ciudadanos reclamó entonces una revisión de las declaraciones realizadas por los amnistiados bajo el paraguas de este mecanismo poniendo el acento en que la suavización de la amnistía para atraer a los defraudadores había llevado precisamente a dejar fuera de la regularización los ejercicios prescritos.

El objetivo eran entonces esos ejercicios para poder elevar la recaudación al 10% de todo el patrimonio aflorado. Sin embargo, había una fecha límite, el 30 de diciembre, cuatro años después del último día para acogerse a la amnistía. Según la formación naranja, un día después no se podría echar el guante a ninguna de estas declaraciones.

El Gobierno siempre ha sostenido que la amnistía fiscal no prescribiría. En su interpretación entra en juego el conocido como modelo 720 de declaración de bienes y derechos en el extranjero, que establece desde 2013 que todos aquellos patrimonios ocultos fuera de España que no se acogieran a la amnistía fiscal no prescribirían.

Así, si algún contribuyente no se acogió a la amnistía y se le descubre un patrimonio en el exterior, da igual a qué ejercicio corresponda, porque esa deuda no prescribe nunca. Ésa es la no prescripción a la que se refería Montoro.

Con todo, el Gobierno en funciones incluyó en el acuerdo de legislatura de 150 medidas firmado por el PP y Ciudadanos que se realizaría «una revisión para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10% previsto en la misma por las cantidades afloradas dentro de los límites de la normativa tributaria”.

Incluso, se adelantaba que estas medidas y otras de lucha contra el fraude supondrían 1.000 millones de euros de ingresos en 2017 y 2.000 millones anuales en los siguientes.

Finalmente, Ciudadanos abrió la puerta para que el PP formara Gobierno, y con el Parlamento en funcionamiento se aprobó una proposición no de Ley para sacar adelante este punto del pacto. Los populares aprobaron parcialmente la medida y Ciudadanos no paró desde entonces de destacar que el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, votó a favor.

Lo que los populares votaron a favor fue una revisión de la amnistía para asegurarse de que el tipo aplicado había sido del 10%, pero dando por hecho que no cabía duda tras el informe de la Dirección General de Tributos y que solo se trataba de revisar las cantidades no prescritas. Además, el texto aprobaba la revisión a los límites de la normativa tributaria. Es decir, no cabía hacer nada más allá.

Ciudadanos no hincó la rodilla. La proposición no de Ley instaba al Gobierno a anular el informe de la discordia y a proceder a revisar las declaraciones. Pero solo instaba, no era de cumplimiento obligatorio.

Y la amnistía se transformó en investigación

Desde entones, repartiendo las miradas entre la amnistía y las posibilidades de Gobierno, desde Hacienda se procedió a negar la mayor: la amnistía no prescribe porque se seguirá investigando la procedencia de las rentas afloradas por los amnistiados.

Y en esas luchas se llegó al 30 de noviembre de 2016. En la antesala de la prescripción o no prescripción, el Congreso volvió a apoyar a Ciudadanos en una moción que sigue la línea de la proposición no de Ley previa. Pero Hacienda continuó plantada.

Medio año después llega la sentencia del TC, tras el recurso del PSOE, que anula el procedimiento de la amnistía fiscal. El alto tribunal le para los pies a Montoro. Sin embargo, el resultado del proceso no se revisará al tratarse de años prescritos. El TC, como la amnistía, puede que llegue tarde.