El Gobierno, inmerso estos días en la elaboración del techo de gasto de los Presupuestos para 2018, trabaja ya con la hipótesis de un frenazo en la evolución de los precios tras el verano, hasta alcanzar una tasa anual de IPC en el entorno del 0,5% en los últimos meses del año, una cuarta parte de la registrada en el mes de mayo (1,9%).
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, avanzó la pasada semana, durante un acto organizado por Cinco Días, que el IPC se situaría por debajo del 1% en el último tramo del ejercicio. A primera vista, parecía referirse a que la tasa anual en diciembre de este año sería inferior a esa cifra. Y previsiblemente lo será, pero, más concretamente, en media anual. Fuentes del Gobierno han confirmado a El Independiente que las estimaciones que se manejan para final de año apuntan a un IPC del 0,5%.
Según explican, si se toman los diferentes hitos del IPC durante el año, desde la tasa del 3% al inicio del año, pasando por la moderación hasta el 1,9% en el mes de mayo, tras un descenso ya entonces de siete décimas, resulta que, con un frenazo de tal magnitud hasta diciembre, la tasa de inflación media del año será del 1% o inferior.
A la hora de buscar las causas, hay una serie de indicadores que están claramente detrás. En primer lugar, los precios energéticos.
En el primer mes de 2017 la luz se disparó un 30%, lo que elevó el IPC anual hasta el 3%. Desde entonces, la situación se encuentra controlada, pero incluso en el mes de mayo, cuando se produjo una gran caída del IPC hasta el 1,9%, el indicador escondía una subida anual de la electricidad del 16%. En caso de que estas subidas anuales se sigan atenuando, la tasa general podrá ir acomodándose más.
Además, el Gobierno reaccionó rápido en enero para atajar la situación y evitar que, en un efecto de segunda ronda, esta subida puntual de los precios energéticos se trasladase a los salarios y estos elevaran a su vez los precios finales. Para ello, el Ejecutivo aprobó el desarrollo del reglamento de la Ley de Desindexación para aislar las subidas de los precios energéticos de los precios públicos.
El petróleo no aumentará los precios a finales de año
Sobre todo, es de esperar también que los precios del petróleo no aporten tensiones inflacionistas a finales de año o incluso hagan una aportación negativa al IPC. El consenso de analistas cree que el precio del barril de Brent se situará por encima de los 55 dólares a finales de año. Sin embargo, no creen que la subida vaya a alcanzar los 56,8 dólares que se registraron en diciembre de 2016.
En la trastienda está el reciente descalabro de los precios del petróleo. La cotización del barril de Brent y de Texas se mueve estos días en sus niveles más bajos desde el pasado noviembre, tras ceder más de un 20% en poco más de dos meses. Esto ha llevado, a su vez, a una mayor debilidad de la inflación y, en consecuencia, a una demora en los planes del BCE para normalizar su política monetaria.
Además, los analistas no descartan una nueva crisis del mercado del petróleo como la de la segunda mitad del 2015 y el primer tramo de 2016, cuando los precios del crudo llegaron a caer por debajo de los 30 dólares.
En ausencia de los precios energéticos, uno de los elementos más volátiles del IPC, junto a los precios de los alimentos frescos, habrá que esperar a ver cómo se comporta lo que se denomina la inflación subyacente --el IPC eliminados estos efectos--. De momento, ese indicador se situó en mayo en el 1%.
Esta circunstancia era difícil de prever al inicio del año, de ahí que el cuadro macroeconómico del Gobierno, a falta de su revisión en las próximas semanas como fundamento del Presupuesto de 2018, establecía un deflactor del consumo privado un incremento medio anual del 1,5%.
El efecto sobre las pensiones y los salarios
A la hora de medir los efectos de la evolución del IPC la mirada se dirige, principalmente, a las pensiones y los salarios. En el caso de las primeras, la última reforma del sistema establecía un índice de revalorización que perpetúa una subida de estas prestaciones del 0,25% mientras perdure el déficit de la Seguridad Social, a menos que el Gobierno estime necesario ampliar este porcentaje.
De esta forma, la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas seguirá siendo una realidad este año aunque el IPC medio se sitúe por debajo del 1%,, pero no será tan drástica.
La misma implicación tendrá sobre los salarios. En estos momentos, las subidas salariales pactadas en convenio rondan el 1,2%, con lo que de caer la inflación media del año como prevé el Gobierno, la ganancia de poder adquisitivo por parte de los trabajadores está en promedio garantizada.
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