Los contratos adjudicados por las Administraciones Públicas son responsables de cerca de un 20% del producto interior bruto (PIB) español. Esto es, las adjudicaciones de obras públicas, las concesiones, la contratación de servicios por parte de las administraciones… concentran unos 220.000 millones de euros cada año en la economía española.

«Sin más transparencia no es posible el big bang contra la corrupción que necesita el país”, dice el Observatorio de la Contratación Pública

La contratación pública sigue siendo uno de los grandes promotores de la economía nacional, incluso cuando aún se nota los efectos de los recortes presupuestarios acometidos en todos los niveles de la Administración con la crisis económicos. “Sigue habiendo muchos recursos para contratación pública. Pero nos faltan transparencia y eficiencia”, se queja José María Gimeno, presidente del Observatorio de Contratación Pública y catedrático de Derecho Administrativo.

La falta de transparencia en el proceso de planificación y adjudicación de contratos (sean para grandes obras públicas o para contratos menores para proveedores) genera ineficiencias y, en el peor de los casos, abre un espacio para la corrupción. Y estos problemas tienen un impacto millonario en el bolsillo de los españoles año tras año.

La Comisión Europea advirtió hace tres años de que las ineficiencias en los procesos de contratación públicas podrían estar generando un sobrecoste a España de unos 13.000 millones al año. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) disparó esa cifra y alertó de que las desviaciones al alza en los contratos podrían incluso alcanzar los 47.500 millones de euros. Desde diferentes ámbitos se ha advertido que la primera cifra se quedaba corta y que la segunda era exagerada.

“Lo que es seguro es que el sobrecoste es de más de 20.000 millones cada año, según nuestros datos”, ha confirmado el presidente del Observatorio de Contratación Pública durante su intervención este lunes en la jornada Hacia una transparencia integral en la contratación pública, organizada por Transparencia Internacional España.

Un agujero sin transparencia

La enorme factura que dejan la corrupción y la falta de transparencia “están retrayendo fondos para otras políticas, hacen que se pierda una oportunidad de reactivar la economía”, ha denunciado Gimeno. “Sin tomar medidas para fomentar la transparencia no será posible el big bang contra la corrupción que necesita este país para poner en marcha su economía”.

De los 20.000 entes públicos, sólo 4.000 publican sus contratos como exige la ley

El Observatorio de la Contratación Pública y la consultora EY –que ha elaborado el informe La crisis del sistema de contratación pública en España– han denunciado algunos de los aspectos más sangrantes que muestran la falta de transparencia en la adjudicación de obras y servicios, que deriva en un problema en la eficacia de los procesos y en la ejecución de los contratos mismos.

En España hay más de 20.000 entes públicos contratantes, pero sólo 4.000 de ellos publican los contratos adjudicados en una plataforma como exige la ley. Al 40% de todos los contratos públicos de España acude un único licitante, y “sólo hay transparencia cuando hay concurrencia”, ha resumido Gimeno.

En paralelo, el precio ofertado tiene un peso excesivo en las licitaciones, lo que ha hecho que se produzcan casos de ofertas predatorios (la rebaja del precio es superior al 30% en los últimos años en los contratos del Grupo Fomento y del Grupo Medio Ambiente). Unas ofertas de derribo que acaba provocando modificaciones de los contratos después de la adjudicación y a la postre encareciéndola. “Las modificaciones de los contratos no son por razones imprevistas, sino porque las licitaciones normalmente se convierten en subastas que hacen imposible cumplir los contratos”, ha indicado María Jesús Escobar, socia de EY.

Las constructoras y el control sobre los políticos

El sector de la construcción está directamente implicado (y afectado) por el mal funcionamiento de la contratación pública. La obra pública representa un 13% de ese total del 20% del PIB vinculado a esta actividad. Y desde las grandes constructoras, representadas por la patronal Seopan, se admite la “crisis de confianza de la opinión pública” sobre el sector debido a los casos de corrupción. “Una crisis que sólo puede revertirse con más transparencia. Y tomar medidas para ello depende únicamente de la voluntad política”.

«Somos líderes en países en que es impensable pagar una comisión», dice Seopan. «Queremos hacer lo mismo en España»

“Las compañías españolas de infraestructuras son líderes en los países más transparentes del mundo. Dinamarca, Suecia, Noruega, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá… Son países en que resulta impensable pagar una comisión para trabajar y en ellos somos los más competitivos”, ha subrayado Julián Núñez, presidente de Seopan. “Somos muy buenos y triunfamos en los países más exigentes. Simplemente queremos hacer lo mismo en España”.

Las grandes constructoras reclaman un pacto de Estado para ordenar la contratación pública. No sólo para planificar a largo plazo las prioridades sobre infraestructuras necesarias -que también- sino un pacto de Estado en el que se incluyan todos los ámbitos para mejorar la transparencia en la contratación pública, incluido “un mayor control de la financiación de los propios partidos políticos”, ha apuntado Núñez.

“Hay que pedir un pacto político. Siéntense para fijar las prioridades de contratación, pero también pónganse de acuerdo para poner en marcha una nueva financiación de los partidos. Hay que ampliar la negociación e incluir también medidas para mayor transparencia en todos los ámbitos”, ha subrayado el presidente de la patronal Seopan.