Si lo que pretendían los repartidores o riders de Deliveroo con los paros y movilizaciones convocados en Madrid, Barcelona o Valencia durante la primera semana de julio era llamar la atención del Gobierno para tratar de conseguir condiciones de trabajo dignas y reconocidas, en lugar de la ambigüedad legal y precaria en la que aseguran encontrarse, su mensaje ha llegado con éxito, aunque el Ejecutivo responde que ya se estaba trabajando de oficio.

Fuentes gubernamentales han asegurado a El Independiente que la Inspección de Trabajo lleva tiempo en la pista de la llamada economía colaborativa, pero anticipan también que se está sondeando ya la posibilidad de adaptar la Ley para atajar los abusos laborales al calor de las crecientes plataformas de intercambio en Internet. No precisan si se trata de perfilar nuevas tipologías de contratos o establecer obligaciones específicas para las empresas de delivery, por ejemplo.

En el Ministerio de Empleo aseguran que, de momento, la legislación actual ofrece una “base” suficiente para que la Inspección persiga prácticas laborales abusivas en este ámbito, en los casos en los que hay una empresa de intermediación que se lucra con los intercambios de bienes y servicios.

El caso de los riders no es el único

Los riders de Deliveroo son el ejemplo más conocido estos días. Se trata de una flota de repartidores no se sabe claramente si colaboradores, autónomos o a sueldo, pero sí a saldo, y por ello sin apenas derechos. Los ciclistas de la ya familiar caja verde y negra a la espalda tienen que esperar una alerta a través de la App en su móvil para ponerse en marcha y llevar un pedido en bicicleta o moto del restaurante de turno al domicilio del consumidor final.

Empleo dice que ya hay “bases” para perseguir los abusos laborales en la economía colaborativa

Esto introduce un elemento sin precedentes. Ya no hay un contratante, un intermediario y un consumidor, sino un cuarto. No queda muy claro que el repartidor sea un autónomo o un empleado con relación laboral al servicio de los restaurantes que recurren a Deliveroo, o lo mismo, pero al servicio del propio Deliveroo (aunque llevan su uniforme y recibe su formación). Y en esta nebulosa, la empresa les considera colaboradores.

Además, estos riders no pueden elegir en qué momento trabajar, tienen que estar disponibles para ver si les entran pedidos y poder facturar, y eso supone otra línea difusa entre lo que es un autónomo y un asalariado. Una reciente modificación introducida por la empresa, ha empezado a ofrecer la posibilidad de colaborar como autónomos económicamente dependientes (TRADE) a aquellos que reciben por esta vía al menos el 75% de sus ingresos, lo que les permite tener prioridad a la hora de recibir pedidos.

Los sindicatos no saben a qué atenerse

La Inspección de Trabajo lleva tiempo persiguiendo a los falsos autónomos —aquellos que se pagan su Seguridad Social pese tener una relación de asalariado con su pagador– y es en estos derroteros en los que el Gobierno encuentra algunas de esas “bases” a las que se agarra Empleo.

Los sindicatos indican, sin embargo, que este último caso es el de la plataforma de transportes Cabify, en la que el consumidor contrata directamente a la empresa y esta, a su vez, a un conductor autónomo. Pero señalan que en el caso de Deliveroo la situación es diferente, pues la plataforma solo se responsabiliza de la labor de intermediación y se lava las manos respecto a la condición laboral de los repartidores a los que conecta con los clientes.

Los sindicatos demandan una normativa específica

Por eso, no saben muy bien en qué ámbito encuadrar esta realidad. En CCOO, por ejemplo, no lo ven tan claro como el Gobierno y remiten al paraguas del convenio de la pizza, el que rige para los repartidores de comida a domicilio, pero al mismo tiempo admiten que “no hay una regulación específica para estos casos”.

Pero los ciclistas de Deliveroo no son los únicos que viven situaciones que son a día de hoy un reto para la legislación laboral. En el disparadero están otras firmas como Uber, Just Eat o Glovo.

Así es que el temor a que una nueva forma de precarización se extienda cada vez que este modelo de empresa pise el acelerador ha hecho que en el Ejecutivo ya se estén planteando adaptar la Ley para atajar la precariedad en las plantillas de la economía colaborativa, aunque sea un adaptación con fines más bien disuasorios, a modo de señal.

Un lazo más gordo

El Ministerio de Empleo, admite en último término que la economía colaborativa plantea márgenes laborales difusos, por lo que ya está manteniendo contactos con instancias que puedan tener algo que decir en esta cuestión para “ver si se le poner un lazo más gordo” a las relaciones laborales en la economía colaborativa. “Se hablará con todas las partes”, añaden.

Desde expertos en derecho laboral de las universidades hasta las propias empresas, el Gobierno quiere hablar también con los sindicatos y la patronal. Sin embargo, la cuestión camina lenta. El Gobierno quiere actuar sin precipitación al tratarse, dicen, de una cuestión “muy técnica”.

Los propios sindicatos reconocen que, dentro de sus organigramas, esta cuestión “está en tierra de nadie”, para empezar porque las flotas no cuentan con representantes sindicales, más allá de las organizaciones creadas de manera espontánea, como Riders x Derechos, para catalizar las protestas.

Además, el Ejecutivo es consciente de que todo movimiento en este sentido pondrá en pie de guerra a estas empresas.

Pero hay mucho en juego. Los sindicatos advierten de que estas nuevas formas de ofrecer bienes y servicios se están extendiendo como la pólvora con lo que, si no se frena la precarización laboral que pueden conllevar, las malas condiciones laborales acabarán impactando en las cifras de cotizaciones a la Seguridad Social y, a la larga, en las pensiones futuras.

El Gobierno, a la espera de lo que haga Europa

Por otro lado, un movimiento paralelo se ha iniciado en Europa. La Comisión Europea ha decidido abrir una agenda para regular aspectos de la economía colaborativa. La UE estima que los ingresos brutos de plataformas y proveedores colaborativos en la Unión ascendieron a 28 000 millones de euros en 2015. Además, el dinero generado en cinco sectores clave casi se duplicaron en comparación con el año anterior y está previsto que sigan expandiéndose con fuerza.

La Comisión Europea indica que “la frontera entre trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena es cada vez más difusa, y hay un aumento del trabajo temporal y a tiempo parcial, y del pluriempleo”, lo que urge a garantizar “condiciones laborales justas y una protección social adecuada y sostenible”.

Por su parte, la UE ya se ha puesto manos a la obra para establecer unas reglas mínimas, pero anima a los Estados miembros a “establecer normas más elevadas en su legislación nacional”.