La salida de la crisis está acentuando la contratación de asesores nombrados a dedo por parte del Gobierno y las instituciones del Estado. Y una de las que más está engordando su nómina es el Congreso de los Diputados. La Cámara Baja tiene 321 asesores, que prestan sus servicios a los 350 parlamentarios. Es decir, cada uno de los diputados españoles cuenta casi con el asesoramiento de una persona, contratada y pagada con dinero público.

En concreto, los grupos parlamentarios tienen en nómina esta legislatura a 271 asesores. A ellos hay que sumar otros 50, designados por las distintas comisiones y por la Mesa. En total, las Cortes españolas suman 382 asesores, de los que 321 corresponden al Congreso y 61 al Senado. Su factura asciende a 11,2 millones y encierra un incremento del 20%, en comparación con los 9,3 millones de 2016.

Todos los partidos, salvo Ciudadanos, han aumentado su nómina de asesores en la nueva legislatura

Todos los partidos, salvo Ciudadanos, han aumentado su nómina de asesores en la nueva legislatura. En el Congreso de los Diputados, el PP acumula directamente 103 asesores, frente a los 81 de la pasada legislatura, la más corta de la Historia parlamentaria. Por su parte, el PSOE tiene 65, frente a los 59 de 2016, a pesar de tener cinco escaños menos. Podemos ha nombrado 52, frente a los 43 del ejercicio anterior con los mismos diputados; y  Ciudadanos cuenta con 25, dos menos que antes con ocho escaños menos. El resto de grupos suma 26.

No hay información pública de quiénes son los contratados, sólo constan sus nombramientos repartidos por el Boletín Oficial de las Cortes. Tampoco se conocen sus méritos profesionales ni sus sueldos, que corren a cargo de la Cámara, no de las subvenciones que reciben los grupos (28.597 euros mensuales para cada uno más otros 1.645 euros por cada diputado). Además, los partidos suelen utilizar la argucia de efectuar más nombramientos cuando se aproximan las elecciones. De esta forma, el Congreso corre a cargo de personal que luego utilizarán en dicha campaña y no en la actividad parlamentaria.

Práctica es ascenso en todas las instituciones

El nombramiento de asesores es una práctica más que común en el resto de las instituciones que cuelgan del Estado. Y es una práctica en ascenso. Si en 2007, según los datos de los Presupuestos Generales, había 1.094 contratados como personal eventual por los ministerios y organismos, así como por el Congreso y Senado, en 2017 la previsión es de 1.241, un 13,5% más (147 personas). La cifra es un 6% superior (68) que la del ejercicio precedente, cuando hubo 1.173 contrataciones de libre disposición. Se trata de una cifra récord.

Curiosamente, el número de cargos de confianza aumentó en los primeros años de la recesión, ya que los partidos políticos incorporaron a las administraciones a personas de su entorno con dificultades laborales. Así, la cifra llegó en 2010 a 1.218. Y después, tras el ajuste público impuesto por Bruselas, fue disminuyendo progresivamente, hasta este salto cualitativo iniciado en 2016 y acrecentado en 2017.

Excluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del empleador público, la previsión de gasto para esta cohorte es de 43,4 millones de euros en 2017, un 19% más (unos siete millones) que al inicio de la crisis y un 6,7% más (2,7 millones) que hace un año. Equivale a la mitad de las partidas destinadas a la protección de la familia y la atención a la pobreza infantil. Supone una percepción media anual de 35.000 euros anuales. Pero, la cifra sale distorsionada a la baja ya que sólo la mitad son titulados superiores con acceso a sueldos elevados entre 50.000 y casi 100.000 euros, muy por encima en algunos casos de lo que ganan sus asesorados, entre ellos el presidente del Gobierno (79.756 euros).

La previsión de gasto para esta cohorte es de 43,4 millones, un 6,7% más que hace un año

Por ejemplo, de los 847 asesores (32 más que hace un año) que figuran en las nóminas de los ministerios y de instituciones como el Tribunal de Cuentas, Consejo General del Poder Judicial y Consejo de Estado, sólo 437 (52%) tiene un título universitario. Otro 13% (108 personas) posee estudios de grado medio; casi el 20% (165) alcanza una titulación de bachiller o similar; un 8% (70) llega al graduado escolar; y, sorprendentemente, otro 8% (67) sólo dispone del certificado escolar como formación académica. Todo esto significa que no se ficha a los mejores sino que en algunos casos proceden de compromisos personales, del partido y hasta familiares. Incluso, se ha llegado a crear una estructura paralela a la funcionarial que posibilita que los asesores pasen de uno a otro ministerio cuando cesan los altos cargos que procedieron a su nombramiento.

Los departamentos que más contratan

El ministerio de Presidencia en su conjunto es el departamento que más asesores tiene contratados, alcanza los 455 frente a los 312 del año anterior. La mayor parte de ese aumento en 2017 se debe a que ha asumido las competencias de las administraciones territoriales que estaban en manos de Hacienda el ejercicio anterior. De esta manera, Montoro reduce su número hasta 21 frente a los 163 en 2016. En todo caso, este gasto de Presidencia por este concepto pasa de 9,3 millones el año anterior a 14,6 millones en 2017. Es el departamento con la partida más elevada. Le sigue el presupuesto del Congreso y Senado.

A continuación se sitúa el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El denominado gobierno de los jueces es el tercer departamento con mayor número de asesores. Alcanza los 63, con un coste de casi tres millones de euros.

Una norma franquista

Esta modalidad de contratación pública de personal procede de una ley franquista, concretamente de la que reguló la función pública en 1964. En aquel momento, se creó sólo para la asesoría en los departamentos del Estado, incluso un decreto de 1977 diferenció entre el personal eventual que realizaba funciones de confianza sin cualificación y el personal también eventual para el que se exigía titulación adecuada. Pero en 1984 el Gobierno del PSOE hizo tabla rasa y extendió la norma al conjunto de las administraciones públicas (autonomías, diputaciones y ayuntamientos), dónde se ha producido una verdadera inflación de este personal de confianza incluso fichados como técnicos o para cargos de especial responsabilidad. También se produce en empresas públicas.

No es posible calcular su número, pero puede superar los 8.000 a nivel nacional o incluso más si se añaden los asesores de los grupos parlamentarios en las 17 comunidades autónomas. Esta manga ancha incluso ha permitido contrataciones, revocadas en algunos casos por los tribunales previa denuncia de las organizaciones sindicales de las administraciones, como la de un chófer por parte del presidente de una diputación. Llegó a alegar que contrataba a esta persona porque el cuidado del vehículo oficial era algo personal, que además le ponía la música que le gustaba, que el coche desprendía el olor que quería, que tenía la climatización adecuada y que conducía a la velocidad que le gustaba.

Se ha producido una verdadera inflación de asesores, incluso fichados como técnicos o para cargos de especial responsabilidad

Según la Ley de la Función Pública, el nombramiento del personal de confianza, administrativamente conocido como personal eventual, es de libre designación y sus puestos no están reservados a funcionarios de carrera. Es decir, cada Gobierno trae o contrata para los ministerios e instituciones a su propio equipo externo de asesores, con el consiguiente gasto para el erario público. Lo que denota un cierto grado de desconfianza hacia los funcionarios de los distintos departamentos que tienen ganada y asegurada en propiedad su plaza por su formación, competencia profesional y concurso de méritos.

La contratación de este personal no está sujeta a convocatoria alguna. Por lo tanto, no tiene que someterse a procedimientos de concurso y no se basa en principios de objetividad. Puede ser contratado cualquier ciudadano y no se pide mérito alguno. Lo único que se exige es que los presupuestos de cada año establezcan su número y dotación. Suelen ocuparse, entre otras funciones, de la asistencia personal de los cargos políticos, de la comunicación, de la asesoría técnica o de la jefatura de los distintos gabinetes. Pero, también se emplea para contratar chóferes, administrativos o, por ejemplo, elaboradores de discursos.

La contratación no está sujeta a convocatoria alguna, no tiene que someterse a procedimientos de concurso

En este sentido, la Comisión de Expertos que redactó en 2005 el informe que dio origen al Estatuto Básico del Empleado Público, vigente en la actualidad, señaló que era razonable que los altos cargos de naturaleza política pudieran tener apoyo “de un reducido grupo de personas de su confianza”. Pero matizó que esta modalidad de acceso al empleo público debería ser excepcional pues de lo contrario se subvertirían los fundamentos del modelo constitucional basado en el mérito. La Comisión expresó también su preocupación por la extensión de esta figura de personal eventual, sobre todo en el ámbito local. En cuanto a su cese, es también discrecional y no genera indemnización alguna. Salen cuando deja el cargo la persona que le ha nombrado o cuando éste decide que así sea. En todo caso, el Gobierno actual tasó en 2011 el número de asesores. Va desde nueve para la vicepresidenta a cinco para cada ministro y cuatro para cada secretario de Estado. Pero esta norma no está contemplada en otros organismo nos ministeriales ni en el resto de administraciones públicas.