El Gobierno y las instituciones no publican información alguna sobre el millar largo del personal de confianza que tienen contratado. No se conocen sus nombres, sus condiciones profesionales ni su formación académica individual porque los curriculums tampoco son públicos. Lo que extiende la sospecha, por casos anteriores, de que la asesoría oficial se ha convertido en un refugio laboral para atender compromisos políticos, personales e incluso familiares. Esta sospecha en aún mayor en las administraciones territoriales. Es el secreto mejor guardado.

Los asesores de Rajoy

No es posible saber sus nombres y que méritos profesionales atesoran los componentes del equipo de asesores de Mariano Rajoy. Por tanto, se desconoce sin son los mejor preparados para su función. Según el Programa 912M de Presidencia del Gobierno, dispone directamente de 245 personas de libre disposición (con un gasto de 6,8 millones) frente a los 296 funcionarios de carrera que constan también en la nómina total. Es decir, de los 623 empleados adscritos al Jefe del Ejecutivo, el 39% es personal de confianza frente al 49% que representan los funcionarios profesionales. El resto de empleados a su cargo se compone de 74 laborales fijos y 12 altos cargos (la mayor parte no son funcionarios).

Lo más curioso de este grupo elegido a dedo es su formación académica. Sólo el 12,5% (78 personas) tiene estudios superiores. Casi el 11% llega a una titulación de grado medio o de bachiller (65), mientras que el 17% tiene graduado escolar o un simple certificado de escolaridad. Este último colectivo lo conforman 67 personas. Es decir, en el equipo del personal de confianza de Rajoy hay una cifra casi similar de licenciados que de personas con estudios muy básicos. Algo parecido ocurre con otros programas importantes de este ministerio. Por ejemplo, para el “Programa de control externo del sector público” hay 33 contratados a dedo, y sólo uno tiene titulación superior ya que 32 tienen grado medio o graduado escolar. En el Programa de alto asesoramiento al Estado también hay ocho eventuales de estas características, pero sólo uno tiene titulación superior, uno consta con grado medio, cuatro con bachiller y dos tienen graduado escolar. Sin embargo, en el Programa de Relaciones con las Cortes, secretaría del Gobierno y apoyo al Presidente hay 11 asesores, y todos tienen una titulación de grado superior.

Gasto medio por ministerios e instituciones

El Tribunal Constitucional, con 12 asesores, según la Relación de Puestos de Trabajo, lidera el ranking de los mayores ingresos medios de todos los departamentos. Con un presupuesto inicial de más de un millón de euros sale que cada persona de libre disposición recibe unos 90.000 euros. Le sigue el ministerio de Defensa. Cada uno de sus 13 asesores cobra una media de 51.000 euros. Detrás, figuran: el CGPJ, con 63 asesores y con una cifra individual cercana a a los 48.000 euros; Hacienda, 21 personas y 47.000 euros; y Justicia, con 17 personas eventuales y unas retribuciones medias de 45.000 euros. El resto de departamentos de mueve en el entorno de los 40.000 euros. El Consejo de Estado (8) es la institución con menos asesores y presupuesto más bajo (250.000 euros).

El ministerio de Exteriores es quién más ha aumentado porcentualmente su número. Si en 2016 tenía 15 asesores, en 2017 ha pasado a 25, un 80% más. Esta partida suponía un gasto de 591.000 euros en el ejercicio anterior mientras que en el actual superará los 1,1 millones (93% más). En Sanidad se produce un curioso caso ya que en 2016 no aparecían en los Presupuestos este tipo de cargos y ahora cuenta con 18 y un gasto de de 720.000 euros. De un año para otro, el número de asesores también crece en el ministerio de Energía (3 más) mientras que Economía reduce en dos su número. Presidencia y las Cortes son los que lideran el crecimiento.

Falta de transparencia y enchufismo

La transparencia de estos nombramientos y la necesidad de su contratación brilla por su ausencia. El Gobierno sólo ha publicado oficialmente un listado de asesores, incompleto y plagado de errores, con nombres y apellidos. Lo hizo en el Portal de la Transparencia con datos de 2012 y 2013, con una media de ingresos superior a los 50.000 euros. Pero no incorporó los niveles de formación ni su curriculum profesional. Es más, la publicación supuso una protesta generalizada de este personal de confianza y no ha vuelto a conocerse dato alguno de al menos quiénes componen ahora este amplio elenco. En este primer listado aparecía, por ejemplo, como asesora del secretario de Estado de Comercio, un hijo de Esperanza Aguirre, ex secretaria general del PP madrileño, así como ex presidenta de la Comunidad y de la alcaldía; una hija del ex ministro de Trabajo Eduardo Zaplana, figuraba como asesor del secretario de Estado de Turismo; y un hijo del ex secretario de Estado de Administraciones Pública, Francisco Villar, mano derecha de Rajoy en este departamento cuando fue ministro de esta cartera, constaba como asesor del Secretario de Estado de Cultura. Pero, faltaban muchos cargos, entre ellos algunos con categoría similar a la de director general, que pueden acercarse a ingresos de 100.000 euros anuales.

Autonomías y ayuntamientos

En general, las administraciones no informan con detalle de los nombres, funciones que desempeñan ni de los órganos donde prestan servicios el personal contratado como asesor. Tampoco suelen hacerlo del número ni de sus retribuciones, que pueden ser un tanto aleatorias a criterio del alto cargo que realiza al nombramiento y en muchos casos ajenas al sueldo medio de los funcionarios. En algunas corporaciones territoriales, las más visibles porque han cambiado de equipo de Gobierno, se ha producido un cierto avance de transparencia.

Por ejemplo, el ayuntamiento de Madrid, informa del sueldo y en algunos casos de los curriculums de sus contratados, e incluso si de estas asignaciones realizan aportaciones a sus partidos. Según la información inicial, dispone de 177 asesores frente a los 134 del año pasado con un gasto de 11,5 millones. Sin embargo, en el catálogo de puestos que acompaña los presupuestos aparecen 259 asesores como personal eventual (con la letra E) ya que incluye la alcaldía, los grupos políticos municipales, las concejalías y las juntas de distrito. Por su parte, el ayuntamiento de Barcelona tiene directamente una nómina declarada de casi un centenar, aunque las cifras pueden ser superiores ya que la contratación de personal eventual se realiza también como asistentes técnicos.

En cuanto a las autonomías, Cataluña dispone, por ejemplo, de 213 personas nombradas a dedo, mientras que Andalucía llega a los 237 con un coste de 5,2 millones; en Canarias hay 84; 47 en el Gobierno balear con un sueldo medio de 46.000 euros; y 134 constan en el ejecutivo vasco. La Comunidad de Madrid no facilita el dato concreto.