Dos meses después de que los accionistas de Popular perdiesen todo su dinero cuando el banco fue intervenido por Europa y vendido a Santander por un euro, algunos abogados comienzan a solicitar medidas cautelares al juez para minimizar el golpe que sufren sus clientes. Y es que muchos inversores que compraron títulos a crédito, en algunos casos animados por los comerciales de las oficinas, han de seguir haciendo frente al pago de los intereses pese a haber perdido todo su dinero o pasar a formar parte de los archivos de morosos.

Sanguino Abogados, en representación de 360 accionistas adheridos a la Asociación de Afectados por la Venta de Banco Popular, ha solicitado a la Audiencia Nacional medidas cautelares para que se suspendan de forma provisional los préstamos que Popular firmó con personas y empresas para la compra de acciones.

Sanguino, el bufete que destapó Vitaldent, exige a la Audiencia Nacional invalidar los créditos para la venta de acciones

El despacho considera que «la medida es excepcional, necesaria y proporcionada a la vista de la situación en la que se encuentran los perjudicados, ya que pretende que quienes adquirieron acciones de Popular a través de un préstamo otorgado por esta entidad no tengan que pagar sus respectivas cuotas mensuales hasta que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre el fondo de la denuncia».

Sanguino Abogados, conocido por ser la firma que destapó el fraude de Vitaldent, argumenta esta petición ante la concurrencia de posibles delitos de estafa y falsedad contable. Quiere, explican, «evitar la prolongación de los perjuicios por los préstamos que se suscribieron y que por decisión unilateral del Popular se encontraban de manera directa supeditados o vinculados a la obligatoriedad de suscripción de acciones ofertadas en la ampliación de capital».

La solicitud incluye que se suspenda cualquier procedimiento judicial que pueda iniciarse por reclamación de cantidades impagadas y la prohibición de que se incluya a las personas o empresas que firmaron estos préstamos en cualquier lista de morosos o registros de impagados.

Durán & Durán pedirá al juez que suspenda la venta de activos de Popular hasta que se resuelva el caso

Sanguino interpuso a principios de julio una demanda colectiva por la vía penal ante la Audiencia para que instruya la causa con el objetivo de negociar con Santander de manera individualizada una compensación para sus clientes. Y si no llegan a un acuerdo, interponer demandas individuales por la vía civil. Junto a ello, presentó el 28 de julio, también ante la Audiencia Nacional, un recurso contencioso administrativo contra la resolución del FROB. En septiembre, cuando reciban los informes de Deloitte y demás información requerida, comenzarán a interponer demandas civiles contra los dos últimos consejos de Popular y contra el auditor PWC.

También Rafael Moreno, abogado representante de Félix Revuelta, presidente de Naturhouse, considera que hay muchos créditos que son nulos o anulables. En septiembre, en las demandas en las que solicite la nulidad de éstos, solicitará, como medida cautelar, su suspensión.

Por su parte, Alberto Clemente, socio de Legaltrade, señala que en los pleitos civiles individuales que interpondrá con motivo de la ampliación de capital de 2016 también solicitará este tipo de actuación.

Otro de los bufetes que prepara solicitar al juez medidas cautelares es Durán & Durán. A principios de septiembre exigirá que se paralice la venta de activos de Popular que está llevando a cabo Santander hasta que haya cierta visibilidad sobre los presuntos responsables de la caída del banco. La firma también planea solicitar la suspensión de los créditos que Popular concedió para la compra de acciones en las demandas individuales que interpondrá por la vía civil después del verano.

Recursos admitidos a trámite

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional admitió a trámite a mitad de julio el recurso presentado la semana precedente por la OCU contra la resolución del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB) por la que se ejecutó la resolución del banco Popular. En el auto, fechado el 14 de julio, requiere al FROB que presente en el plazo máximo de 20 días todos los expedientes administrativos del acto impugnado, con los documentos e índices correspondientes y les emplaza a que se personen en el plazo de nueve días.

El segundo recurso admitido a trámite fue presentado por el despacho Ontier contra el FROB. El recurso incorpora la petición de dos medidas cautelares: la «suspensión» del proceso de integración y la «anotación» de la operación en el Registro Mercantil, tal como publicó Expansión.

Acciones legales en marcha

El pasado viernes, el despacho estadounidense experto en litigación Kirkland & Ellis presentó en nombre de Antonio del Valle y otros inversores mexicanos un recurso de nulidad contra la resolución de Popular, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según publicó Expansión.

Unos días antes, el 4 de agosto, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) también interpuso, a través del despacho de abogados Cremades & Calvo- Sotelo, un recurso ante el Tribunal de la Unión Europea para impugnar la resolución del Popular por la Junta Única de Resolución (JUR).

La Audiencia Nacional ya ha admitido a trámite dos recursos en contra de la resolución del FROB

La asociación, que representa a 3.000 accionistas, señala que este recurso no tiene como fin conseguir la nulidad, al considerar que esta retroacción es ya inviable, sino que espera una compensación económica por las acciones de 1,85 euros. «Esta cantidad se deriva de las últimas cuentas anuales, según las cuales el Core Equity Tier 1 ascendía a 7.808 millones. El número de acciones en el momento previo a la resolución de la JUR era de 4.200 millones. Ambas magnitudes dan como valor unitario de la acción 1,85 euros, que razonablemente podría considerarse que los accionistas hubieran podido percibir tras un ordenado proceso de liquidación en un hipotético concurso de acreedores», señalan.

El 31 de julio fue Legaltrade quien presentó un recurso contra la resolución bancaria por parte de la JUR, que también reclama la responsabilidad patrimonial de la Unión Europea por actos y omisiones negligentes del BCE en el cumplimiento de sus elementales obligaciones de supervisión de las entidades de crédito. El bufete destaca que, aunque el recurso vence el 8 de agosto, cualquier perjudicado se puede adherir al mismo en el plazo de 6 semanas desde la publicación de la admisión a trámite en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Las demandas civiles llegarán en septiembre, cuando los bufetes tengan más información sobre el colapso del banco

Por su parte, la plataforma impulsada por Félix Revuelta, fundador y dueño de Naturhouse, interpondrá en septiembre las primeras demandas en varios juzgados de Barcelona, Burgos y Mallorca, entre otros. El grupo de accionistas minoritarios que ha aglutinado el empresario ya cuenta con cerca de 13.000 afectados. Rafael Moreno, abogado y consejero dominical del grupo de dietética, coordina las acciones legales a través de su propio bufete Moreno Olivares, con el apoyo de Juan Ignacio Sanz y Gregori Ferrer.

Exigirán responsabilidades, a través de la vía civil, a los dos últimos Consejos del Popular -los presididos por Ángel Ron y Emilio Saracho-, al auditor de las cuentas del banco PWC y al propio Popular, es decir, a su accionista único: Santander.

Aeris Invest, vehículo de inversión de la familia chilena Luksic, que alcanzó el pasado 6 de junio una participación en Popular del 3,45%, presentó a finales de junio un recurso contencioso-administrativo contra el FROB, representado por el bufete Roca Junyent y está pendiente de presentar en septiembre otro recurso contra la JUR en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.