El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha avanzado este miércoles ante la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, en una comparecencia para dar cuenta de las órdenes aprobadas en la última semana que suponen la toma de control casi total de los gastos que gestiona la Generalitat de Cataluña, que estas medidas se mantendrán «de manera indefinida», también tras el «pretendido referéndum» del 1 de octubre.

Según ha dicho, la intervención de las cuentas estará vigente «los meses y el tiempo que sea preciso», pese a que ha avanzado que la Generalitat ha dado marcha atrás y ha remitido entre este lunes y el miércoles –día en el que se deben hacer los envíos– los informes semanales pendientes en los que se certifica que ningún pago se está destinando a financiar el referéndum.

La interrupción de estas comunicaciones hace menos de una semana fue uno de los motivos esgrimidos por el Gobierno para dar el puñetazo en la mesa para intervenir las cuentas catalanas. Fuentes del Ministerio de Hacienda han confirmado que, a falta de revisar los informes correspondientes a la semana pasada, todos los pagos están en orden. No obstante, han matizado que esta cuestión solo fue un mero detonante de la intervención.

Montoro ha sugerido que este viraje llega tarde y ha explicado que la Generalitat está desarrollando una política «incoherente» y «caótica». Ha puesto como ejemplo que esta rectificación, el envío de los informes semanales, parte de la Intervención General autonómica en lugar de la vicepresidencia, como había ocurrido desde julio hasta el momento de la interrupción, comunicada el 14 de septiembre por el propio vicepresidente, Oriol Junqueras. Al respecto, Montoro ha preguntado a los diputados por qué Junqueras ha dejado de firmar los informes «si todo es tan legal».

Asimismo, ha recordado que con estas actuaciones Cataluña se está saltando las normas de transparencia que asumió al adherirse al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), del que son los principales benefactores, con un 30% de los fondos –unos 69.000 millones– y un ahorro asociado de unos 19.000 millones de euros.

Según ha asegurado, estos vaivenes se están traduciendo en una penalización por parte de las agencias de rating y los mercados. Además, ha indicado que esta circunstancia pone también en peligro la estabilidad financiera y la recuperación del conjunto de España.

Así pues, la inseguridad jurídica existente en Cataluña, la «actitud» de su Gobierno y el «limbo legal» que, según ha dicho, ha creado en la comunidad de forma unilateral y en confrontación con la Constitución, aprobando sus propias disposiciones normativas en busca de la «meta» de la independencia, siguen justificando la intervención contable.

Cataluña también debe ceñirse a Europa

Dicho esto, Montoro ha recalcado que Cataluña forma parte de España, como el país forma parte de Europa, y que las decisiones tomadas persiguen sostener el equilibrio fiscal del conjunto del Estado.

«Ni Cataluña ni el resto de comunidades pueden actuar como un ente aislado y  como si no hubiera otras realidades alrededor, como España no puede actuar de manera aislada en la UE», ha remachado, para insistir a renglón seguido en que «los riesgos que generan las políticas desarrolladas en Cataluña, no se miden en el Gobierno en función de la estabilidad presupuestaria de comunidad, sino de toda España».

El ministro de Hacienda no ha escatimado en llamadas al orden a Cataluña y a su engranaje dentro de España, y ha indicado, por ejemplo, que «la estabilidad financiera es un límite constitucional de la autonomía financiera».

No obstante, ante las críticas de los nacionalistas catalanes –los miembros de Compromis y ERC se han ausentado de la Comisión tras su intervención–, que hablan de una intervención de la autonomía competencial de Cataluña, Montoro ha querido aclarar que el control se extiende a la supervisión de los pagos, no a la capacidad de gestión del Govern. «La autonomía sigue funcionando a toda capacidad», ha añadido.

En marcha para pagar las nóminas de los funcionarios

Por otro lado, el ministro de Hacienda también ha justificado las decisiones tomadas por que la Generalitat, en su camino político, está «empujando» a los funcionarios llamados a cumplir con el plan del 1-O a incumplir la Ley y aún no ha remitido la información

En este punto, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los trabajadores de la Generalitat y ha asegurado que las nóminas de todos ellos se pagarán. Y es que, en tanto que la toma de control de los pagos implica que las nóminas, la deuda o los servicios públicos serán abonados directamente por el Estado, existe el riesgo de que los sueldos de los empleados públicos queden sin pagar si la Generalitat no aporta la información necesaria.

En este sentido, Montoro ha aclarado que su departamento se encuentra trabajando para buscar «fórmulas» para recabar estos datos sobre los trabajadores y el importe de sus sueldos para abonarlos.