El Independiente

El Gobierno acepta convertir plazas de interino en fijas en toda la administración

La sanidad es uno de los sectores con mayor volumen de interinos.

El pulso negociador que el Ministerio de Hacienda sostiene con los sindicatos de la función pública -CCOO, UGT y CSI-F- para fijar la subida salarial para 2018 y una nueva oferta pública de empleo, junto a otras cuestiones para nada menores, se prolongará más de lo previsto después de que el Gobierno haya aplazado sin fecha la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE). En lo que afecta a los funcionarios, el desacuerdo sobre las retribuciones mantiene enrarecido el ambiente. Sin embargo, hay avances sólidos en ciertas materias, entre ellas la de la situación de los interinos y de los empleados temporales en general.

Según prevén las partes, el Gobierno abrirá aún más la mano para que el acuerdo suscrito en el mes de marzo, por el que el 90% de las plazas temporales fundamentalmente en la sanidad, educación, justicia, servicios sociales o policía local pasarán a ser indefinidas, se extienda al resto de las administraciones y empresas pública, sin excepción. El resultado final será que la tasa de temporalidad no superará el 8% en todo el Estado.

Esto no quiere decir que los interinos de la Administración, con nombre y apellido, pasen a ser indefinidos, sino que sus plazas, en su mayor parte, saldrán a concurso como un puesto fijo. Así pues, la oferta de plazas se llevará a cabo dentro de los límites y reglas de gasto establecidos y respetando los principios de libre concurrencia, igual, mérito, capacidad y publicidad.

Con esta decisión, el Gobierno da, por el momento, carpetazo al debate sobre los derechos de los interinos iniciado hace un año, cuando el Tribunal de Justicia de la UE reconoció a una ex trabajadora del Ministerio de Defensa, que había cubierto durante años un puesto como interina, su derecho a ser despedida en condiciones similares a las de un trabajador indefinido, con una indemnización de 20 días por año trabajado.

Después de un año, tras el informe de los expertos que encargó el Ministerio de Empleo para hacer una interpretación de la sentencia, en el que proponían establecer una indemnización por despido de al menos 12 días para los interinos, el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo decidió elevar la pasada semana una cuestión prejudicial a instancias del recurso presentado por Defensa al Tribunal de Justicia de la UE. El objetivo es que aclare dicha sentencia en lo que se refiere a las consecuencias indemnizatorias de la finalización de contrato de interinidad.

Cabe recordar que un el Tribunal de lo Contencioso Administrativo número 2 de A Coruña ya reconoció el pasado julio por primera vez el derecho de un funcionario interino a recibir una indemnización similar a la de un trabajador indefinido tras su cese. Además, defendía que esta compensación debía ser de 20 días por año.

Así pues, para cuando el tribunal europeo emita su decisión, el acuerdo sobre los interinos estará previsiblemente cerrado. No obstante, fuentes sindicales recuerdan que pese al proceso de estabilización abierto, se mantendrá la contratación de interinos “sin abusos” en la Administración. Además, aún no ha echado a andar de forma práctica la conversión de plazas puesto que para ello es preciso abrir convocatorias y ejecutarlas, cuestión que se dilatará en el tiempo.

Creación de empleo neto en las fuerzas de seguridad

Otros de los puntos en los que el acuerdo está cerca de cerrarse es el de la oferta de empleo público ordinaria, que ya en el Presupuesto de 2017, con sus luces y sus sombras, dio un salto cualitativo sin precedentes durante la crisis. Al respecto, los sindicatos confían en que el acuerdo que se alcance sobre los avances logrados hasta ahora pueda dar lugar a la primera creación de empleo neto en muchos años.

Para ello, dan casi por cerrado que la tasa de reposición para cubrir bajas, especialmente por jubilación, en los servicios esenciales seguirá siendo del 100%, pero se elevará al 115% para las fuerzas de seguridad del Estado y policías locales y autonómicos. Para los servicios no esenciales, que actualmente tienen una tasa de reposición del 50%, la cifra podría elevarse al 75%. Y como novedad, una vez aplicados estos límites, cada administración podrá incrementar su personal en el sector que considere en un 5% para cubrir eventualidades como la creación de servicios nuevos o para cubrir vacantes por vacaciones.

Según los sindicatos, la razón de esta ampliación de las tasas de reposición están en la evidencia de que las plantillas de la administración están muy envejecidas y, de no hacerlo, sufrirán un importante vaciamiento en los próximos años. Como ejemplo, la Confederación de Seguridad Local (CSL) calcula que la edad media de los policías locales ronda los 50 años.

El acuerdo sobre los interinos no tendría a priori coste alguno, puesto que se trata de plazas que ya están ocupadas. Sin embargo, lo que tiene que ver con la oferta pública de empleo puede estar más sujeto a cambios, puesto que supondrá un gasto adicional y se confeccionará depende también del acuerdo salarial que finalmente se firme.

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