El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, ha tachado de «extraordinariamente preocupante» y «concesión demagógica» el acuerdo entre ERC, PNV y el Gobierno central para que los interinos con más de 5 años sean fijos sin opositar y con concurso de mérito.

«Es una concesión demagógica a una supuesta base electoral que piensan que tienen en los que trabajan interinos en la Administración del Estado o las CCAA», ha lanzado durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

Entiende que no se debería encaminar hacia ese modelo sino que tiene que ser de una manera más «flexible», siguiendo un estilo que permita «el movimiento entre sector público y privado» como en Alemania o Reino Unido y no «el sistema que se conoce como mi plaza en propiedad». «Esto va a ser una entrada masiva de personas que no se irán nunca. Me parece que no es susceptible de ser viable», ha zanjado, según informa Europa Press.

Rebaja de diez a cinco años

El acuerdo, al que llegaron los grupos de PSOE y Unidas Podemos con ERC y PNV, incluye dos disposiciones adicionales que obligan a las Administraciones a convocar «por el sistema de concurso aquellas plazas de carácter estructural que han estado ocupadas por personal temporal» al menos desde el 1 de enero de 2016, a contar cinco años desde el 31 de diciembre de 2020, han informado fuentes parlamentarias.

Esto supone una rebaja a cinco años tras los diez exigidos inicialmente por el Ministerio de Hacienda para rebajar la temporalidad en la Administración, dejando así la puerta abierta a que puedan consolidar su plaza de forma automática.

Las mismas fuentes han explicado que a los interinos de tres a cinco años se exigirá un «concurso-oposición en los cuales los ejercicios de la fase de oposición pueden no ser eliminatorios», mientras que de cinco años para adelante habrá un concurso de méritos amparado en artículo 61.6 del EBEP. «Las plazas que pueden salir por concurso no están condicionadas a no haber sido previamente convocadas», han añadido.

Por otra parte, el acuerdo también incluye que se extienden «explícitamente» a las sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales, fundaciones del sector público y consorcios del sector público.

Asimismo, se modifica la disposición transitoria que aborda los procesos de 2017 y 2018. «Se sigue hablando de que tienen que estar resueltas antes de 31 de diciembre de 2024 pero se elimina la referencia explícita a que «seguirán ejecutándose con arreglo a las previsiones de las respectivas convocatorias»», han indicado.