Algo más de cuatro de cada diez plazas incluidas en la oferta de empleo público extraordinaria y adicional aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros, que alcanza los 4.282 puestos entre 2017 y 2018, no son ni una cosa ni la otra.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este sábado el Real Decreto-Ley 13/2017 por el que se aprueba esta oferta de empleo en el que textualmente se dice que es “extraordinaria y adicional”. Su cometido, explica, es el refuerzo de las plantillas de la Administración General del Estado (AGE) en ámbitos como la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o la expedición del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Sin embargo, el texto incorpora una acotación que desmiente que toda la oferta de empleo sea adicional, como señala el enunciado. Ya en el preámbulo indica que de estas más de 4.000 plazas –un total de 3.832 son de turno libre y 450 de promoción interna–, 2.026 “reforzarán” la tasa de reposición de la oferta de empleo ordinaria de los Presupuestos de 2017, y por tanto, suponen un incremento de las plantillas por encima de las plazas convocadas por los cauces habituales. Las otras 1.806 plazas, alrededor del 43% del total, se prevén para el año 2018 y “se computarán en la tasa de reposición de dicho ejercicio”.

El Real Decreto-Ley precisa así que casi unas 1.800 plazas se descontarán dentro de la tasa de reposición del próximo año, con lo que no serán adicionales, sino que solamente se contabilizarán con antelación.

El Gobierno rebaja la factura

Esta forma de plantear el reparto de plazas y, sobre todo, de computarlas, supondrá una forma de sostener el gasto del Estado. Según precisa en la memoria económica del Real Decreto-Ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, el coste neto de la oferta de empleo que en él se recoge tendrá un coste neto de casi 3,2 millones de euros en 2017. Para este año, no será hasta el segundo semestre, como muy pronto en noviembre, cuando empiecen a tomar posesión los empleados públicos tanto en acceso libre como en promoción interna.

Sin embargo, respecto a las plazas correspondientes al ejercicio 2018, el Gobierno estima que no suponen aumento de gasto por computarse dentro de la tasa de reposición de 2018.

El Gobierno reconoce que esta oferta no supondrá un gasto añadido en 2018

Para calcular los casi 3,2 millones de coste neto que tendrá la oferta en 2017, el Gobierno estima que antes de que acabe el año se cubrirán el 40% de los puestos de acceso libre correspondientes a 2017 y el 100% de los de promoción interna.

De este modo, de las 2.026 plazas de turno libre autorizadas en 2017, el Ejecutivo prevé que se cubran 754, con un coste neto en retribuciones a abonar en 2017 de 2,95 millones de euros. A esta cantidad hay que sumar los 238.182 euros que el Gobierno calcula que costarán las retribuciones del personal que ocupará las plazas de promoción interna autorizadas para este año (450, de las que se cubrirán 419, según sus estimaciones).

La justificación del Gobierno

El Gobierno explica que las políticas públicas “requieren de un marco de planificación estable que se extiende más allá de la anualidad presupuestaria”. “Un marco bienal de planificación que permita reforzar el efecto disuasorio en relación con el fraude”, por ejemplo, en lo que concierne a la Agencia Tributaria y a la Inspección de Trabajo.

De ahí que, según su criterio, “es urgente dotar de estabilidad y certidumbre al ingreso de nuevos efectivos en estos sectores, en una perspectiva de jubilación significativa de sus actuales plantillas a medio plazo”. Dicho de otro modo, el Gobierno justifica así que se aborde en 2017 cuál será el reparto de parte de la oferta de empleo ordinaria de 2018.

Por otro lado, el cómputo de plazas para 2018 dentro de los márgenes de la tasa de reposición también se anticipa en el caso de las destinadas a personal con algún tipo de discapacidad. Por un lado, el Real Decreto-Ley autoriza la convocatoria de plazas correspondientes para personas con discapacidad general, equivalentes al 5% de las plazas cuya convocatoria se autoriza.

A continuación precisa que las plazas correspondientes a la reserva que se destina a personas con discapacidad intelectual, equivalentes al 2% por ciento de las contempladas, “se convocarán con ocasión de la oferta de empleo público ordinaria”. Por tanto, tampoco en este caso se trata de puestos adicionales.

El reparto de las plazas

El Real Decreto-Ley incorpora el reparto definitivo de plazas de esta oferta de choque de 4.282 puestos. Como se había anticipado, la Agencia Tributaria acaparará prácticamente la mitad, con 2.150 plazas de las que 1.075 serán adicionales en 2017 y 1.075 se incorporarán en la oferta de 2018.

El principal beneficiario de la oferta es la Agencia Tributaria

Los Inspectores de Hacienda (IHE) ya ha mostrado su enfado ante la letra pequeña de la oferta de puestos.  Según apuntan, que Hacienda afirme que se destinarán 2.150 plazas para la Agencia Tributaria “no es cierto”, ya que no se contemplan 700 jubilaciones que se van a producir el año que viene, de forma que el número real de plazas adicionales que se moverán a este ámbito será, en todo caso, de 350.

A continuación, el texto autoriza a la convocatoria de 884 puestos en ámbitos de la lucha contra el fraude en el empleo y la Seguridad Social, que también se reparten al 50% entre 2017 y 2018, con 442 plazas cada año.

Para control del gasto público, se prevé la convocatoria de 89 puestos este año y otros 89 en 2018, mientras que para el refuerzo del Servicio Público de Empleo (SEPE) y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), las plazas previstas son 180 en cada año.

Sin embargo, en lo que se refiere a la plantilla de las oficinas de expedición del Documento Nacional de Identidad (DNI) y las especialidades de nueva creación en la escala técnica de gestión organismos autónomos, dentro de Empleo, y en el cuerpo general administrativo de la AGE, en Tráfico, solo se prevé la ampliación de puestos en 2017.