El Tribunal Supremo tumbó hace un año por segunda vez la financiación del bono social, la política gubernamental con la que se trata de paliar los efectos de la pobreza energética. El Alto Tribunal consideró de nuevo que el reparto del coste del programa no tenían que asumirlo las eléctricas y obligaba a indemnizarlas por el dinero aportado durante los dos años anteriores, en total unos 500 millones de euros.

El Alto Tribunal obliga a que la indemnización se cargue al sistema eléctrico, no al Tesoro Público

El Ministerio de Energía ha maniobrado para aplazar el pago recurriendo la sentencia ante el Tribunal Constitucional e intentando que se eleve al Tribunal de Justicia de la UE, pero el Tribunal Supremo va quemando etapas y aclara ahora en una nueva sentencia quién debe hacerse cargo del pago de la indemnización… cuando se produzca.

Un auto de la Sala de lo contencioso administrativo del Supremo establece que las indemnizaciones han de cargarse al sistema eléctrico, y no al Tesoro Público o a las comercializadoras de electricidad, informa Europa Press. El auto del Supremo dirime así el incidente de ejecución de sentencia presentado por la eléctrica Viesgo para conseguir que se hiciera efectivo el reintegro del dinero que se le adeuda de los ejercicios 2015 y 2016 (y aunque también reclamaba el pago de 2014, el tribunal no se pronuncia a la espera de que la Audiencia Nacional decida sobre los recursos correspondientes a aquel año).

Los 1.000 millones en una cuenta de banco

El Gobierno ya incluyó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año una disposición adicional en el que se recogía la posibilidad de dedicar parte del superávit acumulado por parte del sistema eléctrico en los últimos años para cubrir posibles pagos derivados de fallos judiciales.

El pago está parado hasta que el TC decida si atienda el recurso del Gobierno y eleva el caso al Tribunal de la UE

Tras más de una década en que el sistema eléctrico acumuló una deuda de casi 30.000 millones de euros (el famoso déficit de tarifa), en los últimos años ha tenido más ingresos que costes. En 2014 los ingresos del sistema superaron en 550,3 millones a todos los costes reconocidos. En 2015 fueron otros 469,3 millones.

En total, de momento hay 1.019,6 millones de euros guardados en una cuenta bancaria cuyo titular es la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. A esa cantidad, en breve pueden sumarse en torno a otros 500 millones más correspondientes al superávit de 2016, según fuentes del sector. En la práctica, esa desviación positiva entre ingresos y gastos es el tesoro milmillonario pagado de más fundamentalmente por los consumidores con el recibo de luz y también por las eléctricas con los impuestos específicos del sector.

Pagar la deuda del sistema

La Ley del Sector Eléctrico establece que el Gobierno debería destinar ese saldo positivo acumulado a la amortización de la deuda del sistema eléctrico (de unos 23.000 millones de euros al inicio de 2017) y así poder reducir la cuantía de los intereses financieros. En principio, únicamente puede destinarse a pagar deuda y no a cubrir otros costes que permitiría bajar la tarifa eléctrica. Sólo este año los ciudadanos abonarán con su recibo de luz 2.838,3 millones de euros para tapar el agujero del sector eléctrico, para pagar la deuda que acumula el sistema. Y de ellos, 765,7 millones de euros son sólo intereses financieros por el pago prorrogado.

El sistema eléctrico acumula un superávit de 1.000 millones que pronto se pueden convertir en 1.500

El Gobierno encontró otra forma de empezar a gastar ese saldo sobrante con la disposición incluida en los PGE. El Ministerio de Energía, de momento, trata de postergar que esas eventuales indemnizaciones se materialicen. No utilizará el superávit hasta que haya una sentencia firme relacionada con el sistema eléctrico. Y según fuentes gubernamentales probablemente durante este año no haya ninguna sentencia en firme ni de los tribunales nacionales ni internacionales, fundamentalmente por los recursos presentados por el propio Ejecutivo para aplazarlas.

El sector eléctrico da por hecho que la fórmula a través de los PGE fue diseñada para afrontar fundamentalmente la devolución de los 500 millones que se adeuda a las grandes compañías eléctricas después de que el Tribunal Supremo tumbara por segunda vez el sistema de financiación del bono social.

Pero el Gobierno lleva casi un año maniobrando para aplazar ese pago, y el último paso ha sido solicitar al Tribunal Constitucional que plantee sobre este tema una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Mientras el Alto Tribunal decide y si finalmente el caso acaba en Luxemburgo, la devolución a las eléctricas quedará parada.