El Gobierno reservó el pasado lunes "más" de 2.000 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados para el ejercicio 2018, según la documentación del plan presupuestario enviada a Bruselas. Una cantidad que irá a pagar el rescate de las nueve autopistas de peaje quebradas y que el Estado reserva para hacer frente a la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) que Fomento firmó en su día con las constructoras encargadas de levantar y explotar esas carreteras de pago y, sobre todo, con la banca acreedora.

Hoy la banca acreedora son los fondos buitre: entidades extranjeras como Natixis, BNP, Société Générale, ING Royal Bank of Scotland o Bank of Tokio han vendido en los últimos dos años la deuda de los peajes en bancarrota a fondos de capital riesgo menos conocidos. Ahí están los fondos TCI, King Street, Taconic, SVP, Blue Montain, Neuberger, etcétera: todos adquirieron deuda de las carreteras quebradas con agresivas quitas -de hasta el 90% en algunos casos- y todos quieren cobrar lo máximo posible. Cuanto antes.

Los fondos buitre acreedores quieren cobrar lo máximo y plantearán un contencioso-administrativo

Según fuentes del proceso concursal, los fondos buitre rechazan el rescate de 2.000 millones que el Gobierno ha notificado a Bruselas. "Fomento y los acreedores ya anduvieron negociando intensamente liquidar la deuda pactando una cantidad. Y nunca hubo nada parecido a un acuerdo", recuerdan estas fuentes. Por eso varios apuntan a que en lugar de pacto lo que habrá será un contencioso-administrativo y una cantidad final a pagar -por todos los españoles- que se dirimirá en los tribunales.

A esa demanda segura se adherirán las concesionarias, esto es, las constructoras afectadas por la bancarrota: Abertis, ACS, Ferrovial, OHL, Sacyr, Isolux, Globalvía y otras firmas potentes conocidas. Las autopistas en cuestión son las radiales de Madrid R-2 (la única sin RPA), R-3, R-4 y R-5, la AP-36, la AP-41, la M-12 Eje Aeropuerto de Barajas, la Circunvalación de Alicante Ciralsa y el tramo de peaje Cartagena-Vera. Entraron en cascada en concurso de acreedores a partir de 2012.

El Tribunal de Cuentas eleva el rescate de las autopistas de peaje quebradas a 3.718 millones

Para los conocedores de los entresijos, la reclamación de los fondos estadounidenses "tiene sentido". El 10 de octubre el Tribunal de Cuentas estimó en su informe de fiscalización de la Cuenta General del Estado de del ejercicio 2015 que "el riesgo máximo" para el Estado con relación al rescate de las autopistas en quiebra era de 3.718 millones de euros. La diferencia entre lo que el Estado propone a la Comisión Europea y el informe del tribunal fiscalizador -que denuncia la falta de transparencia del Gobierno sobre la futura RPA a pagar- es de más de 1.700 millones de euros.

Los cálculos de la patronal de la construcción Seopan, que representa a las concesionarias, son aún mayores: según Seopan, a 31 de diciembre de 2016, la RPA ascendía a 4.032 millones de euros, a lo que habría que añadir 625 millones por instrumentos financieros que al extinguirse las sociedades no podrían recuperarse y 1.000 millones por expropiaciones. En total, más de 5.600 millones, una cantidad que Fomento rechaza.

Cuanto más elevada sea la RPA, más habrá para las constructoras, las últimas en cobrar

El ministerio no se prodiga mucho en la cuestión del rescate por varias razones: los contratos -RPA incluida- de las nueve autopistas quebradas proceden de la etapa de Álvarez-Cascos en Fomento, cuando Aznar era presidente del Gobierno. Años después, al llegar Mariano Rajoy a La Moncloa, la entonces ministra del ramo y actual presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, proclamaba en 2014 y 2015 que el rescate de las carreteras tendría un "coste cero" para el contribuyente.

Cuanto más elevada sea la RPA a pagar, más habrá para las concesionarias. Porque serán las últimas en cobrar -si es que cobran- al estar la deuda "pignorada", aunque algunas constructoras como Abertis ya han anunciado públicamente haber provisionado la cantidad invertida en las autopistas de peaje a fondo perdido. "Los cálculos son un poco caprichosos según quien los haga", ironiza alguien cercano al mundo concursal. "Se incluyen o no expropiaciones. Ya lo decidirá un juez".

'Renacionalización' temporal

El rescate o indemnización de 2.000 millones que el Estado pagará sí o sí no está cerrado: los presupuestos están abiertos a modificaciones. El proceso además nada tiene que ver con la renacionalización temporal de las autopistas de peaje: las nueve revertirán a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), de titularidad pública, el 15 de enero de 2018, a excepción de la autopista Madrid-Toledo, que lo hará el 1 de abril del año que viene. A continuación, las carreteras de peaje volverán a licitarse: saldrán a concurso en ocho concesiones distintas en un plazo que “no excederá el 31 de diciembre de 2018”.

El colofón es que Fomento espera con esta relicitación un beneficio neto de 34,4 millones de euros en 2018. Habrá que ver si sus planes se cumplen esta vez.