Iberdrola  ha presentado al Ministerio de Energía la solicitud formal para echar el cierre de las centrales de carbón de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia), con lo que completará la clausura de todas sus instalaciones de carbón en el mundo. Se trata de un desafío en toda regla al Gobierno: por un lado, porque lo ha hecho sin contar con el Ministerio antes de activar el proceso y, por otro, porque la petición de clausura llega cuando el Gobierno está preparando una normativa precisamente para evitar que las eléctricas puedan clausurar centrales sin el visto bueno gubernamental.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha respondido hoy al órdago de Iberdrola recordando que España sigue necesitando el carbón para dar estabilidad al suministro y a los precios de la electricidad y subrayando que la clausura de plantas –éstas u otras- debe estar en línea con las necesidades de la política energética del Gobierno.

“El Gobierno sabe y cree que necesitamos mantener el carbón dentro del ‘mix’ energético”, ha sentenciado Nadal. “Iberdrola ha tomado una decisión empresarial pero nosotros decimos que debe ser compatible con la política energética, que es la que define el mix”. El mix es la combinación de los diferentes tipos de energía (nuclear, gas natural, carbón, renovables…) para generar electricidad.

El Gobierno llevaba meses advirtiendo de que ultimaba un real decreto para tener instrumentos legales incluso para intervenir centrales eléctricas en caso de las compañías quisieran cerrarlas. Sin embargo, el Ministerio de Energía enfrió la semana pasada las prisas de antaño. Fuentes ministeriales desvelaron que continuaban tratando de sumar apoyos parlamentarios -de momento, sin éxito– y que sus planes pasaban por abordar el contenido de la nueva normativa con el grupo de expertos que trabaja sobre la transición energética del país.

La posición del ministro Nadal es firme y parece inamovible: el reparto entre las diferentes tecnologías del mix energético es un punto clave de la política energética nacional y ésta sólo la puede establecer el Gobierno, no las compañías eléctricas.