Como una hucha con 21.200 millones de euros, pero sin llave. Los ayuntamientos han ido juntando euro a euro esos ahorros, la hucha son los depósitos con escasa rentabilidad en los que duermen y la llave la tiene el Ministerio de Hacienda, la autoridad que tiene la capacidad discrecional de aplicar la regla de gasto.

Esta regla es la herramienta prevista en la Ley de Estabilidad de 2012 con la que se limitan cada año los desembolsos de las administraciones para salvaguardar la estabilidad presupuestaria. Más allá del porcentaje de incremento fijado –del 2,1% para este año– no se puede gastar más. Y ese límite se establece en función del crecimiento potencial de la economía a medio plazo. Es decir, se trata de que el gasto del Estado no cabalgue más rápido que su crecimiento.

Esa misma regla es la que, según el Ministerio de Hacienda, se ha venido saltando el Ayuntamiento de Madrid desde 2015 y el motivo por el que ya en 2017 ha decidido fiscalizar cada una de sus partidas de gasto y a empujar al consistorio a bloquear, de momento, 173 millones de euros antes de que acabe el ejercicio.

El Ayuntamiento que encabeza Manuela Carmena prevé recurrir la decisión como si fuera el ariete de las más de 8.000 entidades locales que hay en España. La alcaldesa aseguraba este martes en rueda de prensa que debía presentar ese recurso «para todos los ayuntamientos», porque «no tiene sentido tener ese dinero paralizado sin ninguna rentabilidad». Ese dinero son los 21.200 millones de euros que se contabilizan en el segundo trimestre del año, el equivalente a más de cuatro veces el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para este año.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) viene desde hace más de un año reclamando a Hacienda que levante la mano y permita saltarse esta regla a los ayuntamientos saneados, que son muchos. Sin embargo, el departamento de Cristóbal Montoro se mantiene firme, entre otras cosas porque es el superávit de las entidades locales el que sigue cuadrando las cuentas de déficit del conjunto del sector público. Si gastan más, ese superávit se reduciría y las cuentas que se presentan a Bruselas no cuadrarían tanto.

La cara ‘B’ de la situación es la de muchos ayuntamientos que, con superávit, como Madrid, no pueden ampliar sus gastos más allá de una serie de partidas que no computan a efectos de la regla de gasto, como los intereses de la deuda, el gasto en prestaciones por desempleo y las transferencias a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales vinculadas a los sistemas de financiación.

En todo caso, para los ayuntamientos saneados existe la posibilidad de destinar el superávit a inversiones, pero siempre que a lo largo de su vida útil sean financieramente sostenibles.

Con la intervención de las cuentas madrileñas, la presión de los municipios sobre Hacienda se ha intensificado. Un redoble que ha tenido como eco la aprobación en el Congreso de los Diputados de una proposición no de Ley en la que se insta precisamente a hacer excepciones con los municipios sin excesiva deuda, con superávit y al corriente de pagos. Las mismas condiciones que Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea han recogido en una proposición de Ley similar presentada en la Cámara Baja que se ajusta como un guante a las necesidades de Madrid.

La regla de gasto ha duplicado los ahorros

Los registros del Banco de España muestran que los depósitos de los ayuntamientos se han duplicado desde la puesta en marcha de la Ley de Estabilidad en 2012. En ese año ascendían a 11,7 millones de euros de euros, cifra que no ha dejado de crecer a un ritmo de 2.000 millones cada año.

Llama la atención que, en paralelo, los depósitos de las comunidades autónomas se han mantenido estables a medida que iban reequilibrando sus cuentas, hasta encajar dentro de los objetivos de estabilidad el pasado año, y los de la Administración Central se han reducido drásticamente, desde los 42.600 millones de euros a los 15.700 millones, en paralelo a una cada vez mayor carga presupuestaria por las ayuda financieras brindadas precisamente a las comunidades autónomas.