El secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, ha dibujado este martes en la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados un escenario casi apocalíptico en el caso de que se acabe aprobando la Proposición de Ley para implantación de la Prestación de Ingresos Mínimos derivada de la Iniciativa Legislatura Popular (ILP) promovida por los sindicatos CCOO y UGT. “Acabará con la Hacienda pública y la economía. Todo el Estado del Bienestar se vería amenazado”, ha vaticinado.

La renta consiste en una ayuda de 426 euros mensuales para personas sin recursos entre 18 y 65 años que los sindicatos estiman que beneficiaria a alrededor de 2,5 millones de personas.

Los cálculos del gasto que esto supondría varían desde los 15.300 millones de euros estimados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (IRPF) hasta 10.200 millones que prevén los sindicatos, descontando el efecto beneficioso que ello generaría para el consumo y, en consecuencia, para la recaudación por IVA.

Nadal ha asegurado que la implantación de esta ayuda supondría un desincentivo al empleo y una efecto llamada para personas sin recursos de otros países. Ello supondría un incremento de los beneficiarios más allá de los inicialmente previstos. Así es que, partiendo del cálculo de costes más alto, el montante final se duplicaría o incluso se triplicaría.

Es decir, que la renta mínima de los sindicatos acabaría costando hasta 45.000 millones de euros al año.

No se podría financiar

¿Cómo se financia una cantidad semejante? Sería imposible, según Nadal, sin que ello supusiera una retroceso presupuestario y económica hasta los inicios de la crisis, lo que tendría un efecto perverso: en lugar de proteger a más gente, aumentaría la proporción de población en riesgo de exclusión.

La razón es que para financiar la renta mínima que se plantea sería necesario subir el tipo general del IVA en seis puntos porcentuales, o los tres tramos –general, reducido y superreducido– en tres puntos porcentuales, incluida la tributación de los bienes de primera necesidad.

Más aún, el secretario de Estado de Presupuestos plantea que como alternativa el Gobierno se vería obligado a incrementar en 20 puntos porcentuales la tributación del IRPF.

“La subida impositiva sería tal que requeriría un esfuerzo de tal nivel que volveríamos a los peores años de la crisis”, ha vaticinado, para apostillar: “Acabaría con la hacienda pública y con la economía. Todo el Estado del Bienestar se vería amenazado”.

Reorganizar lo que ya tenemos

Nadal ha propuesto como alternativa la idea que desde el Ministerio de Empleo ya se está desarrollando, una reorganización de todo el sistema de protección social para hacer más eficiente el gasto y orientar mejor las ayudas.

En este sentido, ha insistido en que en esta materia las Administraciones Públicas no parten de cero, ya que destinan importantes recursos a políticas de inclusión social. En total, unos 8.400 millones de euros, un 0,75% de nuestro PIB, entre las ayudas procedentes del Estado y las de las comunidades autónomas.

Se ha detenido, por ejemplo, en las prestaciones no contributivas que ya funcionan ligadas al desempleo, como los subsidios, el Plan Prepara, o el Programa de Activación de Empleo, etc, que suponen unos 6.950 millones de euros, y en las prestaciones económicas para asegurar un nivel de renta.

Además, ha llamado a considerar los 1.400 millones de euros que las comunidades destinan a sus políticas de Rentas Mínimas de Inserción.