El ministro de Energía, Álvaro Nadal.
La Comisión Europea dio un plazo dos meses al Gobierno español para dejar de manejar directamente la mitad del recibo de la luz y que cediera ese control a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), como establece la legislación europea. Le dio un ultimátum de dos meses, pero de eso hace más de un año.
Bruselas abrió un procedimiento de infracción a España y ya remitió a Madrid en septiembre del año pasado un dictamen motivado en el que amenazaba con denunciar al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el Gobierno seguía blindando su potestad de fijar el importe de los peajes eléctricos. Unos peajes que son cargos incluidos en el recibo de la luz para cubrir los costes reconocidos del sistema eléctrico (transporte, distribución, las ayudas a las renovables…) y que representan cerca del 45% de la factura final de la luz.
El Ministerio de Energía ha estado todo este tiempo resistiéndose a ceder estas funciones a la CNMC y ha defendido con insistencia ante Bruselas que la fijación de la cuantía de los peajes es una labor clave de la política energética de cualquier gobierno y que debería mantenerse su carácter político, y no exclusivamente técnico.
El Gobierno español parece resignado a aceptar las exigencias de Bruselas, porque ahora cuando una mayoría de países comunitarios y una mayoría en el Eurocámara parecen decididas aclarar de manera meridiana en la nueva normativa de la UE la obligación de los gobiernos a ceder la fijación de los peajes a los supervisores nacionales.
La propuesta de Nadal
El Ejecutivo ha remitido a Bruselas una propuesta de nuevo modelo con el que cede a la CNMC el reparto de los peajes eléctricos, pero con la condición de que sea cumpliendo las directrices que marque el propio Ministerio de Energía, según ha explicado el ministro Álvaro Nadal en la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados.
“El nuevo paquete de medidas sobre energía de la Unión Europea aclarará que los organismos reguladores deben establecer la estructura y el precio de los peajes energéticos”, ha dicho Nadal. “El Gobierno español se ha adelantado y ha diseñado una propuesta en la que la CNMC marcará los peajes, pero siguiendo las directrices que marque el Gobierno”.
“El supervisor que reparta los peajes como quiera, pero con unas orientaciones del Gobierno”. Se trataría de un modelo similar al que se aplica en Francia, y que “no está exento de dificultades”, ha advertido el ministro. La impresión que tiene el Gobierno es que a la Comisión Europea la propuesta española, que se lleva negociando desde hace meses, “le está pareciendo bien”.
Hasta ahora, el Gobierno hacía una interpretación particular de la legislación europea vigente sobre este punto. Según el criterio del Ministerio de Energía -que no compartía la Comisión Europea- la norma establecía que la CNMC debía encargarse de establecer la estructura de los peajes "o" de los precios. De una cosa o de otra, no de ambas. Mientras que Bruselas insistía en que el supervisor debía hacerse cargo de la metodología de los cargos y de su cuantía. Para salir de dudas, en la futura normativa se reflejará claramente que los organismos reguladores decidirán la estructura "y" los precios. Aunque el Ministerio de Energía quiera guardarse la potestad de tener la última palabra.
Bruselas frenó la denuncia
Aunque el Ministerio de Energía no haya traspasado esas funciones a la CNMC durante el último año desde el aviso de Bruselas y de que incluso aprovechara el mes pasado un decreto sobre reorganización del Ministerio para refrendar la fijación de peajes como una competencia propia (de hecho, la CNMC prepara ya la batalla legal contra el nuevo texto), Bruselas ya había desactivado la amenaza de presentar la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplimiento de la normativa comunitaria.
El comisario europeo de Energía, el ex ministro español Miguel Arias Cañete, abogó hace unas semanas por “la vía del diálogo” con el Gobierno para resolver el conflicto de competencias. Y descartó acudir a los tribunales por este caso porque la denuncia debe limitarse a casos en que “la postura del Estado es absolutamente recalcitrante” y porque la sentencia del TJUE “tardaría unos tres años” en dictarse.
La legislación comunitaria establece –y así se pretende aclarar en el nuevo paquete normativo que se prepara- que deben ser los supervisores independientes los que fijen los peajes eléctricas y del gas, para evitar que el Gobierno haga política con las facturas de energía. En los últimos años que la fijación de los peajes esté en manos sólo del Ministerio de Energía ha hecho posible rebajas del recibo en año electoral,que se prometa que estarán congelados los peajes durante toda la legislatura o pactar un recorte especial del recibo de la industria vasca en la negociación con el PNV de los Presupuestos Generales del Estado.
Todas las claves de la actualidad y últimas horas, en el canal de WhatsApp de El Independiente. Únete aquí
Te puede interesar