La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) se prepara para dar la batalla contra la decisión del Gobierno de quitarle más competencias para cedérselas al Ministerio de Energía. El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un decreto que cede nuevas competencias en energía y telecomunicaciones al departamento que dirige Álvaro Nadal y que reorganiza las subdirecciones del Ministerio para adaptarlas a las nuevas labores.

La dirección del organismo que preside José María Marín Quemada analiza diferentes vías legales para frenar el nuevo trasvase. No se descarta ningún recurso ni ninguna apelación en diferentes instancias para proteger a la CNMC y que se cumpla el reparto competencial que establece la regulación de la Unión Europea, según confirman a El Independiente fuentes conocedoras de la situación, que auguran que se tomará una decisión en cuestión de días.

El enfrentamiento entre la CNMC y el Gobierno por el reparto de competencias viene de lejos. El regulador lleva tiempo quejándose abiertamente de que el Ejecutivo le quita competencias e incluso que incumple la legislación europea al no traspasarle algunas otras que mantiene. Y cuando el choque entre ambos era ya directo, el Ministerio de Energía asume ahora nuevas labores hasta ahora asignadas al supervisor.

Guerra en Bruselas

En el último decreto, publicado el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se reflejan todas las funciones que recaen en la Secretaría de Estado de Energía y en la de Sociedad de la Información y la Agenda Digital. Entre ellas, se recoge una especialmente delicada: el Gobierno confirma como propia la competencia de fijar los peajes del sistema eléctrico.

Y ha sido el empeño del Ministerio de Energía por mantener esa competencia y no cederla a la CNMC la que ha provocado que la Comisión Europea –tras tres años de investigación- haya abierto un procedimiento de infracción contra España, y que amenace con denunciar al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que deje de ejercer el control directo que mantiene sobre parte de la factura eléctrica.

Bruselas exige al Ministerio de Energía que ceda la fijación de los peajes de acceso del sistema eléctrico a la CNMC como exige la normativa europea. Los peajes de acceso que determina el Ministerio de Energía sirven para cubrir los costes regulados del sistema (transporte, distribución, primas a renovables, ayudas al carbón…) y representan cerca de un 45% de la factura eléctrica total que acaban pagando los clientes.

El Gobierno español se resiste a plegarse a los requerimientos de Bruselas y a las invectivas de la CNMC. Así que sigue sin tomar medidas para ceder la gestión de los peajes y defiende que el manejo de esa parte de la factura siga en manos del Ministerio. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, defiende abiertamente que el establecimiento de esos peajes es una parte fundamental de la política energética gubernamental.

Hace unos meses, el Gobierno quiso hacer ver que estaba dispuesto a hacer concesiones para conseguir cerrar el expediente abierto por la Comisión Europea por incumplir la normativa. Nadal ofreció dar más independencia a la CNMC en este campo con un sistema de doble lectura, pero que a la postre dejaba la última palabra en manos del Ministerio. El expediente sigue paralizado en Bruselas a la espera de que el comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, tome una decisión.

Competencias y ‘cortinas de humo’

El Gobierno se dispone a segregar la CNMC en dos organismos, uno que se encargará de la competencia y la unidad de mercado, y otro que estará destinada a la supervisión de sectores y mercados (energía, transporte aéreo y ferroviario, telecomunicaciones y los servicios postales).

El presidente de la CNMC, José María Marín Quemda, ha denunciado que el debate sobre el modelo del organismo es sólo “cortina de humo” para “enmascarar la cuestión nuclear que son las competencias que tiene y debe tener el supervisor”.

“El debate sobre el modelo de la CNMC apenas araña la superficie de la verdadera cuestión. Lo importante es el contenido de las instituciones, sus competencias, sus responsabilidades, su capacidad”, sentenció  en una intervención pública.

Marín Quemada se refería a las competencias que el Gobierno decidió arrebatar al organismo para gestionarlas directamente: singularmente el control de los peajes de acceso del recibo de la luz y el reparto del espectro radioeléctrico de las telecomunicaciones, que son funciones reservadas en el resto de países de la Unión Europea a los organismos supervisores.