La Comisión Europea ha amenazado con denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el Gobierno no deja de ejercer el control directo que mantiene sobre parte del recibo de la luz. Bruselas exige al Ministerio de Energía que ceda la fijación de los peajes de acceso del sistema eléctrico al supervisor del sector -en el caso español, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)- como marca la normativa europea.

El Gobierno español se resiste a atender por completo el requerimiento de la Comisión y defiende que el manejo final de esa parte de la factura eléctrica siga en manos del Ministerio alegando cuestiones de «soberanía nacional», aunque ha dado ya los primeros pasos para intentar aplacar a Bruselas y conseguir cerrar el expediente.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, remitió el pasado noviembre una carta a Bruselas comprometiéndose a conceder más independencia a la CNMC en este campo. Pero el Ejecutivo propone un sistema de «doble lectura» en el que la CNMC propondría los peajes, el Gobierno sería el encargado de fijarlos realmente y el supervisor daría posteriormente el visto bueno, aunque no se explica cómo se resolverían las discrepancias, según adelantan El País y El Mundo. Sin embargo, el propio ministro llegó a mostrarse la semana pasada abiertamente en contra de ceder las competencias por completo.

La Comisión Europea reclama ceder a la CNMC la fijación de los peajes eléctricos, que suponen el 45% del recibo

Los peajes de acceso que determina el Ministerio de Energía -hasta hace unos meses lo hacía el Ministerio de Industria- sirven para cubrir los costes regulados del sistema (transporte, distribución, primas a renovables, ayudas al carbón…) y representan cerca de un 45% de la factura eléctrica total que acaban pagando los clientes. El resto del recibo lo constituyen el precio de la propia electricidad (35%), que se establece con la cotización del mercado eléctrico mayorista, y los impuestos (20%).

Soberanía nacional

«El Gobierno y las Cortes tienen mucho que decir sobre la parte fija del recibo eléctrico. Hay una parte que debe reservarse para la soberanía nacional», sentenció la pasada semana el ministro de Energía, Álvaro Nadal, en el Congreso de los Diputados. «Si ustedes creen que debe ser sólo la CNMC quien fije los peajes», dijo el ministro a los partidos de la oposición, «yo no lo comparto».

Y es que desde el Ejecutivo se insiste en que la reglamentación comunitaria no exige ceder todo el control a la CNMC. «La normativa europea dice que el supervisor se encargará de fijar la metodología o de fijar los precios de los peajes, no que deba fijar la metodología y los precios, como sostienen algunos elementos… algunas personas de dentro de la CNMC», explicó Nadal. Pero Bruselas parece tener otra interpretación del contencioso.

El Gobierno estaría intentando cumplir con Bruselas dando una mayor participación en el proceso de fijación de los peajes energéticos al supervisor, pero teniendo el Ministerio la última palabra sobre cómo repartir el pago de los costes fijos del sistema, al considerar que se trata de una de las bases de la política energética del Ejecutivo.

La CNMC ha llegado a aprovechar la publicación de informes preceptivos sobre el sector para quejarse abiertamente contra la dilación del Gobierno en adoptar estas medidas.

Más de tres años de investigación

La Comisión Europea abrió en 2013 un expediente de oficio a España por la incorrecta aplicación de las directivas europeas del mercado interior de la energía. Una legislación que establece que debe ser el supervisor, la CNMC, el encargado de fijar la cuantía de los peajes eléctricos o, en efecto, al menos su metodología de cálculo. Pero en España el regulador sólo asigna formalmente esos peajes, mientras que es directamente el Gobierno el que los fija previamente.

El año pasado la Comisión finalizó su larga investigación después de tres años y comunicó a Madrid la apertura de un procedimiento de infracción de manera definitiva, en el que el Gobierno tenía derecho a presentar sus alegaciones.

La normativa europea trata de evitar que los gobiernos hagan política con la manipulación del precio de la luz

Las aclaraciones aportadas por el Gobierno español no cambiaron el parecer de Bruselas, que se ha decidido por avanzar hacia el procedimiento con una opinión razonada afeando que el Gobierno haya usurpado competencias propias del regulador (y que antes de la reforma del anterior Gobierno del PP en España tenía la extinta Comisión Nacional de la Energía, integrada en la actual CNMC).

Sin embargo, el largo periodo en que el Gobierno estuvo en funciones por la convocatoria de unas segundas elecciones el pasado año ha venido retrasando el proceso abierto por Bruselas. Pero ahora la amenaza de que España acabe denunciada ante el Tribunal de la UE si el Gobierno vuelve a estar sobre la mesa. Y es que la Comisión Europea publicará el próximo 17 de febrero una nueva lista de infracciones cometidas por los estados miembro, y ahí se verá si Bruselas se decide a denunciar a España o acepta la propuesta del Gobierno a la espera de que se concrete con más detalle, informa Europa Press.

La normativa europea trata de evitar que los gobiernos hagan política con la manipulación del precio de la luz. Que en España la cuantía y el reparto de los peajes dependa exclusivamente del Gobierno ha hecho posible, por ejemplo, que el Ejecutivo utilizara el superávit del sistema eléctrico de los últimos años para aplicar rebajas de los peajes en año electoral. De hecho, el propio ministro Nadal presumió la pasada semana en el Congreso de haber destinado ese superávit a recortar los peajes en 2016 y subrayó su compromiso de mantenerlos congelados durante toda la actual legislatura.