El despacho de abogados Jausas ha presentado ante los juzgados de primera instancia de Madrid la primera demanda contra Santander por enriquecimiento ilícito en la compra de Banco Popular por un euro, tras la resolución de la entidad acordada por la Junta Única de Resolución (JUR).

El bufete actúa en representación de una particular, una viuda de 80 años que había invertido 50.000 euros en bonos de Popular que, tras la resolución del banco, fueron convertidos en acciones y amortizados a valor cero.

En la demanda, a la que ha tenido acceso Efe, se explica que la operación ha producido un «descomunal enriquecimiento injusto» por parte de Banco Santander, equivalente al empobrecimiento de los tenedores de acciones, participaciones referentes y bonos, quienes han sido privados de su propiedad a cambio de la parte proporcional de un euro una vez descontados los gastos de la subasta.

Popular, prosigue el documento, «era y es un banco solvente», que si se ha visto afectado por un proceso de resolución «es por un problema de liquidez y no de solvencia».

La entidad contaba con un patrimonio contable neto superior a los 11.000 millones de euros, y no solo había superado los test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en 2016 sino que en junio de ese mismo año había ampliado capital en 2.505 millones de euros.

Santander «adquirió un banco con un valor cercano a 4.500 millones de euros no por un euro, como se suele publicar, sino por un precio de menos 2.030 millones de euros», añade el escrito, ya que «abonó un euro al tiempo que la deuda de Banco Popular por importe de 2.030 millones de euros fue extinguida» por el FROB.

Para los letrados el precio era «irrisorio» no sólo en contraste con el que el consenso de los analistas otorgaba al banco, sino porque en las tres sesiones siguientes a la compra las acciones de Banco Santander subieron el equivalente a 4.634 millones de euros de capitalización.

Asimismo, la propia información facilitada por Banco Santander el 7 de junio de 2017 demuestra que la previsión de generación de beneficios de Popular en los ejercicios 2018-2020 «-nada menos que 2.345 millones de euros-» permite atribuir a dicha participación un valor de 4.265 millones de euros.

Santander, sabedor de que la compra de Popular podría desencadenar una avalancha de demandas por parte de los antiguos accionistas del banco que presidía Emilio Saracho, ha tratado de paliar el malestar ofreciendo bonos a cambio de la renuncia a emprender acciones legales.