La crisis de liquidez que quebró Popular, al sufrir fuga de depósitos por importe de 18.552 millones en el primer semestre de 2016, saturó en las semanas previas a su resolución la flota de camiones de Prosegur, la compañía con la que habitualmente trabajaba el banco para transportar el dinero a las sucursales.

Según ha podido saber El Independiente, Popular tuvo que recurrir a Loomis, otra empresa experta en gestión de efectivo y principar competidor de su proveedor, para poder hacer frente a la masiva retirada de efectivo en las oficinas y en los cajeros durante los días previos a la intervención durante la noche del 6 de junio.

Más de 18.000 millones de depósitos salieron de las cuentas de Popular antes de su resolución

Según los datos de la Asociación Española de Banca (AEB), a cierre de 2016 contaba con 71.473 millones de euros en depósitos a clientes, mientras que al término del primer semestre Popular disponía de 52.921 millones. Así, la salida asciende a 18.552 millones de euros.

La compra por parte de Santander por un euro frenó la salida de dinero del grupo. José Antonio Álvarez, consejero delegado de Santander, destacó en la presentación de resultados del grupo del primer semestre que habían recuperado 10.000 millones de depósitos de los 20.000 millones que salieron de Popular, desde el día de la compra por parte del grupo que preside Ana Botín.

El 30% del dinero que salió antes del rescate pertenecía a instituciones públicas

“Estamos recuperando depósitos de particulares y pymes de Popular de forma sostenida y estamos contentos. La tendencia es buena y estamos satisfechos. La gente de Popular está haciendo una labor excelente”, aplaudió el ejecutivo.

Sobre la salida de depósitos del banco se pronunció el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, el jueves en el Congreso, en el marco de la comisión que investiga la crisis financiera. Restó importancia a la responsabilidad de las instituciones en la quiebra de Popular por la fuga de pasivo y detalló que “un 70% del dinero que salió era privado y sólo un 30% de instituciones públicas, como comunidades y ayuntamientos”.