Los malos presagios enturbian el idilio que vive España con los mercados desde el inicio de 2018. Moody’s ha puesto este viernes la nota discordante entre el coro de voces que vienen alabando en las últimas semanas la solidez de la economía española. Para los analistas de la agencia, el país se enfrenta a serios desafíos que amenazan la solidez de un crecimiento que pierde fuerza.

En un informe en el que actualiza su visión sobre España, Moody’s se muestra contundente al observar que «las tensiones políticas y la ausencia de progresos en reducir la carga de la deuda pública son fuentes de limitación del crédito». De este modo, la agencia, que otorga a la deuda española una nota de Baa2, la más baja de las que le dan las grandes firmas de calificación, muestra que no tiene entre sus planes elevar esta calificación en el corto plazo.

Moody’s hace, por lo tanto, una lectura muy diferente a la realizada hace apenas dos semanas por la agencia Fitch, que decidió elevar el rating de España a su nivel más elevado desde 2012, lo que ha tenido un impacto muy favorable sobre la prima de riesgo española, que se mueve en sus niveles más bajos en ocho años.

Los analistas de la firma estadounidense sí reconocen los logros recientes de la economía española y destacan que «el desempeño reciente de su crecimiento ha estado entre los más fuertes de la zona euro en los últimos años». Sin embargo, Moody’s considera que «la aceleración del crecimiento tiene un componente cíclico fuerte», por lo que auguran una progresiva moderación de la expansión económica de España.

Moody’s cree que el crecimiento español tiene un componente cíclico y está perdiendo fuerza

Moody’s augura que la economía española crecerá un 2,3% en 2018, conforme se seguirá beneficiando de las tendencias positivas que recorren toda Europa, pero creen que este ritmo de crecimiento se desacelerará por debajo del 2% a finales de la década. Y es que la agencia muestra dudas sobre «hasta qué punto las reformas estructurales que se han implementado en los últimos años han impulsado el crecimiento potencial».

Entre otras cuestiones, la agencia resalta que «las recientes caídas del desempleo no se han traducido en una mejora de la calidad del empleo», sino que han propiciado un creciente peso del empleo temporal. «Al mismo tiempo, el desempleo persistentemente alto seguirá siendo un desafío para la productividad y el crecimiento potencial», observan.

La incertidumbre catalana

En este escenario, la crisis catalana se erige como una de las grandes amenazas a las que debe hacer frente el país. «Para España al completo, las tensiones políticas en Cataluña y la incertidumbre asociada es probable que se mantengan como una fuente de presión a la baja sobre el sentimiento económico y el gasto en consumo», apuntan.

Moody’s ya advirtió el pasado diciembre de que el resultado de las elecciones catalanas era perjudicial para la economía española.

En opinión de los analistas de la agencia de calificación, «una rápida resolución de la actual crisis política en Cataluña podría permitir que dominen los recientes progresos económicos y financieros, con implicaciones beneficiosas para el perfil de crédito de España».

Pero lo cierto es que en Moody’s se muestran recelosos sobre cómo podría resolverse la situación y vuelven a advertir de los riesgos de una solución que implique dar mayor margen fiscal a las regiones españolas, en un país que mantiene un nivel de deuda pública sobre el PIB en el entorno del 99% y que sólo se espera que lo reduzca de forma muy gradual.

La agencia resalta que las políticas aprobadas en los últimos años para mantener bajo control las finanzas autonómicas han tenido un nivel pobre de ejecución, por lo que considera que «las regiones españolas han sido colectivamente uno de los puntos débiles notables en la estrategia general de reducción del déficit del Gobierno».

Moody’s duda de que España vaya a cumplir este año y los próximos con los objetivos de déficit dictados por la Comisión Europea y advierte de que «la dinámica fiscal de España sigue siendo desafiante, debido a una serie de debilidades estructurales, incluidos desequilibrios en en sistema de la Seguridad Social (con un número creciente de pensionistas con costes de pensión relativamente altos) y una tendencia del gobierno central a rebasar sus objetivos fiscales».