Pimco y otros grandes fondos internacionales, como Anchorage Capital, Algebris, Ronit y Cairn Capital, denuncian las múltiples irregularidades en el proceso de resolución de Popular, que les hizo perder en torno a 850 millones de euros. Richard East, socio principal del bufete de abogados Quinn Emanuel, que representa a los gigantes de Wall Street señala las inconsistencias de la batería de documentos que la Junta Única de Resolución (JUR) presentó el viernes sobre el proceso que abocó al banco a ser vendido a Popular por un euro.

Una de las irregularidades que denuncian es el elevado grado de imprecisión que muestran los documentos y la celeridad de la toma de decisiones, dado que la Comisión Europea decidió en apenas 77 minutos la liquidación del banco.

“La JUR reafirma en su memo que la decisión de resolución fue adoptada en las primeras horas del 7 de junio de 2017. Sin embargo, añade por primera vez que el FROB y el Banco de Portugal participaron en el proceso de decisión y participaron en las deliberaciones como miembro de la sesión ejecutiva de de la JUR. Llama la atención la ausencia de esta lista de participantes de la Comisión Europea. Si la Comisión no estuvo involucrada en el proceso de decisión de la resolución antes de que le dieran una copia […] a las 5.13 horas del 7 de junio, significa que la Comisión tuvo menos de 77 minutos para estudiar y aprobar la decisión antes de que se implementase la resolución a las 6.30 horas. Ello refuerza la sospecha de que la Comisión no tuvo tiempo suficiente para cumplir con sus deberes de supervisión legal”, señala Quinn Emanuel.

La filtración que apuntaba a la posible resolución y que desencadenó fuga de depósitos partía de una fuente de la JUR”

Además, el abogado de Wall Street considera que, si la Comisión no estuvo en el proceso de decisión, la filtración del 31 de mayo en Reuters, debía proceder de la JUR. La agencia de noticias publicó que Popular podría necesitar una resolución ordenada si no lograba encontrar un comprador, señalando una fuente oficial de la Unión Europea, lo que provocó importantes salidas de depósitos. “Ninguna otra institución europea hubiese tenido el conocimiento de los planes de la JUR”, apunta.

La información revelada por la JUR confirma, según Emanuel, varias cuestiones, hasta entonces, puestas en entredicho. Que la JUR consideró Popular solvente; que la crisis de liquidez “durante los últimos días” anterior al 3 de junio de 2017 causó resolución; que la valoración de Deloitte de Popular de entre -8.000 millones y 1.300 era incorrecta, y podría no proporcionar una base legítima para liquidar las acciones y los bonos subordinados; que la Comisión Europea tenía muy poca supervisión sobre la JUR; y que la filtración el 31 de mayo de 2017 que contribuyó a la ejecución acelerada en el banco solo podría haberse originado desde la JUR.

El informe de valoración de Deloitte “pone de manifiesto que la valoración y el proceso de valoración fueron sustancialmente e intrínsicamente defectuosos” […]. “La defectuosa valoración de Banco Popular levanta interrogantes fundamentales sobre la validez de cada paso dado por la JUR en un proceso de resolución que ha sido denominado como ‘de manual'”, explica un texto redactado por la firma Quinn Emanuel.

Para el jurista, que “toda la información con respecto a la liquidez haya sido totalmente editada, es motivo de preocupación […] Los detalles críticos se siguen omitiendo, incluida la información sobre liquidez, salidas que conducen a la resolución; la disposición inicial y posterior denegación de ELA; la metodología de valoración y los resultados de los estudios llevados a cabo por la JUR y Deloitte, y los cálculos con respecto a la evaluación del principio de que defiende que ningún acreedor debe quedar peor que en liquidación.

El proceso de venta que impulsó la JUR no fue diseñado para lograr el precio de mercado de Popular”

El documento del representante legal de los grandes fondos también recuerda que Deloitte había concluido que la valoración más realista de Popular era “la mejor oferta de un comprador potencial en el proceso de venta en sector privado que estaba en marcha. Deloitte se refirió específicamente al hecho de que “una gama de compradores potenciales tenían acceso a los datos”. Sin embargo, explica el abogado, “este punto parece haber sido curiosamente ignorado por la JUR, que organizó su propio proceso de venta […], que no fue diseñado para lograr un precio de mercado que Deloitte parecía tener en mente”.

Indica que “la carta de proceso de venta de la JUR invitó al comprador a ofrecer ofertas en una precio mínimo de 1 euro, o efectivamente nada, lo que indica que la oferta inicial de la JUR partía de amortizar las acciones y los bonos. De lo contrario, el precio dado por la JUR habría sido un mínimo de 2.000 millones de euros”, sostiene.

“¿Cuál fue la base para que la valoración del banco por parte de la JUR fuese de 2 000 millones de euros?”, se cuestiona. Recuerda que es la misma cifra que resultó de amortizar las acciones y bonos junior de Popular, dejando al margen los bonos senior y los depósitos no asegurados. El abogado, por tanto, sugiere que el precio estaba pactado antemano. En este sentido, apostilla: “Esto no parece haber sido la mejor valoración de Deloitte (que ahora sabemos era un precio de venta privado), sino la valoración provisional altamente incierta de entre -8.000 y 1.300 millones.

Emanuel considera que “la JUR ha hecho desaparecer las inversiones de nuestros clientes basándose en un informe que la propia consultora Deloitte reconocía haber hecho en un corto periodo de tiempo y advertía que debía considerarse como “provisional y con muchos puntos que aclarar”. La consultora afirma que tenía acceso limitado a información crítica o a la dirección a la hora de realizar su trabajo y que hay un buffer no especificado que era una parte esencial del informe. Ahora resulta obvio que la JUR no quería revelar un informe que muestra claramente que no hubo un análisis real y ni una valoración ajustada”, considera East.