La diferencia entre vivir en una comunidad autónoma u otra puede ser enorme a la hora de pagar los impuestos. Y no necesariamente por su tamaño o peso económico, sino por el uso que hacen de su capacidad fiscal. Una muestra es que para las rentas medias y bajas, que son las que más suelen notar la llamada del fisco, la diferencia puede acercarse a los 300 euros.

Es la distancia que hay entre lo que abona por IRPF un contribuyente con una renta de 30.000 euros anuales en Cataluña –5.102,9 euros–, la región donde más se paga por este impuesto, y la Comunidad de Madrid, que es donde menos –4.829,6 euros–.

Esta situación se repite para aquellos con rentas de 20.000 y 16.000 euros anuales, aunque en estos casos la diferencia es más estrecha, de 207 euros y 176 euros, respectivamente.


Así se pone de manifiesto en el Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2018, elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), en el que se constata que, básicamente, estas diferencias se explican porque Cataluña aplica un tipo mínimo sobre el IRPF del 12%, frente al 9,50% en Madrid.

En cambio, en lo que se refiere a las rentas más altas, mientras que la capital de España sigue siendo un oasis tributario,  es la Comunidad Valenciana donde más IRPF pagan, con un importe puede llegar a ser de 24.263 euros superior para ingresos de 600.000 euros.

Diferencias en Patrimonio

Sin embargo, en torno a la próxima reforma de la financiación autonómica, el debate se ha venido centrando más en las diferencias existentes en impuestos como los de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones.

Más concretamente, muchas comunidades autónomas han llegado a ver a la Comunidad de Madrid como un ‘paraíso fiscal’ en toda regla, puesto que tiene exento el pago por la riqueza (Patrimonio) y casi por completo las herencias y donaciones (Sucesiones y donaciones).

En el último año, esto ha hecho que haya habido una carrera por reducir la imposición por este último impuesto para evitar fuga de capitales de unas comunidades autónomas.

Sea como fuere, en el caso de Patrimonio, donde se ha producido un incremento de la presión en algunas comunidades autónomas, aquellas en las que más se paga por la tenencia de 800.000 euros es en Aragón (1.164,3 euros); en el caso de un patrimonio de cuatro millones de euros, en Extremadura (59.919,5 euros); y en el de los patrimonios superiores a 15 millones de euros, también en esta región (418.155,6 euros).

El patrón se repite en el caso de Sucesiones, que penaliza especialmente a los contribuyentes aragoneses, con hasta 155.393,7 euros para un caso tipo de un soltero de 30 años que hereda bienes de su padre por un valor de 800.000 euros, de los que 200.000 corresponden a la vivienda del fallecido.

En el caso de Donaciones, esa misma persona también sería la que más pagaría de España. Por una donación de 800.000 euros en efectivo sin un destino específico, abonaría 208.159,3 euros.

Cataluña, la que más tributos propios crea

Otra de las grandes diferencias entre territorios las marcan los tributos propios. En este caso no se trata tanto de una forma de recaudar más de los ciudadanos, sino que en muchos casos estos impuestos tratan de ser herramienta para corregir patrones económicos o sociales, como las emisiones de gases tóxicos o el consumo de bebidas azucaradas.

En este caso, la imposición propia no para de crecer entre las comunidades autónomas, sin embargo su recaudación no supera el 2,2% de los ingresos tributarios de las regiones.

Precisamente el carácter orientador de estos tributos hace que Cataluña fuera la comunidad autónoma en la que más impuestos propios se crearon en 2017, el año del desafío independentista.

Por ejemplo, ha reformado el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, ha creado el impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, el impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos, el de bebidas azucaradas envasadas, otro sobre las emisiones de dióxido de carbono de vehículos de tracción mecánica y otro sobre los activos no productivos de las personas jurídicas.

Con estas novedades, Cataluña suma 18 tributos propios, más que cualquier otra comunidad. Si bien algunos de ellos se encuentran recurridos ante el Tribunal Constitucional.