El tren de alta velocidad entre las ciudades saudíes de Medina y La Meca -ambas sagradas para el islamismo sunnita y prohibidas para los no musulmanes- que construye un consorcio español de 12 empresas no está listo para abrir esta semana. Eso es lo que establece el contrato o settlement agreement firmado por Al Shula y el Gobierno saudí: la operación de los trenes Talgo de alta velocidad tiene que arrancar a mediados de marzo; si no, se impondrán sanciones de un millón de euros diarios.

Todo el mundo asegura que es "imposible" inaugurar los 450 kilómetros del AVE a La Meca esta semana. Incluidos portavoces oficiales: "No es posible operar el 15 de marzo. Se ha abierto una negociación desde hace meses para la ampliación del plazo. Las reuniones entre representantes del consorcio y autoridades saudíes están siendo constantes". Los sistemas de señalización no están listos, las estaciones tampoco y las arenas siguen generando problemas en el balasto de la vía, por citar tres problemas técnicos.

El 'settlement agreement' impone una multa de un millón de euros al día si hay retrasos

Según fuentes extraoficiales, se habría arrancado una prórroga -aún no firmada- hasta el 6 de abril, aunque fuentes de Al Shula rebaten esa fecha como "no correcta". A partir de ahí, el consorcio activaría una cláusula que aparece en el contrato -el proyecto se obtuvo en octubre de 2011- por la cual un mediador de reconocido prestigio ejercería un arbitraje entre las partes para decidir quién tiene razón: si España necesita más tiempo o si debe pagar por él al supuestamente incumplir el contrato, como dice Riad.

"No está contemplada ninguna sanción", indican en Al Shula. Otras fuentes dicen lo contrario: si no hay acuerdo o resolución favorable del árbitro, el consorcio tendrá que pagar. El conglomerado de empresas está compuesto por las sociedades públicas Renfe (que podría incurrir en pérdidas), Adif e Ineco y las privadas Consultrans, Indra, Imathia, Copasa, Talgo, Cobra, Abengoa, Dimetronic (Siemens) y OHL.

Ya hubo un arbitraje en 2016 que concedió a España más tiempo y 150 millones extra

De haber mediación internacional, se trataría del segundo caso de arbitraje en el proyecto denominado Al Haramain: en otoño de 2016 entró en vigor un mecanismo similar por cuestiones de sobrecostes. El árbitro determinó que el consorcio merecía una prórroga de 18 meses y 150 millones extra, a sumar a los 6.700 millones del contrato inicial, el más grande de la historia jamás obtenido por un conjunto de empresas españolas en el extranjero.

Esos 18 meses vencen ahora. Al Shula considera que las empresas españolas no tienen la culpa y que la razón principal del retraso radica en la mala praxis del otro consorcio, el encargado de la Fase 1 (la superestructura: España obtuvo la Fase II, la más importante), asignado a firmas chinas, francesas y saudíes. Y del propio Gobierno saudí, que no es un gobierno democrático sino una dictadura teocrática basada en el wahabismo islámico inmersa estos últimos meses en una gran purga, llevada a cabo por el príncipe heredero. Y en una guerra contra el vecino país Yemen que nadie entiende y que Riad está perdiendo.

Al Shula culpa a la Fase 1 -consorcio franco-chino-saudí- de los problemas con las obras

La desazón hace tiempo que atrapa a todos los empleados españoles destinados principalmente a Yeda, la ciudad donde Al Shula tiene la base. "Se ha negociado mal desde el principio, se pensó en la Marca España y no en defender los intereses del consorcio, y ahora es cuando descubrimos que los jeques nos la han jugado", deplora uno. Los operarios quieren terminar, cobrar (están allí por dinero y ninguno lo niega) e irse.

La tensión es palpable entre los consultados. La negociación ha descarrilado y a una semana del supuesto estreno, cuya puesta en marcha no es posible, no hay plan B. "Hasta que no se acuerde un calendario de operación comercial con el cliente no podemos concretar más", señalan en Al Shula.