Mientras cuenta su calvario por WhatsApp, Sofía (nombre ficticio), trabajadora de la Fundación Personas (antigua Asprona) en Zamora, suelta al final: “Mientras te escribo me dan ganas de llorar”. Cuidadora de personas con discapacidad, su relato es uno de tantos de un sector olvidado, con casos evidentes de abuso laboral por parte de empresas parapetadas tras fundaciones cuyas páginas web son un dechado de propósitos supuestamente nobles, y que en realidad son una esponja la hora de atrapar subvenciones.

La situación es crítica. “Tenemos casos de trabajadores, algunos con discapacidad física o psíquica, que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por ocho horas al día”, deplora Pedro Ocaña, de Comisiones Obreras (CCOO). El SMI está en 707 euros aunque en este 2018 subirá hasta los 735. Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT se han hartado del “inmovilismo” de la patronal, representada por colectivos como Aedis (Asociación Empresarial para la Discapacidad), y han convocado una primera oleada de concentraciones en toda España el próximo 10 de abril.

Muchas fundaciones venden propósitos nobles y explotan a discapacitados

En el fondo lo que ocurre con los cuidadores de personas discapacitadas es lo mismo que lo que las centrales denuncian en otros gremios infra-pagados: no se reparten los beneficios tras salir de la crisis. Y los primeros en estallar son los sustratos más bajos, los subcontratados más precarios: los trabajadores de Amazon, de servicios a bordo de Renfe o de los famosos call-centre, operadores de telefonía. Sectores en los que la mujer es mayoritaria y donde muchas de las penurias las padecen embarazadas por la falta de seguridad laboral.

“Hubo un tiempo en que por el convenio teníamos ventajas como seis días de asuntos propios, elegíamos vacaciones, opción de trabajar en otros sitios durante los meses de empleo y sueldo [es un sector abonado a contratos discontinuos, tanto fijos como temporales]”, evoca Sofía, de la Fundación Personas. “Pues todo eso se ha esfumado”. La afectada cuenta que ni a ella ni a sus compañeros les dan ya días de asuntos propios, no eligen vacaciones y no pueden trabajar durante los meses en los que no hay trabajo (y no cobran). “Tengo horarios de 7 a 9.45 horas y de 17 a 22 horas. Nos ponen reuniones que si coinciden con tu día de descanso tienes que ir y te aguantas. Trabajamos tres fines de semana al mes”.

Los cuidadores han ido perdiendo derechos. “Me dan ganas de llorar mientras te escribo”

Los cuidadores se han movilizado muy poco históricamente en el sector, en el que funcionan distintas categorías de centros (centros de educación especial, centros especiales de empleo y centros de interpretación de lenguas de signos) y conviven multitud de convenios, cuando el que debería operar es el de atención a personas con discapacidad. Varios de los consultados afirman que este convenio está a la orden del día en algunas regiones como el País Vasco, pero que desafortunadamente esta práctica no es generalizada. Y hay comunidades autónomas -las que menos- que sacan oposiciones para maestro de educación especial mientras que otras tiran de licitación y subvenciones.

“Florecen empresas piratas que se ofertan como subcontratas a estos centros y emplean luego a discapacitados por poco dinero durante muchas horas”, apunta un trabajador en Madrid que pide el anonimato. Y señala a grupos empresariales como Osga o Sifu. En diciembre de 2015, UGT criticó que de los 1,4 millones de personas con algún tipo de discapacidad en edad de trabajar hay “una tasa de desempleo del 35%, un 60% de paro de larga duración y una gran temporalidad y precariedad del empleo que se crea”. La crisis empeoró paulatinamente la protección de los convenios a partir de 2008, pero ahora que los sindicatos quieren recuperar los antiguos beneficios la Mesa de Negociación a nivel estatal ha estallado.

Empresas pirata ponen a personas con minusvalía a hacer labores de limpieza

Aunque a nivel gremial todos entran en el mismo saco, hay que distinguir entre los cuidadores de personas con discapacidad y los propios discapacitados que pueden ejercer algún tipo de labor. Con los primeros “se vende que es algo vocacional, casi como si fuera una oenegé”, lamenta una cuidadora de Sevilla que tampoco quiere revelar detalles privados (nadie quiere aparecer públicamente). “Pero donde la cosa se pone fea es con los propios discapacitados”, indica Pedro Ocaña, de CCOO. “Primero, porque se pueden aprovechar más del empleado. Y segundo, porque para las familias puede suponer un alivio tener al hijo ocupado ocho horas en uno de esos centros”.

El Independiente ha contactado con una persona con minusvalía que trabaja para el Grupo Sifu, uno de los arriba mencionados. “Te utilizan con contratos basura durante un mes, luego te vas al paro y mañana te contratan de nuevo. Los puestos no están preparados para nosotros”, se queja. “Tenemos un sueldo de jardineros ejerciendo labores radicalmente distintas, como la metalurgia por ejemplo”. Una empleada de la Fundación Personas relata que afectados de síndrome de Down acaban sustituyendo a limpiadores en los centros de Castilla y León.

Para las familias es un alivio tener a un hijo discapacitado ocupado ocho horas

“Los jefes de equipo cobran lo mismo que un peón”, prosigue el discapacitado, que informa que su sindicato ha puesto varias denuncias a la empresa Jordan Martorell. “Nos obligan a mover pesos con los que no podemos. Las presiones de producción no van acorde con la realidad. No tenemos vestuarios como manda la ley”.

Los intérpretes de signos también van a movilizarse el 10 de abril. “No se nos paga el kilometraje en los desplazamientos y como nos rige el convenio vigente en centros educativos tenemos una jornada de 30 horas oficiales aunque en realidad hacemos muchas más”, explica una intérprete de Salamanca. Dice que lo mismo sucede con sus compañeras. “Cada año hay menos horas de preparación, y como trabajamos con personas sordas en todo tipo de escuelas, desde Infantil a la ESO pasando por formación profesional, si nos toca dar odontología o, como le ha sucedido a una colega, automoción, pues no vamos bien preparadas. Somos fijas discontinuas y nos contrata cada dos años una empresa distinta”.

No se paga el kilometraje de las intérpretes de signos ni se les da formación

“Las consejerías de educación sacan a concurso los contratos para los centros de interpretación y los asignan al mejor postor, generalmente el más barato”, ironiza José Antonio Cabañeros, dirigente sindical en Castilla y León. Clece (ACS), Humanus o Adecco son ofertantes clásicos en estos concursos.

“La antigüedad, que antes la pagaban cada tres años, ha desaparecido”, añade Sofía, de la Fundación Personas, “y ahora es un complemento de profesionalidad que te abonan según criterios de productividad que la propia empresa decide y que vete tú a saber si cobras”.

A los políticos les gusta salir en la foto en estos centros, que exhiben sus premios con orgullo

La Fundación Personas es casi omnipresente en Castilla y León, con decenas de premios por su labor para la inserción social y hasta actos deportivos o marchas anuales en las que participan miles de personas solidariamente. De hecho, la exhibición de galardones es marca de las patronales y las autoridades y figuras públicas acuden gustosas a hacerse fotos a los centros de educación especial. “Cuando vienen los políticos los discapacitados conflictivos son enviados a una sala contigua adonde no molestan”, fustiga una cuidadora. De puertas adentro la realidad parece bien distinta, y la prueba es que por primera vez hay movilizaciones en toda España.