Economía Presupuesto Generales del Estado 2018

Los detalles del Presupuesto de 2018 que no ha contado el Gobierno

El Gobierno vuelve a congelar el Iprem y deja sin dotación a la agencia que evalúa las políticas públicas, mientras el FROB sigue perdiendo dinero

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Los detalles del Presupuesto de 2018 que no ha contado el Gobierno
Reparto del gasto en los PGE 2018

Reparto del gasto en los PGE 2018

Resumen:

El Gobierno sostiene un año más que los Presupuestos Generales del Estado que acaba de presentar son los más sociales de la historia, que son una forma de devolver a los españoles, especialmente aquellos con rentas más bajas, los esfuerzos del pasado. Sin embargo, la letra pequeña del proyecto de Ley que ha trasladado el Ejecutivo al Parlamento para su tramitación demuestra que no es oro todo lo que reluce. El articulado de la Ley esconde herencias envenenadas, congelaciones de ayudas y espejismos estadísticos.

El Gobierno sostiene un año más que los Presupuestos Generales del Estado que acaba de presentar son los más sociales de la historia, una forma de devolver a los españoles, especialmente aquellos con rentas más bajas, los esfuerzos realizados durante la crisis para reducir el déficit público y propiciar el crecimiento económico. Sin embargo, la letra pequeña del proyecto de Ley que ha trasladado el Ejecutivo al Parlamento para su tramitación demuestra que no es oro todo lo que reluce. El articulado de la Ley esconde herencias envenenadas, congelaciones de ayudas y espejismos estadísticos.

El gasto social crece menos que el PIB

El Gobierno no ha dudado en vender el Presupuesto apelando a la partida de gasto social. Las actuaciones de protección y promoción social alcanzan este año los 183.936 millones de euros, un 2,8% más que en las cuentas de 2017, lo que refleja un aparente avance superior al estimado para la economía, del 2,7%. Además, si se resta de este gasto social la partida de desempleo, que se reduce en un 3,4%, el gasto se dispara un 3,5%. Sin embargo, en realidad, esta partida ‘estrella’ crece la mitad que la economía si se compara con la tasa de avance del PIB en términos nominales, es decir, a precios corrientes. En este caso el porcentaje a comparar es del 4,30%, lo que muestra la estrategia del Gobierno para reducir el déficit: aumentar el gasto, pero por debajo del ritmo de crecimiento de la economía.

El ahorro en desempleo no va a parar al empleo

Además, el incremento del gasto social no responde tanto a una voluntad política como a una obligación impuesta por la realidad. El incremento del número de pensionistas y de la pensión media sigue empujando al alza el gasto en pensiones: un 3,7% más, hasta superar el 40% del gasto total. Además, mientras que el gasto en desempleo cede un 3,4% por el menor nivel de paro, estos recursos liberados no van directamente a la partida de fomento del empleo, y además decrece en paralelo el gasto en subsidios para el ‘rescate’ de parados de larga duración.  En términos absolutos, el gasto en desempleo desciende en 616 millones de euros, mientras que la partida para fomento del empleo crece solo en 217 millones (a los que en todo caso se suman 500 millones para financiar el nuevo complemento salarial para jóvenes asociado a contratos formación y aprendizaje).

Los salarios crecen menos que las pensiones

Otro de los argumentos del Gobierno para defender su Presupuesto es que es generador de empleo y que esta es la base de la corrección del déficit de la Seguridad Social. En efecto, el gasto en pensiones subirá un 3,7% mientras que los ingresos por cotizaciones avanzarán un 4,1%. Sin embargo, tras estas cifras se producirá un incremento de las pensiones medias superior al de los salarios. Es decir, que los pensionistas serán más ricos o menos pobres, según se mire, que los asalariados. Concretamente, el Presupuesto prevé que las rentas de los hogares crezcan un 4,5% en 2018: las rentas salariales aumentarán un 4,8%, pero debido a un avance del salario medio del 1,5%, puesto que el resto procederá de la creación de empleo. Así es que, por lo pronto, se producirá un avance de los ingresos por cotizaciones sociales por debajo del avance de la renta de los hogares. Además, la masa de las pensiones crecerá un 1% por efecto poblacional que se sumará a un incremento del 2,5% de la pensión media, por el efecto de las altas, que acceden al sistema con mayores pensiones.

Más dotación para becas, pero el Iprem congelado

Por otro lado, el Gobierno ha anunciado un incremento de la dotación para becas y ayudas al estudio de 50 millones de euros, hasta los 1.470,33 millones de euros. Sin embargo, en paralelo  también ha congelado para 2018 el Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem), índice que se utiliza como referencia para la concesión de estas ayudas, además de subvenciones o el subsidio por desempleo. Este indicador había subido un 1% en 2017. Así, el Iprem se mantendrá este año en 537,84 euros mensuales (6.454 euros al año en doce pagas) o 17,93 euros diarios. En aquellos supuestos en los que la referencia al salario mínimo interprofesional (SMI) haya sido sustituida por el Iprem la cuantía anual del mismo se mantiene en 7.519,59 euros por catorce pagas o en 6.454 euros por doce pagas.

El FROB sigue perdiendo dinero

Otro de los puntos negros del Presupuestos tiene que ver con el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), creado en 2008 para llevar a cabo la resolución de las entidades de crédito que se encontraban en fase ejecutivo por culpa de la crisis.  Este año, el organismo registrará pérdidas por valor de 116,9 millones de euros, por encima de los 75,8 millones de euros del ejercicio 2017.

El Gobierno mantiene el Impuesto de Patrimonio

Un año más, el Presupuesto incluye una prórroga del Impuesto sobre el Patrimonio con el objeto de contribuir a la reducción del déficit público. Se trata de un tributo clave para las comunidades autónomas que viene recaudando más de 1.000 millones de euros anuales, con especial incidencia en Cataluña. En el caso de la Comunidad de Madrid, el impuesto está bonificado al 100%.

La deuda de las CCAA, atada a los Presupuestos

Si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, daba la campana vinculando la subida de las pensiones mínimas y de viudedad a la aprobación de los Presupuestos para lograr apoyos de la oposición, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha hecho lo propio con la deuda de las comunidades autónomas y los ayuntamientos con el Estado. Según la disposición adicional centésima trigésima sexta del articulado de la Ley, se autoriza al Gobierno a aprobar, previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) o de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL), incentivos para que las administraciones saneadas puedan reestructurar sus deuda. El fin último es que los menores recursos consecuencia de la deuda de estas administraciones con el Estado por su participación en mecanismos como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) tengan un «menor impacto sobre su ratio de deuda». El Gobierno ha abierto la puerta así a negociar estos incentivos, que podrán afectar «total o parcialmente» al importe de los créditos que ostente el Estado, así como a sus condiciones financieras, en el marco presupuestario.

La ‘trampa’ en el Presupuesto para dependencia

El Presupuesto para 2018 incluye también un incremento de la dotación para dependencia de 46 millones de euros. Sin embargo, este aumento se produce después de que el Gobierno haya admitido que las partidas para 2017 dejaron de ejecutarse en 44 millones de euros, con lo que el incremento real de las aportaciones del Estado a la dependencia son de dos millones respecto al Presupuesto del año anterior.

Se reducen los recursos para transparencia

Otras de las sorpresas del Presupuesto saltan al contemplar las partidas de gasto de las agencias estatales. Llama la atención que, mientras que se producen incrementos del 15% o más en la Agencia Española para la Cooperación Internacional y del Desarrollo, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea o el BOE, se producen descensos en el caso de la Agencia Española de Protección de Datos (-0,1%) y en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (-22%). Más aún, el Gobierno ha dejado sin financiación a la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas
y la Calidad de los Servicios.

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