El Ministerio de Fomento ultima un anteproyecto de ley para permitir que las administraciones territoriales puedan modificar planes urbanísticos y territoriales que hayan sido cuestionados por tribunales de Justicia, y evitar así que, en determinados supuestos, una sentencia judicial tumbe estos planes.

Así lo ha comunicado el ministro Íñigo de la Serna durante su comparecencia ante la Comisión de Fomento del Congreso, a la que ha acudido este lunes para informar del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y del desarrollo del sector civil de los drones.

Curiosamente, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander, aprobado en 2010 por el propio De la Serna en su etapa como alcalde, fue tumbado por el Supremo en noviembre de 2016 por la «insuficiencia de recursos hídricos» que provocaba dicho plan, según el alto tribunal. Otro PGOU célebre tumbado por los tribunales es el de Marbella. Recientemente le sucedió al de Baeza (Jaén).

Según ha comentado De la Serna, la anulación de los planes territoriales y urbanísticos en España «se declara sin matices y sin posibilidad de subsanación de las deficiencias», que han causado esta anulación, en una «rotunda y desproporcionada conclusión», a juicio del ministro, como consecuencia de considerar estos planes como reglamentos.

Petición de las CCAA

«La anulidad absoluta e imposibilidad de subsanación no debería aplicarse sin más a las anulaciones formales, que son resoluciones administrativas, o a vicios formales», ha apostillado el ministro, explicando que la modificación que prepara el Gobierno permite «distinguir entre los supuestos de nulidad y de anulabilidad».

El ministro ha señalado que la iniciativa viene a dar respuesta a una reforma «que vienen demandando las comunidades autónomas» así como de «magistrados conscientes del problema que supone» esta realidad, ante la que algunas administraciones autonómicas «han aprobado medidas parciales y provisionales que tratan aportar cierta seguridad jurídica».

Estos supuestos de anulabilidad permitirán la convalidación del plan una vez se corrijan las deficiencias detectadas por la Justicia, para lo cual el Gobierno modificará la naturaleza de los instrumentos de ordenación y los efectos que tiene su anulación, así como la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa «para evitar consecuencias anulatorias desproporcionadas».