La vivienda en Madrid sube como la espuma, y muchos proyectos judicializados en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella se van desatascando ahora con Manuela Carmena al calor de la nueva burbuja inmobiliaria española: Operación Chamartín, Mahou-Calderón, Quinta Torre, Cocheras del Metro… Pero hay un lugar de la capital donde promotores y el ayuntamiento que gobierna Ahora Madrid chocan frontalmente: los desarrollos del sureste. Concretamente, los previstos en Valdecarros (48.000 viviendas), Berrocales (22.500), Los Cerros (15.000) y El Cañaveral, que podría albergar a 14.000 casas, suman en total más de 100.000.

Pero el ayuntamiento cree que no hay base suficiente para desarrollar tanta vivienda, y por eso presentó en enero un Plan Director de la Estrategia de Desarrollos del Sureste que dejaba el número de hogares en casi la mitad. Y eso lleva causando serios encontronazos entre las juntas de compensación y el Consistorio, que hoy salen a la luz: tres de las cuatro juntas han llevado al equipo de Carmena ante el tribunal contencioso-administrativo para suspender dicho Plan Director. Y en caso de que el plan no fuese anulado en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, las tres áreas exigirían una indemnización por daños patrimoniales de 1.580 millones de euros.

“Inseguridad jurídica”

Las juntas tienen el respaldo de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, Asprima, cuyo presidente Juan Antonio Gómez-Pintado ha oficiado este miércoles una rueda de prensa ante la “inseguridad jurídica” y los “cientos de millones ya enterrados”, en referencia a las actuaciones que ya se han hecho en el sureste en los últimos años”.

Asprima ha encargado a dos peritos un dictamen sobre la paralización del Plan de 2013, de momento el único en vigor. Y estos han estimado que en concepto de indemnizaciones el Ayuntamiento de Madrid tendría que abonar 1.579.809 millones a las juntas, sin contar con los daños a los aproximadamente mil propietarios. En realidad se trataría de una multa que tendría que dilucidarse en el ámbito jurídico, según reconocen los afectados.

“Costes inútiles”

“La indemnización vendría motivada por los costes y gastos realizados por las juntas que resultarían inútiles, ya que se impediría a los propietaroos de suelo participar en los desarrollos urbanísticos que ya se habían iniciado conforme al planeamiento vigente”. Las juntas que han financiado el dictamen son Berrocales, Valdecarros y Los Cerros.

“Habría que sumar otros costes para el Ayuntamiento indirectos”, han señalado los portavoces de los promotores, “como las pérdidas de puestos de trabajo, beneficios derivados de la atracción de funciones terciarias, reducciones en el PIB de las rentas generadas…”.