Los grandes accionistas de Popular arremeten contra el Estado, el Frob, Deloitte y Francisco Celma, responsable del área financiera de la consultora, por su actuación durante las semanas previas a la resolución del banco.

El núcleo duro del extinto Popular, con la Sindicatura de Accionistas y la Unión Europea de Inversiones al frente, insinúa, en la demanda de recurso de anulación contra la Decisión de la Junta Única de Resolución (JUR), que Deloitte firmó el polémico informe que justificaba la resolución del banco a cambio de ser exculpado de las acusaciones en el caso Bankia, según ha podido saber El Independiente. 

El escrito de la demanda presentada ante el Tribunal General de Justicia de la Unión Europea señala que Deloitte, como experto, «no gozaba de la independencia exigible, dado que, en el mismo momento de realizarse ese encargo [en relación a la elaboración del informe], el FROB y el Ministerio Fiscal -en el sumario relativo a la operación de salida a Bolsa de Bankia- estaban imputando a Deloitte, como responsable civil, y a su socio D. Francisco Celma (autor de la valoración provisional del Popular), como cooperador necesario, en la falsificación de las cuentas de Bankia».

«De forma coetánea al encargo de valoración, el FROB y la Fiscalía retiraron su acusación penal contra Celma y Deloitte», denuncian

El texto añade que «sorprendentemente, de forma coetánea al encargo de valoración provisional del Popular, el FROB y el Ministerio Fiscal retiraron su acusación penal contra el Sr. Celma exculpando, igualmente, a Deloitte como responsable civil».

Fuentes oficiales de Deloitte aseguran que «el contrato para la realización del informe se formalizó entre la JUR y Deloitte Bélgica». Y añaden que, “el equipo estaba formado por un equipo multidisciplinar con socios de Bélgica, Reino Unido y España. En este sentido, Francisco Celma fue completamente ajeno a su elaboración».

En cuanto a la referencia a los vínculos con Bankia, las mismas fuentes subrayan que «ni el Ministerio Fiscal ni el FROB han acusado a Deloitte o Celma, tal como se recoge en sus escritos de acusaciones del proceso de apertura de juicio oral» en el caso Bankia.

Los mayores accionistas de Popular también recuerdan que Deloitte y el propio Celma fueron sancionados por el Intituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) por su actuación en relación a Bankia, con una multa de 12 millones de euros. Deloitte señala que la sanción “se produce por trabajos distintos a la auditoría que encargan a Deloitte tanto el Banco de España como la CNMV, y así lo han reconocido los propios supervisores en sede judicial. Además, recuerdan que la sanción no es firme, está pendiente de resolución del recurso presentado en la Audiencia Nacional y se dictó en contra del criterio del comité consultivo del propio ICAC, algo que sucedió por primera vez en la historia del propio organismo. La sanción fue posteriormente rebajada a 10 millones de euros”.

El núcleo duro de Popular solicita que Celma declare para explicar por qué tenía conflicto de interés

La demanda también apunta que Deloitte y Celma fueron sancionados con una multa de un millón de euros por no garantizar su independencia en la auditoría de Santander.

La demanda exige que Francisco Celma declare ante el Tribunal en su condición de testigo-perito para explicar las circunstancias personales que afectaban a su independencia como experto. Además, le requiere para que esclarezca los criterios técnicos empleados en el informe, así como la documentación analizada para la realización del citado informe, el plazo de realización y la fecha de su entrega a la JUR.

La acusación también solicita la comparecencia de Elke Köning, presidenta de la JUR, para testificar sobre si conocía el posible conflicto de intereses en la intervención en la valoración de Deloitte y de Francisco Celma, como consecuencia de su imputación judicial en el caso Bankia, en una causa en la que el FROB es parte acusadora.

Las partes recurrentes solicitan al Tribunal General que anule la decisión de la JUR de 7 de junio, mediante la cual se llevó a cabo la resolución de Popular y venta exprés a Santander, y que sea ésta la que cubra el pago de las costas procesales.

Favores a Santander

Por otro lado, los demandantes acusan a las instituciones europeas de favorecer a Santander «de forma manifiesta». En su opinión, «la exclusión de los posibles compradores que no participaron en el proceso privado ya supuso otorgarle una ventajosa posición de partida».

Los accionistas de Popular, que perdieron toda su inversión cuando el banco fue liquidado y sus títulos convertidos en capital, consideran que «se favoreció claramente a dicho comprador al comprimir al máximo los plazos, de forma que Santander, que llevaba ya meses estudiando la posibilidad de comprar Popular (y conocía con mucho mayor detalle que el resto de sus competidores los activos de la entidad y su valor real) pudo hacer valer esa posición privilegiada para hacer oferta a la baja, sabedor de que sería la única oferta –como así ocurrió finalmente- que se tomaría en consideración por la JUR».

Los propios analistas de Santander valoraban Popular, entre abril y mayo de 2017, en 4.910 millones

Según se desprende del texto en el que se explica la resolución de Popular, «aparentemente la otra oferta formulada por el otro posible comprador (¿Bankia?) no fue reputada como “válida” por razones que no han sido explicadas, de forma que se allanó el camino para que Santander adquiriera la entidad resuelta por un 1 euro, previa confiscación de los derechos de propiedad de sus anteriores accionistas», sostiene la demanda.

Por otro lado, las partes recurrentes confirman el valor positivo de Popular y aseguran que «los propios analistas de Santander valoraban Popular, entre abril y mayo de 2017, en 4.910 millones de euros y recomendaban la compra de acciones que, a su entender, estaban infravaloradas».