La caída del Popular se ha precipitado en apenas una semana. El banco, con casi un siglo de historia, ha acabado en manos de uno sus rivales históricos en España. Será el Santander el responsable de dar oxígeno a la entidad. Para ello, tendrá que sanear una abultada cartera de activos tóxicos, acometer un dramático recorte de plantilla y devolver la confianza a clientes y empleados. Estas son las claves que han provocado la caída de Popular y su venta al Santander.

Activos demasiado tóxicos

Una de las preguntas que más se han hecho los clientes de Popular en los últimos días es: ¿cómo ha llegado su banco a ésto? El Popular se había ganado a pulso su imagen de solidez y solvencia durante décadas, concentrando su actividad en las pymes y huyendo de aventuras arriesgadas. Pero el banco, al igual que otros muchos rivales -sobre todo, cajas de ahorros- se dejó llevar por la tentación del ladrillo. En la época del boom inmobiliario, el Popular comenzó a financiar promociones y compras de suelo que más tarde resultaron fallidas. La crisis monumental que se llevó por delante medio sistema financiero español llenó de activos tóxicos la cartera de Popular. Cuando el PIB salió de la crisis, casi una década después, el banco cargaba con un lastre de casi 36.000 millones de activos contaminados, totalmente improductivos.

Relevo en la presidencia

Pese a los múltiples movimientos de concentración en el sector bancario español -antes y durante la crisis económica- el equipo gestor liderado por Ángel Ron intentó salvaguardar la independencia de la entidad. Su elevada solvencia y su envidiable cartera de empresas le habían servido de blindaje frente a operaciones amistosas u hostiles. El problema es que la cada vez más asfixiante situación financiera empezó a derribar la acción. Y a generar tensiones en un consejo de administración que siempre se había mantenido unido. Quienes más peso -y voz- tenían en el capital eran una sindicatura de accionistas que agrupaba a unas 2.000 familias (muchas ligadas al Opus Dei) y algunas fortunas latinoamericanas encabezadas por el mexicano Antonio del Valle. Ron intentó insuflar aire al banco ampliando capital, por 2.500 millones, pero la inyección de dinero fue incapaz de frenar la caída libre de los títulos. El pasado 20 de febrero, el consejo acordó relevar a Ángel Ron y nombró presidente a un banquero de inversión, Emilio Saracho.

Primer acercamiento de BBVA

Con los títulos cayendo en picado, pese a la ampliación millonaria de capital, Ángel Ron comenzó a tantear las opciones de venta. El banco empezaba a asumir que su futuro no pasaba por la independencia. También sus competidores. En noviembre de 2016, BBVA dio el primer paso y miró a fondo los libros de cuentas de Popular. El grupo presidido por Francisco González valoró a su rival en torno a 6.500 millones de euros; es decir, casi cinco veces más de lo que acabaría capitalizando en el momento de su caída definitiva. BBVA llegó a plantear una oferta oficiosa superior a los 5.000 millones. El equipo de González había calculado que la operación generaría sinergias por valor de 3.000 millones de euros. Sin embargo, la propuesta nunca llegó a materializarse. Las dudas del BBVA y la tensión interna en el consejo de Popular condujeron a la salida de Ron. Cuando Saracho se puso manos a la obra con la venta, el balance de Popular estaba demasiado deteriorado, lo que constituía un hándicap tremendo para encontrar un comprador.

La polémica primera intervención de Saracho

El primer discurso de Emilio Saracho como presidente de Popular, el pasado 10 de abril, dejó boquiabierto a más de un accionista del banco. Y el tiempo demostraría que sus palabras fueron determinantes para que la entidad acabara absorbida por Santander. En la Junta de Accionistas, Saracho no defendió el potencial de Popular, sino todo lo contrario: hizo un crudo retrato de la realidad del banco y afirmó que sólo una ampliación de capital o una venta podían garantizar el futuro. «Estamos abocados a ampliar capital, pero si voy al mercado no es sólo para garantizar la ratio de capital, sino para garantizar que el banco pueda acometer su estrategia y competir en igualdad de condiciones”, señaló Saracho ante 4.000 accionistas.  «Hemos permanecido como un banco independiente, algo que es parte de nuestro valor diferencial, pero eso no significa que no piense que no sea una opción”, añadió. La intervención del presidente sirvió para que la acción ahondara más aún en su caída. Algunos analistas y rivales interpretaron que Saracho no quería fortalecer el valor, sino debilitarlo para allanar y acelerar la venta.

Arranca la puja con tres candidatos

Saracho había declarado en público, sin cortapisas, cuáles eran sus intenciones. No había llegado a la presidencia para comandar un banco comercial, sino para venderlo lo más rápido posible. Es decir, le tocaba desempeñar el papel que ya protagonizaba en su anterior trabajo, el banco de inversión JP Morgan, al que había contratado -para sorpresa de unos y escándalo de otros- para asesorar en la puja. Saracho activó una puja y comenzó a tantear candidatos. Hasta puso una fecha límite, mediados de mayo, para que sus rivales hicieran ofertas. Sólo tres bancos mostraron interés: Santander, BBVA y Bankia. Otras entidades desistieron rápido tras echar una primera ojeada a los libros. «Cualquier que estudiara el balance sabía que era prácticamente imposible comprar el banco sin recibir ayudas públicas», afirma un alto directivo que un banco que examinó las cuentas.

La posición del Gobierno

La subasta avanzó con un BBVA cada vez más frío. Santander y Bankia seguían en liza, pero otros rivales como CaixaBank o Sabadell se apartaron del camino, a la vista de dos barreras -a su juicio- insalvables. De una primera lectura de las cuentas se desprendía que el agujero del Popular era superior a los 36.000 millones, puesto que habían detectado que muchos activos estaban mal tasados. Una absorción exigía, por tanto, la asunción inmediata de pérdidas millonarias, próximas a los 3.000 millones según los cálculos de algunas entidades que estudiaron la operación. Por otro lado, todos los bancos que contactaron con el Gobierno y el Banco de España recibieron la misma respuesta: no habría garantías ni dinero público. El Ejecutivo de Rajoy ya había pasado por el amargo trámite de intervenir varias entidades en la época más dura de la crisis, incluida la nacionalización de Bankia, y no estaba dispuesto a cargar con más costes políticos. Tanto el ministro Luis de Guindos como el gobernador Luis María Linde contestaron con rotundidad a los interesados que Popular iría a un proceso de resolución si fracasaban las vías de la venta o la ampliación de capital. Ahora le tocaba asumir la factura a otros: accionistas, preferentistas y tenedores de deuda subordinada. Si no bastase, los bonistas de deuda de calidad e, incluso, los depositantes se verían penalizados.

Primeras señales de alarma

El equipo de Saracho se vio obligado a acelerar el proceso de venta a medida que se encendían más y más luces de alarma. Por un lado, las acciones se despeñaban sin freno en Bolsa, hasta el punto de perder más de la mitad de su valor en apenas ocho días. Popular se había convertido en el peor valor de los 600 que componen uno de los principales índices europeos (Stock 600). Se aproximaba peligrosamente a la barrera de los 1.000 millones, increíblemente lejos de los 20.000 que valía hace sólo una década. Para Para colmo, Crédit Mutuel, socio desde hace años, anunció este lunes que dejaba su puesto en el máximo órgano ejecutivo de la entidad. Hasta los accionistas más sólidos empezaban a hacer las maletas, una señal

El detonante: la salida de depósitos

La salida de dinero con destino a otras entidades de la competencia colmó la paciencia de las autoridades financieras. Al principio no era alarmante. Sin embargo, trasvase de depósitos comenzó a convertirse en una peligrosa bola de nieve, alimentada por las noticias negativas sobre el banco. Las tensiones de liquidez podrían desencadenar el colapso de la entidad. En los últimos días llegaron a salir 18.000 millones de las arcas de Popular, lo que hacía la situación insostenible. Por si había dudas, en la tarde de ayer, Moody’s lanzó un informe implacable que ponía el acento, directamente, en el riesgo que asumen los depositantes. La agencia de calificación considera que el continuo flujo de información sobre la cruda realidad del banco está minando la confianza de los clientes y los inversores.

Venta relámpago a un paso del colapso

En las últimas horas, los seguros contra el impago de la deuda habían crecido vertiginosamente. Su precio se había duplicado en sólo dos semanas, así que la venta del banco no podía esperar más. Saracho ha tenido que asumir a la fuerza que el tiempo se agotaba. Su estrategia de postergar el traspaso a la espera de un mejor precio encaminaba a la entidad hacia la quiebra. La presión llevó a Saracho a suspender su viaje programado a Fráncfort, para explicar la situación del banco al Banco Central Europeo (BCE). Tanto el presidente como su equipo directivo, comandado por Ignacio Sánchez-Asiaín, se quedaron en Madrid ayer para atar los últimos flecos de la venta.

¿Y ahora qué?

A partir de este momento, todos los clientes de Popular pasan a ser clientes del Santander. Así de sencillo y así de complicado a la vez. El banco liderado por Ana Botín se convierte de golpe en el banco con más presencia en España, pero tendrá que asumir lentamente la espinosa absorción de su rival, con una ampliación de capital que hará mella en su cotización. También tendrá que acometer una profunda reestructuración de la entidad y aplicar un recorte de personal que podría afectar a unas 5.000 personas, según los cálculos de los sindicatos; es decir, casi la mitad. Mientras tanto, todo el dinero que tienen los clientes de Popular en depósitos (ahorro a plazo) y cuentas (ahorro a la vista) está completamente asegurado y en una entidad más sólida y solvente como es Santander. Tal como ha señalado esta mañana el ministro Luis de Guindos, la operación “es una buena salida para la entidad, dada la situación a la que había llegado en las últimas semanas, ya que implica la máxima protección a los depositantes y la continuidad de la actividad”