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El Gobierno pretende limitar el poder de las empresas para bajar salarios o cambiar horarios

La Ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, avanza también que el Gobierno prevé aumentar la cotización de los contratos de menos de una semana para reducir su uso

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El Gobierno pretende limitar el poder de las empresas para bajar salarios o cambiar horarios
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, comparece esta tarde en la Comisión de Empleo del Congreso para exponer las líneas políticas de actuación de su departamento

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en el Congreso de los Diputados. EFE

Resumen:

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha advertido que, en el marco de la revisión de la reforma laboral de 2012 que el Gobierno pretende acometer, tratará de que limitar la capacidad de las empresas para modificar las condiciones de trabajo de sus empleados -como los horarios o los salarios-, los conocidos como descuelgues de convenio.

Durante su primera intervención como ministra en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, Valerio ha recordado que actualmente el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores prevé que cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, “se podrá proceder a inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable”.

Las materias afectadas son, entre otras, la jornada, los horarios, los turnos, salarios, funciones o protección.

En la práctica, los sindicatos se han quejado en todo momento de que la reforma laboral, que facilitaba la consecución de pactos en el seno de las empresas para acometer descuelgues en lugar de despidos, al haber debilitado el papel de los representantes de los trabajadores, ha hecho que en muchas ocasiones estos sean realmente unilaterales.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha advertido que, en el marco de la revisión de la reforma laboral de 2012 que el Gobierno pretende acometer, tratará de que limitar la capacidad de las empresas para modificar las condiciones de trabajo de sus empleados –como los horarios o los salarios–, los conocidos como descuelgues de convenio.

Durante su primera intervención como ministra en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, Valerio ha recordado que actualmente el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores prevé que cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, “se podrá proceder a inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable”.

Las materias afectadas son, entre otras, la jornada, los horarios, los turnos, salarios, funciones o protección.

En la práctica, los sindicatos se han quejado en todo momento de que la reforma laboral, que facilitaba la consecución de pactos en el seno de las empresas para acometer descuelgues en lugar de despidos, al haber debilitado el papel de los representantes de los trabajadores, ha hecho que en muchas ocasiones estos sean realmente unilaterales.

En este sentido, Valerio ha asegurado que ese artículo concreto es un precepto “poco garantista” y que, en lugar de ser un último recurso, se ha convertido en un instrumento “ordinario” para reducir los costes laborales en las empresas.

Por ello, ha avanzado que el Gobierno tratará de “recuperar la causalidad de los descuelgues laborales y evitar los injustificados”. “Evitar que el empeoramiento de las condiciones del empleo sea una moneda de cambio para el abaratamiento del factor trabajo”, ha añadido.

10.000 trabajadores afectados hasta junio

Las estadísticas de Empleo reflejan que hasta junio se registraron 583 inaplicaciones de convenios, que afectaron a 10.631 trabajadores. En el 60,4% de los casos las empresas se descolgaron de la cuantía salarial recogida en convenio, y el 13,6%, además, del sistema de remuneración. Si bien, el 90,7% de los descuelgues se resolvieron con acuerdo entre las partes en el periodo de consultas.

Por otro lado, la mayor parte de los trabajadores afectados por las inaplicaciones se concentra en el sector servicios, con un 49,4%. Y, en relación, con el tamaño de las empresas, el 22,5% de los trabajadores afectados están en empresas de 250 trabajadores o más, aunque la mayor parte de las empresas que presentan inaplicaciones, el 86,9%, tienen menos de 50 trabajadores en plantilla.

El plan para acabar con los contratos por días

Por otro lado, otra de las novedades planteadas por Valerio tiene que ver con la proliferación de los contratos por días. Al respecto, el Gobierno tiene un plan para reducir los contratos de menos de una semana.

En estos momentos, las empresas no tienen que cotizar por sus trabajadores por la parte proporcional de los periodos de descanso. Así, un contrato de trabajo de cinco días daría derecho a un día y medio de descanso, por el que el empresario no cotiza. Es por eso que muchos contratos solo contemplan jornadas de lunes a viernes.

La Ley prevé en estos casos un recargo del 36% en la cotización por contingencias profesionales que, con todo, compensa la contratación inferior a una semana.

Por ello, Valerio ha avanzado que el Gobierno pretende que todos los contratos tengan las mismas obligaciones de cotización para desincentivar el uso abusivo de las contrataciones de corta duración.

Por último, Valerio ha anunciado que el Gobierno pondrá en marcha un Plan Director contra la explotación laboral, con la mente puesta en que los puestos de trabajo que se creen sean “decentes y con protección”.