La Policía va a registrar hoy 17 clínicas de iDental en diferentes puntos del territorio nacional en búsqueda de historiales médicos y de pruebas de la posible comisión de hechos delictivos, en una operación ordenada por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Además, la policía ha entrado en la sede central de Weston Hill, el fondo de inversión propietario de la compañía investigada por presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
Los registros de hoy, en búsqueda de documentación tanto societaria como de historiales clínicos de pacientes, cuyos datos son especialmente sensibles, se ha realizado en un total de 17 clínicas: 5 en Andalucía (Almería, Cádiz Sevilla, Córdoba y Málaga), 5 en la Comunidad valenciana (Valencia, Alicante, Castellón, Elche y Alfafar), 3 en Cataluña (Barcelona, Girona y Tarragona), y una respectivamente en Zaragoza, Gijón, Palma de Mallorca y Murcia. Los registros han sido llevados a cabo en coordinación con la Comisaría General de Policía Judicial, y en concreto por agentes de la UDEF y la UDEV, así como con Mossos en el caso de las clínicas registradas en Cataluña
La Audiencia Nacional ha informado de que Weston Hill se dedica a la adquisición de sociedades en situación poco favorable y a maximizar la inversión a corto plazo. Se trataría, según los indicios obrantes en la investigación, de fondos ‘distressed’ o ‘holdouts’, vulgarmente denominados fondos ‘buitre’. Además, indica la Audiencia, Weston Hill también posee la cadena de clínicas odontológicas Institutos Odontológicos (IO), que podría haber sido beneficiaria del material e instrumental obtenido en la compra de IDENTAL.
La Conselleria de Sanidad está colaborando en este operativo con sus inspectores, que son los que van a custodiar esos expedientes, según la consellera.
El cierre de las clínicas iDental ha afectado a miles de pacientes en 24 ciudades españolas, tantas como sedes tenía la empresa, hasta el punto de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata decidió asumir la investigación por el presunto fraude.
Lo hizo por el "volumen extraordinario de la causa", la existencia "de miles o decenas de miles de perjudicados" repartidos por toda España y la existencia de una compleja estructura societaria y de financiación.
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