El pasado 25 de mayo el juzgado de lo contencioso-administrativo número 29 de Madrid emitió un fallo histórico: un juez dio la razón a un inquilino del Ivima (Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid) en Navalcarnero (Madrid) cuya Vivienda de Protección Oficial (VPO) fue vendida a Goldman Sachs en 2013, anulando de paso la enajenación a este -denominado fondo buitre de otras 2.935 VPO como la del denunciante repartidas en 32 promociones. Con inquilinos dentro que denuncian tanto que se les sube el alquiler indiscriminadamente como que se les expulsa de sus domicilios.

La sentencia aún no es firme y supone un revés para el anterior gobierno autonómico de Ignacio González (investigado por la trama de corrupción Lezo) e indirectamente para el de la ex alcaldesa Ana Botella, que hizo lo propio al vender 2.000 viviendas sociales de la Empresa de la Vivienda (EMVS) a Blackstone. De confirmarse el veredicto por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la compra por la que Goldman Sachs desembolsó 211 millones de euros quedaría anulada, y el mismo camino podrían seguir las VPO del Ayuntamiento de Madrid.

Centenares de vecinos han venido denunciando que los fondos les suben el alquiler o les echan

El fallo sin embargo ha sido recurrido ante el TSJM por la Comunidad de Madrid que preside Ángel Garrido y al escrito del recurso ha tenido acceso El Independiente: en el informe de 18 páginas se defiende continuamente la “legitimidad” de la operación basada en una “decisión política legítima”. “La reducción del patrimonio público se ampara no en un mero capricho, sino en argumentos sólidos ligados al ahorro de costes que tanto reclama la ciudadanía a las Administraciones y a la mejor eficacia en la gestión”, reza el documento.

Sobre esta idea redunda el equipo jurídico de Garrido, sucesor de la dimisionaria Cristina Cifuentes. “Resulta preciso tener en cuenta que la calificación de las viviendas como de protección pública no se ve alterada por la titularidad de las mismas”, reza el recurso. Es una frase cuestionable, ya que centenares de inquilinos han venido denunciando en los últimos años que los fondos tratan de modificar las condiciones con las que firmaron en su momento el arrendamiento, como la opción de compra.

Se optó por encontrar el activo que tuviera una mayor rentabilidad”, dice el Gobierno regional

Pero la bomba viene en un párrafo más adelante. “Ante la necesidad de obtener la liquidez necesaria para mantener el funcionamiento normal del Ivima en una situación de restricción del crédito”, dice el gobierno, “se optó por encontrar el activo que tuviera una mayor rentabilidad y las menores desventajas posibles en beneficio del interés público”. Según el recurso, “debe recordarse nuevamente que la enajenación de las viviendas no afectaba para nada a la preservación de los derechos de los inquilinos”.

En otro apartado, la Comunidad de Madrid reconoce que los inquilinos tienen derecho a denunciar la situación. “El arrendatario de una vivienda de titularidad pública transmitida a una empresa privada está legitimado para impugnar la enajenación. Pero lógicamente los efectos de impugnar esa enajenación deben quedar limitados a su vivienda”, apunta el recurso en referencia al denunciante. “Sin que por tanto y en ningún caso se pueda anular la enajenación de las 32 promociones”.

El recurso insiste después: “Reiteramos no declarar la nulidad de negocios realizados por terceros de buena fe no llamados al proceso”.

El equipo de Garrido cree que el fallo debería limitarse a un inquilino y no a miles

El Gobierno regional se muestra incluso desafiante con las decisiones judiciales: “Si la legitimación reconocida al demandante afecta a las casi 3000 viviendas”, objeta, “no se entiende la razón por la cual ni este juzgado en dos ocasiones ni el TSJM, ni el Tribunal Supremo no han emplazado a todos aquellos ocupantes de las viviendas que han sido afectados por los efectos del procedimiento”.

“La decisión de enajenar las viviendas fue el resultado de un análisis previo de las alternativas, de manera que la opción elegida no fue ni
fruto del azar, ni carente de justificación, tal y como viene a apuntar la sentencia”, protesta la asesoría jurídica de Garrido. El fallo del juzgado de lo Contencioso destaca que la enajenación de VPO se produjo “sin ningún tipo de informe o análisis complementarios de carácter técnico, económico, financiero y legal”. “No se ofrece ni justifica la razón o el porqué dejan de ser necesarias dichas promociones”, señaló el magistrado en mayo.

Goldman Sachs teme públicamente el daño a su “negocio” y a su “reputación” si pierde

La sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia tardará todavía unos meses en llegar. Por su parte, el abogado del demandante ha pedido al TSJM que declare “improcedentes” los recientes documentos aportados por el equipo jurídico de la Comunidad como pruebas al haber tenido tiempo de hacerlo en instancias anteriores y no ajustarse a la legalidad vigente.

Un veredicto en contra resultaría fatal para los intereses y la imagen de Goldman Sachs. En la sucursal española de esta sociedad hay temor a las consecuencias del posible fallo: en su memoria de 2017, el fondo advierte del “daño” a su “negocio” y a su “reputación” si se revierte la adjudicación de 3.000 viviendas del Ivima.