En mayo de 2017 nacieron los juzgados especializados en cláusulas suelo en medio de críticas de las principales asociaciones de magistrados. Y un año y tres meses después, las críticas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suenan todavía más fuerte. “En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos dicen que solo con la cascada de demandas que ha entrado y al ritmo que se trabaja tienen tareas para los próximos siete años”, señala Jesús Gómez Esteban, magistrado del Juzgado de lo Social Número 20 de Barcelona y dirigente de la asociación Francisco de Vitoria.

Los 54 juzgados especializados -uno por cada capital de provincia- están saturados, según todas las fuentes consultadas pertenecientes a colectivos de magistrados y sindicatos de justicia.  En Valladolid Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado el “colapso” y en Zamora dos magistradas asumen semanalmente una carga de 35 audiencias y juicios.

La sentencia, dentro de un año

En toda Extremadura las denuncias relacionadas con las cláusulas suelo se han disparado un 125% en lo que va de año; en Málaga se han dictado unas 600 sentencias hasta ahora y se prevé una excesiva acumulación de 10.000 demandas al final del año: José María Páez, juez decano de Málaga, ha pedido un refuerzo de 10 magistrados más; el juzgado de Salamanca está señalando juicios para dentro de un año…

“Si las ciudades pequeñas y medianas están colapsadas, imagina las grandes como Barcelona o Madrid”, lamenta José María Asencio, juez de de Primera Instancia e Instrucción 1 de Mollet del Vallés (Barcelona) y miembro de Jueces para la Democracia. El juzgado 101 bis de Madrid absorbió el primer año nada menos que 45.654 demandas, según publicó en mayo El Confidencial.

“Imagina Barcelona o Madrid”

Nada es igual en la justicia española desde la histórica sentencia del 21 de diciembre de 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) según la cual la banca tenía que devolver lo cobrado en concepto de cláusulas suelo: una especie de recargo que las entidades financieras cobraban al cliente en caso de bajar el Euríbor. El veredicto comunitario fue ratificado dos meses después por el Tribunal Supremo, para desesperación de la gran banca, expuesta a la devolución de miles de millones de euros.

“Cuando nos llegó la orden del Consejo General del Poder Judicial intentamos equilibrar la carga de trabajo con el denominado sistema de exención del reparto“, relata Joaquín Elías Gadea, juez decano de Tarragona. “Se trataba de quitar carga a quien lidiara con las cláusulas suelo. Al poco vimos que esto no funcionaba y que las demandas no dejaban de entrar, así que creamos una exención total, es decir, que hubiera magistrados dedicados en exclusiva. Continuábamos desbordados y nos llegó un juez de refuerzo. Y seguimos saturados. Al final hemos pedido en Sala de Gobierno que se cree un juzgado solo para cláusulas suelo en la Comarca de Tierras del Ebro”. Gadea pertenece a la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Exención de trabajo

Supuestamente para evitar el colapso, el CGPJ se movilizó la primavera de 2017. Pero su movimiento irritó al mundo judicial: el Consejo endosó a las nuevas promociones de jueces que acababan de opositar exitosamente destino de prácticas en los tribunales especializados. Concretamente a la Promoción 67, que acaba de ser relevada por la número 68, siempre por imperativo del CGPJ.

“Es intolerable”, protesta Asencio, “que se condene al anquilosamiento jurídico a los jueces nóveles”. Se trata, repiten las asociaciones, de juzgados sin ningún desafío profesional donde las sentencias se repiten y la jurisprudencia es clara. Más del 98% de demandas por cláusulas suelo han fallado de manera favorable a los clientes de los bancos, de acuerdo con las escasas informaciones facilitadas por el CGPJ.

Ya estaban saturados

“No entiendo por qué se crearon estos juzgados”, se pregunta Gómez Esteban, de la Francisco de Vitoria. “Yo ya no daba abasto dedicándome a la Sala de lo Social con la crisis, despidos, etcétera. No hay una justificación tajante”. Y es que los juzgados ya estaban colapsados antes de que el TJUE pusiera todo patas arriba con un fallo demoledor.