Una mesa de un juzgado de Cataluña atestada de documentos, esta semana.

Una mesa de un juzgado de Cataluña atestada de documentos, esta semana. EL INDEPENDIENTE

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Colapsados, los juzgados dicen basta

Economía

Colapsados, los juzgados dicen basta

Información judicial todos los días: la causa del procès catalán contra el Govern, la Mesa del Parlament y los Jordis, un magistrado que sustituye al fallecido Maza en la Fiscalía General, Lezo, Púnica, Bárcenas, Ausbanc y Manos Limpias, cláusulas suelo… la lista de casos es interminable, con los periodistas prácticamente acampando en la Plaza del Marqués de la Ensenada de Madrid, donde se encuentran el Supremo, la Audiencia Nacional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La Justicia con sus más y sus menos avanza vista desde fuera. Pero desde dentro, una rebelión está marcha en los juzgados de todo el país.

Este martes 27 de noviembre se dirime ante la Audiencia Nacional el último paso de una demanda colectiva de las cuatro asociaciones judiciales relacionada con las cargas de trabajo: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente, a las que están afiliados algo menos del 50% del total de magistrados (algo más de 5.500). Las cuatro se enfrentan al CGPJ, con el que llevan litigando desde 2010 para que, en resumidas cuentas, éste establezca qué mínimo de tareas tiene que cumplir un juez en España. Un limbo directamente relacionado «con el colapso del 43% de los juzgados del país» por la falta de medios e inversión, estima Carlos Preciado, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y representante de JpD en Prevención de Riesgos Laborales.

Una rebelión está en marcha en los juzgados, el 43% de los cuales está colapsado

Desbordados, los jueces dicen basta. «Resolver casos no es hacer churros», denuncia Joaquín Bonfill Garcís, responsable de la Sección de Prevención de Riesgos Laborales de la APM y magistrado del Juzgado de lo Social Número 1 de Tortosa (Tarragona). «Las sentencias pueden ser fáciles o complejas. Y como no tenemos una carga de trabajo fija, llegas a tu juzgado, cuando te echan te vas y de ahí te llevas el trabajo a casa porque tienes que terminarlo sí o sí. ¿Queremos una Justicia con los jueces así de saturados?».

«No es hacer churros»

Este medio ha tenido acceso a un documento de trabajo fechado en 2017 sobre «cargas de trabajo a efectos de salud» de Juezas y Jueces por la Democracia. El informe asegura que un magistrado llega a una «carga máxima de trabajo» cuando cubre «entre el 90% y el 100% de su tiempo de dedicación (módulo de salida)». Módulo de salida viene a querer decir algo así como el número de sentencias que un juez dictamina: la carga máxima se produciría al llegar al 100% de los baremos fijados (en los que influyen muchos factores, como el número de casos que entran en un juzgado, medios, destino, etc.).

A partir de entre el 90% y 100% de carga de trabajo hay riesgo de estrés psicosocial

De alcanzar esos porcentajes, continúa el documento de trabajo, las asociaciones reclaman al Consejo una «adecuada protección de su salud». Porque el magistrado podría sufrir «factores de riesgo psicosocial», según el plan de prevención de riesgos laborales de la Carrera Judicial. Y JpD presenta en los anexos un estudio que revela que más de uno de cada cinco juzgados en España llega a una carga de trabajo del 150%.

Por órganos, el 73,69% de los 688 juzgados de Primera Instancia padecen esa sobrecarga del 150%, reza el estudio. Es el juzgado que peor parado sale, seguido del 57,81% de los de lo Mercantil, 37 de 64 en total. Los juzgados de lo Social y de lo Penal con ese porcentaje extremo solo son el 7,62% y el 7,40% respectivamente. Más del 42% de los juzgados de Familia están igualmente saturados, al igual que los de Vigilancia Penitenciaria (20%).

Más del 20% de los juzgados españoles vive una sobrecarga laboral del 150%

Otros, en contraste, no llegan a la cifra maldita del 150% que delata una carga laboral excesiva. Los juzgados de Violencia contra la Mujer, de Instrucción y de Menores sortean de momento estas lacras estadísticas. «Hemos detectado muchas jornadas de trabajo de más de 60 horas», lamenta Carlos Preciado, de JpD. La crisis recortó drásticamente a partir de 2011 las plazas convocadas en la oposición judicial, llegándose a anular varias convocatorias.

Madrid, los juzgados más saturados

Todos los jueces consultados denostan el sistema llamado «mapa de riesgo y alertas» con el que trabaja del CGPJ. «En lugar de adoptar medidas preventivas estructurales, el Consejo ha lanzado planes de emergencia que han fracasado, como los juzgados especializados para las cláusulas suelo. Para alegría de la banca, claro», señala Preciado. «¿Por qué no se crearon con los desahucios, por qué no con los despidos en lo peor de la crisis?»

En lugar de medidas preventivas se crean chapuzas de emergencia. Como en las cláusulas suelo»

Por territorios, los juzgados más sobrecargados son los de la Comunidad de Madrid: el 30% de estos organismos madrileños tiene una carga de trabajo estimada en el 150%, esto es, excesiva. Casi uno de cada tres. Después va la Comunidad Valenciana con el 28,3%, Andalucía (24%) y la cuarta Cataluña (15,8%).

Un año para resolver juicios

En el recuerdo queda la repentina muerte del juez Ángel Luis del Olmo, de 58 años, titular del Juzgado de lo Social número 25 de Madrid, que cayó desplomado en julio de 2013 cuando salía del ascensor, camino de su despacho. O la decisión del TSJ de Andalucía el pasado 13 de septiembre de obligar a los jueces de lo Social de Sevilla a asumir los juicios de una compañera a la que el propio Alto Tribunal autonómico ha enviado a la Audiencia de Sevilla para reforzar el inminente macrojuicio sobre los ERE. Los magistrados sevillanos protestaron porque, sin refuerzos extra, tocarán a 1.540 procedimientos al año por cabeza. El 200% del módulo de cargas de trabajo.

«Antes de la crisis, mi juzgado resolvía los casos en dos o tres meses», evoca Jesús Gómez Esteban, Magistrado del Juzgado de lo Social Número 20 de Barcelona y dirigente de la asociación Francisco de Vitoria. «Ahora la media se va al año. Un año hasta que te señalan el juicio o en lo que resuelven tu incapacidad permanente. No me es indiferente el hecho de ver a la ciudadanía esperar tanto», razona.

Desde 2011 tampoco se han abierto juzgados en España, aunque el Gobierno acaba de anunciar que creará -vía Real Decreto- hasta 93 nuevas unidades en los próximos años. En diciembre de 2015 había 650.000 causas acumuladas en los tribunales. Ahora son más. En los círculos sindicales ya se habla de convocar una huelga total si la situación no mejora.

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